En Banda del Río Salí, los ediles vinculados al jaldismo no tienen dudas: el operativo que se realizó por haber autorizado una flexibilización parcial de los decretos de la Nación y de la Provincia tuvo cierto trasfondo político. Así lo hizo saber el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Radín, quien está interinamente a cargo de la Intendencia (Darío Monteros transita un cuadro de covid-19). “Sin dudas que todo esto se debió a la interna política, no hay otra lectura”, insistió el concejal en diálogo con LA GACETA, en referencia a la disputa política entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Las expresiones de Radín surgieron luego de que se conociera que el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, decretó flexibilizaciones que van más allá de lo autorizado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Por ejemplo, que la gastronomía atienda al público hasta las 22 (el COE habilita hasta las 19); un aforo en los locales de hasta el 30% (sólo permite al aire libre); la circulación nocturna hasta las 22.30 (hasta las 19) ; o la práctica de deportes de hasta cuatro personas.
El bandeño subrayó que, a diferencia de lo que sucedió en Banda del Río Salí, en la “Ciudad Jardín” no hubo ningún operativo del Ministerio Público Fiscal (MPF). “Es prácticamente lo mismo. Ya habíamos denunciado el viernes que en otras ciudades, como Capital, Yerba Buena o Tafí Viejo, atendían negocios no esenciales y nadie fue a hacer un operativo ni a decirles que debían cerrar. Nosotros nos hemos sentido discriminados. Lo que están haciendo algunos municipios nos está dando la razón y estamos más tranquilos”, dijo. Agregó que la decisión se tomó porque muchas familias bandeñas viven de negocios no esenciales y estar cerrados tantos días impactaría en su sustento.
El legislador manzurista Gerónimo Vargas Aignasse, que ya se había expresado crítico con los ediles, cuestionó la determinación de Campero; incluso, lo comparó con lo sucedido en el este. “Lo de Yerba Buena va en contra de una ley, en contra de un decreto. Es exactamente la misma situación de Banda del Río Salí. Son absolutamente nulas esas resoluciones de flexibilización que han emitido”, dijo en diálogo con LA GACETA PLAY.
En contra del fiscal
Radín apuntó contra la Unidad de Decisión Temprana (UDT), encabezada por Marcelo Leguizamón. Consideró que el fiscal no respetó la autonomía municipal, y criticó que se haya citado a seis ediles sin notificarles el motivo y bajo advertencia de ser llevado por la fuerza pública si no respondían. “Él nunca nos atendió. Habló con nuestro abogado, por una propuesta de conciliación. Dijimos que estábamos dispuestos, siempre que se exprese que respeta la autonomía municipal. Leímos el acta, la firmamos, pero el fiscal nunca nos atendió cara a cara”, afirmó el edil.
LA GACETA intentó comunicarse con Leguizamón por teléfono y mensajes, pero no obtuvo respuestas.
El lunes, el MPF emitió un comunicado indicando que “se resolvió la situación” con los concejales, y que a partir de ahora trabajarían de modo coordinado. Previamente, los ediles Radín, Julio Rocha, Mario Aguirre, Miryan Soraire, Jorge Flores y Miguel Ángel Diosquez presentaron un pedido de juicio político contra el fiscal por presunto abuso de autoridad. El intendente interino aseguró a este diario que avanzarán con esta determinación. “Seguramente la vamos a ratificar”, dijo. De ser así, la comisión -con mayoría jaldista- deberá evaluar si da curso o no al pedido de los concejales.
Sin señales
La polémica desatada en el distrito más populoso del este volvió a sacar a la luz la interna que existe entre el manzurismo y el jaldismo, próxima a cumplir dos meses. A pesar de la delicada situación sanitaria que atraviesa la provincia, los dirigentes volvieron a lanzarse dardos políticos. Es que todo quedó desacomodado, incómodo y tenso dentro el peronismo desde el 8 de marzo, pero nada volverá a su lugar hasta que el “Uno” y el “Dos” dialoguen. Pero esa posibilidad se mantiene alejada, incluso en el momento más crítico de la pandemia. Ambos apuestan por la gestión y por responder con ayudas a los sectores afectados, pero por carriles paralelos.
En rueda de prensa, ante una consulta de este diario, Jaldo reconoció que a pesar del contexto no tiene contacto con Manzur. “Todavía no hemos conversado. Cada uno está ocupado en sus funciones. Él en la tarea del Ejecutivo y yo en la tarea del Legislativo”, dijo escuetamente.
Uno de los escollos más grandes por resolver -además de la falta de confianza- son los de los 1.138 contratos que se dieron de baja en la Cámara al bloque Lealtad Peronista. La bancada intentó sin éxito avanzar por la vía administrativa, y en las últimas horas enviaron al vicegobernador una carta documento para intimarlo a que responda la nota por la que solicitan que se reintegren a los trabajadores.
