El crimen de Paulina Lebbos: la trama secreta de las maniobras de encubrimiento - LA GACETA Tucumán

El crimen de Paulina Lebbos: la trama secreta de las maniobras de encubrimiento

26 Feb 2021 Por Gustavo Rodríguez

“El plan concertado por los imputados, insisto, tuvo como objeto atribuir a la Policía de Tucumán el hallazgo del cuerpo de Paulina Alejandra Lebbos, con pleno conocimiento de que ello entorpecería la investigación del homicidio de la misma. Y vaya si tuvo éxito, dado que trece (13) años después de su muerte, aún no es posible determinar quiénes fueron los responsables de esa trágica muerte”, fundamentó en marzo de 2019 el juez Carlos Caramuti, con el consentimiento de sus pares Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, al confirmar la condena en contra del ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y abrió la puerta para que se investigue a otros ex funcionarios, entre ellos, el ex gobernador José Jorge Alperovich.

Siempre se pensó que la trama de encubrimiento del crimen de la joven comenzó a montarse el 11 de marzo, el día en el que se halló el cuerpo. Pero no fue así. En realidad, las situaciones extrañas comenzaron a producirse el 26 de febrero de 2006, el día que se produjo el hecho del que hoy se cumplen 15 años. Luego de que Alberto Lebbos realizara la denuncia en la ex Brigada de Investigaciones, en una casa de Raco se desarrollaba una misteriosa reunión. En la vivienda de su familia política, Di Lella recibió a Sánchez y al comisario de Raco, Enrique García. El encuentro que se produjo horas después de que el subjefe de Policía Barrera intentara comunicarse con Sergio Kaleñuk, uno de los sospechosos de haber cometido el crimen de la estudiante.

DETENIDO. Eduardo di Lella, por problemas de salud y por un fallo de la Corte, nunca quedó tras las rejas.

Los acusados, durante las audiencias, confirmaron su presencia en Raco, pero dijeron que no hubo ninguna reunión, sino que estuvieron ahí para participar de una reunión social en el Club de Veraneantes, a la que fueron invitados. Cuando se refirieron a ese encuentro, indicaron que hasta se sentaron en mesas separadas. Pero esa coartada se derrumbó rápidamente. Las autoridades del club desmintieron haber realizado una reunión de esas características para esa fecha. El fiscal Diego López Ávila comprobó además que esos encuentros estaban reservados únicamente para los socios, por lo que era prácticamente imposible que hayan participado miembros de la fuerza policial. Por último, el testimonio de Arturo Polli, chofer de Sánchez, fue esclarecedor. No sólo no ratificó los dichos de su superior, sino que dejó en claro que no tenía la más mínima idea de cómo se llegaba a ese centro turístico.

El hallazgo

En el hallazgo del cuerpo de la joven estudiante hubo una realidad y una gran mentira. Sergio y Marcelo Goitea, dos lugareños que trabajaban en la zona, se dirigían a su casa por la ruta 341 que lleva a Raco. Al llegar al lugar conocido como “La Yesera”, descubrieron un cuerpo. Espantados, se dirigieron hasta la casa de Waldino Rodríguez, un policía retirado que vivía en la zona, para contarle lo que había pasado. El ex uniformado, que había prestado servicio en Raco, le avisó al subcomisario García, jefe de la dependencia policial. Se trasladó hasta el lugar y, después de confirmar la versión, avisó a sus superiores. Después, los jóvenes fueron amenazados para que no contaran nada de lo sucedido. Eso fue lo que realmente sucedió.

COMPLICADO. Nicolás Barrera fue señalado como uno de los responsables de evitar que se esclareciera el crimen.

Pero a partir de ahí comenzó a escribirse otra historia. La de la Policía, que estuvo plagada de falsedades que permitieron entender que se había montado todo un mecanismo para evitar que se supiera la verdad. En primer lugar, los responsables dijeron que el hallazgo se había producido por los “intensos rastrillajes” que realizó el personal de la comisaría de Raco. Y realizaron esa tarea, según escribieron en un acta, después de haber recibido una orden de tener “mayor protagonismo” en la búsqueda de la joven en los lugares que por “la intuición” de García eran propicios para ocultar un cuerpo.

Esta situación generó un gran interrogante: ¿sabían los responsables de la fuerza que habían arrojado en esa zona el cuerpo de Paulina? A 15 años del hecho, esa pregunta no tiene respuesta, aunque sí generó muchas sospechas. “No puedo dejar de señalar que me llama muchísimo la atención la terminología utilizada, la que parece dar de algún modo por supuesto que Paulina ya se hallaba sin vida y, especialmente, que su cuerpo estaría depositado en algún lugar distinto al de su fallecimiento”, dijo el juez Caramuti.

El lunes 13 de marzo se confirmó oficialmente que el cuerpo hallado era el de la víctima. Sin embargo, el mismo sábado 11, los responsables de la fuerza daban cuenta de que el cadáver era de Paulina. Los acusados negaron esa posibilidad, pero ninguno pudo explicar si los funcionarios más importantes del área de Seguridad concurrían a todos los lugares donde se producía el hallazgo de un cuerpo. Otro dato: la fiscala Adriana Reynoso Cuello, que estaba de turno ese día, declaró que, como establecen las normas, la Policía les confirmó que el cuerpo hallado era el de Paulina y, por ese motivo, ella no intervino, sino que lo hizo el fiscal Alejandro Noguera, que estaba el frente de la investigación de la desaparición de la estudiante.

El juez Caramuti explicó detalladamente este punto. Dijo que los imputados durante la audiencia trataron de negar, desde un inicio, que ellos fueron hasta el lugar del hallazgo del cuerpo porque sabían que se trataba de Paulina y no de otro. “Insisto, no solo lo hicieron el sábado 11, sino el domingo 12, porque tenían que encargarse de adulterar el acta que iba a entorpecer la investigación del homicidio de la víctima desde el inicio de la misma. De no ser así, ¿por qué negar una cosa tan sencilla como el conocimiento de la identidad del cadáver, cuando era justamente eso lo esperable en esos días, conforme al sentido común y la sana crítica?”, razonó el magistrado.

EL “TIPEADOR”. Héctor Brito dijo que lo único que hizo es plasmar en el acta lo que le dictaba Enrique García.

Las maniobras

Para el tribunal que llevó adelante la investigación del caso, fueron al menos siete las maniobras que desarrollaron para entorpecer la investigación. Ellas son:

1- García, el mismo que había participado en la misteriosa reunión realizada en la casa de Di Lella, intervino en el hecho, sabiendo que no le correspondía porque no era de su jurisdicción. Entonces, el caso quedó en manos de los sospechosos.

2- Di Lella, Sánchez y Barrera, antes de que llegara el fiscal Noguera, acordaron falsificar el acta con la que se documentó el hallazgo del cuerpo. Fue Brito el que ejecutó la orden, quedándose toda la noche redactando el documento donde dejaron por escrito las numerosas irregularidades que habrían cometido. Según se probó en el juicio, el ex jefe de la Unidad Regional Norte se quedó toda la noche en la comisaría de Raco “tipeando” lo que le dictaban García y Yapura sobre la tarea que realizaron. “Es sumamente sospechoso que un inferior le dicte a un superior lo que deba escribir”, razonaron los jueces.

3- El 11 de marzo, el fotógrafo Fabián Toledo y el planimetrista Jorge Marcelo Mazuy, peritos de la Policía, se trasladaron a Raco para realizar pericias en una vivienda que había sufrido un robo. García, al enterarse de que estaban por ahí, les ordenó que fueran al lugar del hallazgo para realizar su tarea. Sin embargo, al llegar el jefe de Policía, Sánchez, les ordenó que se retiraran y que destruyeran todo lo que habían hecho hasta el momento.

4- No se preservó la escena del hecho. Decenas de personas caminaron el lugar sin que nadie lo evitara. No sólo podrían haber arruinado pruebas, sino que además podrían haber modificado el sitio del hallazgo. Además, nadie a ciencia cierta puede saber qué sucedió durante la noche, ya que el cadáver quedó a cargo de los hombres que luego fueron condenados por las irregularidades que cometieron.

5- No se levantaron todas las muestras que había en el lugar para ser estudiadas como posibles evidencias.

6- El subjefe Barrera ordenó a Brito que adjudicara el hallazgo del cuerpo a los efectivos policiales de Raco y no a los hermanos Goitea. En ese sentido, el ex jefe de la Unidad Regional Norte le ordenó al oficial Francisco Picón que realizara actuaciones complementarias para ratificar esa acta. Este último debió renunciar como subjefe de Policía cuando se confirmó que quedaría procesado en la causa.

7- Di Lella intentó retirar el cuerpo sin la autorización judicial. “¿Que sos boludo vos? Aquí el que da las órdenes soy yo”, le dijo el fiscal Noguera al ex secretario de Seguridad, cuando se enteró de lo que tenía pensado hacer.

El final

En el juicio comenzaban a ventilarse las sospechas en contra de los uniformados; pero por un insólito hecho todo comenzó a cambiar en contra de los acusados. Sánchez quedó detenido por haber amenazado a un testigo de la causa. El mal accionar de los hombres de la fuerza quedó en evidencia. ¡Y en la misma audiencia!

Fernando Vázquez Carranza comenzó a declarar un lunes de abril. Lo habían citado como testigo para que hablara sobre la tarea que había realizado en el lugar del hallazgo del cuerpo. Pero, ante sus inconsistencias y contradicciones, lo consultaron sobre posibles amenazas. Así, en medio del debate, denunció que Eduardo Andrada Barone, defensor de Sánchez, le había enviado mensajes amenazantes durante el fin de semana. “Doctor, soy el doctor Andrada Barone, amigo de ‘El Niño’, ahí le paso un resumen de lo que dijo Daniel Diaz, por entonces, año 2006, jefe de Criminalística de la Unidad Regional Norte, para que usted no vaya crudo de lo que le puedan preguntar”, decía el mensaje.

“El Niño” es el apodo con el que se conoce a Humberto Gómez, ex integrante del grupo de tareas “Comando Atila” y uno de los condenados por el asesinato de Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2009. “El Niño”, además, era el cuñado de Sánchez. Andrada Barone reconoció ser el autor de ese mensaje, pero negó haberlo amenazado.

Al tribunal no le tembló el pulso a la hora de actuar. Ordenó la detención del ex jefe de Policía al entender que él estaba al tanto de la situación y separó del juicio al profesional. Hasta el día de hoy muchos se preguntan qué hubiera pasado si no se registraba esta amenaza. Pero más allá de las especulaciones, el tribunal decidió condenar a Di Lella y a Sánchez a seis años de prisión, a Barrera y a Brito a cinco por encubrimiento y a Rodríguez a cuatro, de manera condicional.

El ex secretario de Seguridad no estuvo ni un día tras las rejas, ya que después de escuchar la sentencia se enfermó y, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, no comenzó a cumplir la condena, situación que debería replantearse con el fallo del lunes del máximo tribunal. A Sánchez, Barrera y Brito; en distintos tiempos, se les otorgó el arresto domiciliario. Rodríguez, en cambio, cumplió con la tarea comunitaria que le dieron y actualmente se dedica a la cría de ganado en Ticucho, Tapia.

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