18 Mayo 2021
TRIBUNALES PENALES. Foto Archivo LA GACETA / Antonio Ferroni
El cacique de El Nogalito, Manuel Joaquín Pérez, cuestionó la decisión de la jueza penal Wendy Adela Kassar de haberlo sentenciado ayer a dos años de prisión, tras haberlo declarado responsable por el delito de amenazas, en el marco de un conflicto por una propiedad con el sacerdote Walter Enrique Mansilla.
"Hubo un favoritismo de la jueza; no miró y no escuchó lo que dijimos. Fue con la idea de condenarnos", rechazó el cacique.
Ayer, la sala 1 de la Cámara Penal Conclusional dictó las penas en contra de Pérez y de María Isabel Maturano.
Según el informe de la Justicia provincial, los hechos juzgados tuvieron lugar el 1 de julio de 2015, en Los Nogalitos, Famaillá. En el debate oral se dio por probado que Pérez y Maturano, miembros de la comunidad indígena del lugar, habían amenazado y atacado a golpes de puño al sacerdote Mansilla, quien estaba observando junto a otras personas las medidas de inspección que llevaba adelante el Juzgado de Paz de esa jurisdicción.
En Tribunales, Pérez fue considerado autor penalmente responsable del delito de amenazas, mientras que Maturano fue condenada por los delitos de amenazas y lesiones. Además, la jueza Kassar dispuso que se mantenga la prohibición de acercamiento en favor de la víctima de la causa.
La lectura de los fundamento de las sentencias tendrá lugar mañana al mediodía. De todos modos, Pérez anticipó a este diario que apelará la decisión de la magistrada.
"Hemos sido condenados sin prueba alguna, sólo por cuestiones de racismo y por su condición religiosa la jueza se puso a la par del cura Mansilla", sostuvo el cacique de El Nogalito.
Además, cuestionó que "el sacerdote aduce ser propietario de 250 hectáreas (de la zona) pero nunca vivió en nuestra comunidad".
"La jueza Wendy Kassar odia nuestra raza indígena, tal como quedó demostrado en este juicio. El Ministerio Público Fiscal nos absolvió por falta de pruebas, y ella no podía dictar una condena, sino que tenía que absolver. Ha desconocido que el dueño de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal", aseguró Pérez.
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