Urge especificar la tarea de los vigías municipales

Varios municipios acudieron a la creación de cuerpos propios de vigías para proteger a los ciudadanos en el marco de la declarada Emergencia en Seguridad. Estos llevan ya casi una década recorriendo las calles y siendo colaboradores de la Policía en cuanto a la prevención del delito. Sin embargo, un hecho ocurrido recientemente puso sobre el tapete la discusión acerca de qué pueden hacer estos guardias municipales, cuáles son sus límites y por qué no se reglamenta la ley que regularía la actividad.

El debate se reavivó 10 días atrás, cuando se realizó una audiencia judicial con el fin de convalidar las aprehensiones de dos acusados -uno mayor y otro menor de edad- de haber hurtado una bicicleta en Yerba Buena. El video de ese hecho se había viralizado y miembros de la Guardia Urbana Municipal los detuvieron días después. Pero la defensora oficial y la defensora de la Niñez que intervinieron en la causa consideraron que el procedimiento de los vigías había sido ilegal ya que no tienen facultades para hacer arrestos. El juez Federico Moeykens les dio la razón. “No hay que confundir a la sociedad. Una persona que tenga uniforme camuflado, que tenga elementos de disuasión, no puede ejercer el derecho de Policía y tampoco en esta provincia se le delegó el poder para que lo haga. La ciudadanía tiene que entenderlo. Ellos, legalmente son civiles, y las aprehensiones civiles pueden desarrollarse únicamente en casos de flagrancia. Es peligroso hacer creer otra cosa. Los acusados fueron detenidos más de 24 horas después de haberse producido el hecho, sin la autorización de un juez competente, por lo que es ilegal”, argumentó el magistrado.

Esa postura derivó en una discusión con el fiscal Diego López Ávila, quien le advirtió que con esa decisión estaba “generando un antecedente muy grave. No podemos dejar de tener en cuenta que son varias las actuaciones que realizaron los vigías de ciudades de Yerba Buena, Banda del Río Salí, Tafí Viejo y Alderetes, entre otras, y que nunca se observó las aprehensiones que se realizaron”.

El tenso cruce entre ambos funcionarios judiciales no debió haber existido, como tampoco debió haber existido el año pasado el caluroso debate acerca de si los vigías podían o no portar armas eléctricas, pues la Legislatura sancionó en 2018 la Ley 9.144 que tenía como fin regularizar los cuerpos de empleados municipales que realizaban prevención del delito en todo el territorio de la provincia. La norma establece que los vigías pasarían a trabajar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Para ello, los intendentes debían adherirse aprobando una ordenanza. Si lo hacían, la Policía se encargaría de evaluarlos y, en caso de ser aceptados, capacitarlos para que puedan salir a las calles. El Gobierno provincial se haría cargo de los salarios del personal que cumpliese con estas funciones y además se encargaría de dotarlos de equipos, móviles y tecnología. Pero lo más importante es que en la Policía se fijarían las líneas de trabajo a seguir. Sin embargo, tres años después, la ley no ha sido reglamentada.

En un informe publicado por este diario, siete legisladores de distintos signos políticos opinaron al respecto. Todos coincidieron en que los vigías son necesarios debido a la creciente inseguridad que padece la provincia y en que el Gobierno debe reglamentar la normativa para imprimirle un marco legal a la tarea que desempeñan.

De gran ayuda sería, además de la reglamentación, que representantes del Poder Judicial, de la Policía, del Ministerio de Seguridad y de los distintos municipios puedan sentarse a debatir, de una vez, cuál debe ser la tarea de los vigías y unificar una política al respecto. Que puedan evaluar y elaborar estrategias tendientes a que la colaboración de estos guardias municipales sea lo más valiosa posible. En síntesis, que puedan definir cuáles son los límites de cada uno y poner a los ciudadanos al tanto de lo resuelto.