Es difícil pensar que los gobernadores que presentaron a Alberto Fernández el pedido de suspensión (¿derogación?) de las PASO hayan actuado sin tener una señal previa por parte del Gobierno nacional. Sería un acto de independencia y de autonomía que sólo existe en la Constitución, pero que es imposible en la política argentina. Es más, esta semana se vio a aquel Manzur de antaño, el que supo inventar José Alperovich en su mejor versión, cuando puso especial cuidado en declarar exactamente lo que el Presidente quería oír.
Por eso, imaginar que los gobernadores (el tucumano entre ellos) pidieron anular las PASO por iniciativa propia es algo de otro mundo. No obstante, se puede inferir que sea un simple ensayo hasta que el Poder Ejecutivo decida desmantelar ese sistema electoral ideado por Néstor Kirchner hace 10 años. En realidad está dudando. Esto quedó al descubierto cuando el ministro del Interior Wado de Pedro ya dijo, cuidándose de no descalificar el pedido, que en todo caso es una decisión que le corresponde al Congreso (¡chocolate por la noticia!) y que si ello se decidiera, se enviaría el proyecto a las Cámaras.
Las razones que esgrimen los firmantes –entre los que está, nada más y nada menos que el crítico número uno del macrismo, Manzur- son las mismas que expuso Cambiemos cuando manejaba las riendas del país. Y los que hoy firman en aquella oportunidad son los que en aquella oportunidad se opusieron, lo cual hace dudar de la autenticidad de ese discurso. Los argumentos están básicamente referidos al costo de realización de esas “encuestas” como las llamaba despectivamente el macrismo.
Claro que no son las únicas razones. En 2020 todo se hace en nombre de la pandemia y en este caso las cuestiones de dinero (sorprendente en Tucumán, donde todo lo electoral se ajusta a millonarios presupuestos) vienen complementadas con otras de índole sanitaria más frágiles aún. Por un lado, la democracia más grande del mundo acaba de realizar comicios en medio de la pandemia y los cuestionamientos de Trump nada tienen que ver con la peste. Por otro lado, las PASO suelen celebrarse en agosto y se supone que en el primer trimestre del año ya estarían en marcha las vacunas, salvo que los gobernadores sepan algo que no le dicen a la ciudadanía. En Tucumán, por ejemplo, las autoridades del Siprosa se cansaron de decir que a mediados de diciembre (una innecesaria promesa, muy difícil de cumplir) la vacuna ya estaría en la provincia.
Las razones que se ocultan detrás del intento de voltear las PASO son dos y ninguna de ellas tiene que ver con lo que se dice. Ni la plata de los ciudadanos ni la salud de la sociedad son la prioridad en este proyecto. Hay una clara estrategia política: la primera es favorecer la posibilidad de una ruptura en Juntos por el Cambio, que vive en estos días el debate sobre la vigencia del liderazgo de Mauricio Macri, cuya popularidad se ha desplomado con el mismo énfasis con que ha crecido la imagen de Rodríguez Larreta. Curiosamente, el único blanco de las palabras de Manzur cuando obsecuentemente, habló esta semana.
El segundo motivo es más propio de los gobernadores y apunta a imponer sus criterios en el armado de las listas del año próximo. Claramente es el objetivo de Manzur, que parecería que no le queda más remedio que acordar con el vicegobernador Osvaldo Jaldo el armado una lista de unidad. De esa manera pospondrá la resolución de los conflictos por la gobernación para después de 2021 y luego de haber garantizado el objetivo común de la victoria del PJ. Eso tal vez sea lo único que unen al gobernador y al vice en estos momentos. Manzur y Jaldo se dicen cosas, se hacen trapisondas mutuamente, pero saben que se necesitan en los comicios del año que viene. Y el peronismo, cuando necesita ganar, no tiene problemas de abrazar a un enemigo. Como ejemplo alcanza el binomio presidencial de la Argentina.
No obstante, es muy complicado para el dúo armar una lista en forma autónoma. Es difícil encontrar antecedentes recientes de algo así, sea quien fuere el que gobierne el país. La lista debería tener algún tufillo kirchnerista para que no sea objetada desde Buenos Aires (ya está claro que Alberto Fernández no es independiente de la reina del Senado). Desde hace 15 días en Tucumán el apellido Rojkés figura en las especulaciones. José Alperovich no existe en la vida política, pero su esposa y su cuñada (Beatriz y Silvia, respectivamente) no han perdido el afecto de la vicepresidenta de la Nación, que a la hora de armar listas nunca ha dejado de intervenir aún cuando su propio marido Néstor Kirchner o su jefe de Gabinete (en el pasado y ¿en el presente?) Alberto Fernández, le digan que no, como fue cuando dos veces se inclinó por poner a Amado Boudou en las alturas políticas.
Las internas fortalecen
Hasta aquí el régimen electoral nacional difería cristalinamente del provincial, ya que las PASO habilitaban la posibilidad de competir más allá de lo difícil que resulta enfrentar al aparato oficial. Así vimos cómo, en la provincia, a pesar de que se les negó el derecho a llevar la fórmula presidencial en su boleta, en ambos nucleamientos mayoritarios los oficialismos debieron someterse a la prueba de las internas. Y si bien obtuvieron holgados triunfos, los irreverentes (José Vitar en el Frente de Todos y Mariano Campero, en Juntos por el Cambio) lograron resultados aceptables.
Sin primarias abiertas, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo ordenarían las listas y al que discrepe no le quedará más camino que agachar la cabeza, salvo que se apellide Rojkés. Mientras tanto, ¿aceptará Vitar, que ya desafió dos veces las decisiones del gobernador, una eventual imposición? Si no fuera así, no tendrá otro camino que presentar batalla.
Distinto sería el impacto en JxC. Las PASO son la herramienta natural para procesar sus diferentes estrategias sin rupturas. El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, preconiza una gran alianza contra el peronismo que abarque desde Germán Alfaro hasta Ricardo Bussi, hasta aquí adversarios irreconciliables. Si hubiere primarias quizás pudiese resolverse mediante dos o tres listas. Sin primarias, parece imposible preservar la unidad.
Alfaro brama con ira cuando le hablan de un acuerdo electoral con Bussi. Quienes pueden dialogar con él comentan que el intendente de la Capital tiene decidido competir en soledad con su Partido de la Justicia Social. Su esposa, la diputada Beatriz Ávila, podría ser la candidata a senadora. Sin dudas, la opción de participar en los comicios por fuera de Juntos por el Cambio será aplaudido por el gobernador Manzur. Para el oficialismo provincial, una escisión en lo que hasta aquí fue un frente opositor unido (en los nombres, no en el trabajo) puede serle de gran provecho. En este caso, ¿equipararía la salida del PJS la incorporación de FR a la alianza? ¿Cómo saberlo? A veces las aritméticas no suelen ser aliadas de la política, sobre todo porque no se sabe cómo caería en la “Guardia Vieja” de esa coalición (José Cano, Silvia Elías de Pérez y el mismísimo Domingo Amaya) un acuerdo con el hombre cuyas causas judiciales terminaron destapando la crisis de la justicia provincial. Allí donde milita el vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva, quien fue descubierto actuando como puntero político más que como magistrado. De todos modos la opción le servirá a Alfaro para saber cuál es el piso que él tiene para sus ambiciones de ser gobernador, un sueño que todos los políticos niegan pero que nadie puede evitar.
El único precandidato que hasta ahora sostiene que 2021 no tendrá incidencia en los comicios de 2023 es el advenedizo Sebastián Murga, que cree en su flamante partido. Se convirtió en una cuña inesperada que salió este año y que le trae dolores de cabeza a Cambiemos, que mientras padece su intervención, discute su futura conducción entre desgastados y cómplices políticos del mercantilista sistema político tucumano y noveles e ingenuos dirigentes. Sólo los unen la atención que ponen en los mensajes que les mandan desde Buenos Aires.
Sin PASO se consolida más el dominio de las dinastías políticas en el control del sistema. Y el régimen electoral nacional se diluye como referencia de lo que se debería hacer en la provincia si se decidiera avanzar sobre el hipócrita y mercantilista régimen de acoples.
Precuela del filme “Acoples”
Si el oficialismo provincial sale airoso en la próxima elección de 2021, se consolidará al unísono el sistema que alguna vez el alperovichismo implantó en 2006. Si bien hay expertos constitucionalistas que opinan que no es necesario reformar nuevamente la Carta Magna provincial para eliminar los “acoplados”, si no hay un corte en esa línea política el año próximo, se vendrá la elección provincial de 2023, otra vez con el desfile de las imágenes conocidas: decenas de listas de legisladores y concejales, múltiples candidatos a comisionados en las comunas por el mismo espacio político, una verdadera avalancha de parientes agobiando y aturdiendo a los electores y lo más grave de todo: el despliegue de dádivas y prebendas millonarias que vemos cada cuatro años.
¿Puede aguantar una provincia extenuada por la crisis social, el desempleo y la pobreza, el multimillonario dispendio de recursos de un sistema político que se torna cada vez más obsceno, como una pesadilla kafkiana donde una burocracia sin alma y una dirigencia atrapada en la sensualidad del poder público que cada vez expande más sus tentáculos en las narices de un sistema de control público que sólo sanciona el robo de gallinas?
Por eso, a partir de ahora, la campaña electoral estará referida al bienio 2021/23, con la esperanza de que en el debate electoral se hable de esas listas ignotas que gastan millones para instalar legisladores poco representativos y sin presencia, que solo se reportan al poder que los colocó allí. Que en ese debate también se diga cómo una provincia tan pobre puede tener un sistema político y electoral tan oneroso. Y cómo, en la que fuera el culto territorio de Juan B Terán, de Alberto Rougés y de Miguel Lillo, se haya caído tan bajo, que emanan olores que no por casualidad, mucho se parecen a los nauseabundos fluidos que salen de las cañerías rotas de la SAT.
El sistema que se ha venido consolidando en este siglo es avalado por oficialistas y opositores que se preocupan por instalar un debate “en contra de” algún rival y no “a favor de” la sociedad.
