Panorama Tucumano: Pocos meses para mejorar

El Gobierno provincial sólo tiene el primer semestre para trabajar en una carta de presentación adecuada para plebiscitar su gestión en los comicios de octubre, siempre y cuando no haya PASO en agosto. En virtud de los problemas a encarar, y para brindar una respuesta que satisfaga a los ciudadanos que votarán, no tiene demasiado margen de acción ni de tiempo para mejorar el cuadro de situación. Está acotado y el combo es grande. Debe reducir los niveles de pobreza (más del 40% en la provincia) y de indigencia (que bordea el 8%), enfrentar las negociaciones paritarias con los estatales y salir airoso de las discusiones salariales (la familia estatal es grande, y sufraga, más allá de que la dirigencia gremial pueda mostrar alguna simpatía por el gobierno peronista). También debe preocuparse, y en demasía, por mejorar la calidad institucional, porque si bien no es un bien de primera necesidad en la lista de las urgencias ciudadanas, existe una amplia franja social atenta y que objeta el usufructo indebido de las instituciones por parte quienes las conducen. No es un aspecto que vaya a saciar los estómagos, pero calma los espíritus de quienes se preocupan por el buen funcionamiento de los organismos republicanos.

Otro elemento, esencial, que se suma a la larga nómina de cuestiones a acometer por el Gobierno es el de la seguridad pública, el talón de Aquiles de la gestión, siempre. Según un informe de diciembre de la consultora Meraki, el principal problema que perciben los tucumanos es el de la inseguridad, lo que fue una constante durante 2020: aparece a la cabeza del muestreo, con un 37,7%, seguido por la corrupción, 19,5%, y después por la desocupación: 15,6%. El PE no sólo debe enfrentar el drama de la inseguridad sino hacerlo de manera efectiva para que se traduzca en hechos, y aunque es muy poco el tiempo que tiene hasta las elecciones de medio término, debe poner sobre la mesa un programa de acción que sea creíble.

Porque la oposición ha hecho de esta materia una bandera de lucha, y el tiempo electoral le añadirá un condimento especial a la forma en la que se actúe en cuanto a la seguridad. Es el flanco débil. Algunos partidos han trabajado bien representando convenientemente la demanda ciudadana. Si es por sufragios -aunque por su trascendencia no debiera reducirse a este aspecto coyuntural de la democracia-, el oficialismo debería estar especialmente inquieto por esta cuestión y hallarle salidas urgentes. Vale reiterar: no sólo por los votos, es un drama que merece atención, dedicación y efectividad en los planes de seguridad, siempre.

Pero hay mucho más todavía. El peronismo, además, debe apostar a la obra pública como generadora de mano de obra -para mitigar el desempleo creciente- y para sostener la reactivación de la economía.

La amistad de Manzur con el Presidente facilita la apertura de la puerta para obtener recursos nacionales. Aunque ayer llamó la atención que Tucumán no apareciera en el programa lanzado por Alberto Fernández, donde anunció la puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021, que abarca a municipios de 16 provincias con una inversión total de $ 13.552 millones. ¿Que sucedió?, ¿por qué ninguna intendencia de la provincia figuró en la lista? La más beneficiada fue Buenos Aires, con siete obras, luego aparecen Chaco con tres y Santa Fe con la misma cantidad. Ante una rápida consulta, desde la Casa de Gobierno respondieron que no había que preocuparse y deslizaron una explicación: la Nación ya aportó $ 15.000 millones para obras públicas en Tucumán; entre las que se mencionan la autovía a Termas de Río Hondo, la autopista al aeropuerto, fondos para 10 comunas (Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, León Rougés, Santa Ana, Los Ralos, La Florida, Colombres, Delfín Gallo y Ranchillos) y cuatro municipalidades: Lules, Famaillá, Aguilares y Bella Vista. De esta forma, desde el Ejecutivo se aventó cualquier fantasma de descuido y se ratificó que la provincia sigue estando entre las mimadas del poder central por la buena relación del gobernador con el Presidente. ¿Tendrá su traducción electoral la ejecución de estas obras públicas? Como parte de la gestión podría ser valorada por la ciudadanía. Habrá que ver cómo se vota en esas localidades.

Pero hay más que el Gobierno tampoco puede descuidar si desea un plebiscito favorable; por ejemplo inversiones en la SAT para que no se observen aguas servidas en las calles, una imagen que supo usar un dirigente opositor para fustigar al oficialismo por la falta de atención del servicio. Y no acaba allí el listado de cuestiones que tendrá que atender, y no sólo por la gobernabilidad o por una expresión de las urnas. También está la salud de los tucumanos, lo que tiene que ver con la pelea contra la pandemia y la vacunación, y si finalmente termina siendo exitosa o no. Por este aspecto sanitario será evaluado hasta el Gobierno nacional.

Como quien dice, nada sencillito de encarar para el oficialismo si es que aspira, desde la gestión, a obtener una respuesta beneficiosa en las urnas. Vaya un detalle: todo aspecto positivo tendría que repercutir en el primer semestre, después de julio será políticamente “más complicado”. El listado expone la dimensión de las dificultades que tendrá el Gobierno este año electoral por la cantidad de variables a manejar; todo un desafío. Eso sin tener en cuenta las candidaturas. Todo al margen, además, de los imponderables políticos que pueden ser determinantes: los propios de la provincia que hacen a la gobernabilidad o los derivados de los coletazos de la acciones del poder central.