Pisa: “me honran los servicios que presté”

La renuncia de Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal de esta ciudad, estuvo guardada durante 21 días. Ni él, ni el Gobierno, ni la Justicia comunicaron la decisión hasta ayer, cuando trascendieron los términos de la desvinculación presentada al mandatario Juan Manzur el 15 de octubre. “Agradezco a la Provincia de Tucumán el haberme conferido la dignidad de desempeñarme como magistrado del Poder Judicial en el cual me he sentido muy honrado de prestar mis servicios”, expresó Pisa a modo de colofón. Antes había advertido que los efectos de la dimisión estaban condicionados al pago del haber con el antiguo sistema del 82% móvil, esquema que para él implica un ingreso mensual de casi $ 300.000 en función de un cálculo pesimista practicado sobre la última planilla salarial de la Justicia.

La confirmación de las intenciones de Pisa de pasar al sector pasivo coincidió ayer con la presentación de al menos dos nuevos pedidos de destitución en su contra por su actuación en una de las 13 denuncias que presentó Paola Tacacho, víctima del femicida Mauricio Parada Parejas. Aunque diversos sectores reclaman la expulsión de Pisa desde el fin de semana, cuando trascendió que en 2017 había rechazado la elevación a juicio oral de una causa de violencia y sobreseído a Parada Parejas, su salida de los Tribunales no habría obedecido a ese escándalo. El juez formalizó su dimisión mientras estaba en el centro de la escena institucional y política por el caso del vocal de la Corte, Daniel Leiva, posición en la que continúa.

Entre finales de septiembre y el mes pasado, Pisa dictó dos resoluciones favorables a la defensa de Leiva. Primero dispuso que la denuncia del juez Enrique Pedicone sea tramitada con la modalidad escrita y cerrada del viejo Código, y denegó a aquel el rol de querellante, y, luego, excluyó a las grabaciones donde consta que Leiva habría presionado al denunciante para que “manejara las intensidades” de una causa contra el legislador Ricardo Bussi. Pedicone, quien enfrenta siete pedidos de destitución articulados tras la denuncia del vocal, objetó la primera decisión de Pisa con el recurso de per saltum que dedujo el 5 de octubre y que aún carece de un tribunal que lo resuelva (ver publicación específica en esta edición).

La dimisión puso en alerta a quienes exigen el despido del juez hoy a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°1 de la estructura de conclusión de casos del Código discontinuado el 31 de agosto. Denunciantes y opositores reclamaron a Manzur que se abstenga de procurar a Pisa el acceso a la jubilación de excepción que, como efecto paralelo, acarrea la cancelación de los procedimientos de revisión de su conducta en la comisión de Juicio Político en la Legislatura. Es la salida que lograron, en su momento, dos fiscales objetados: Carlos Albaca y Guillermo Herrera. La eventual expulsión decidida por el Jurado de Enjuiciamiento acarrea la pérdida del derecho a uno de los máximos haberes del sistema previsional vigente y la obligación de contentarse con una jubilación ordinaria.

Si el gobernador toma la decisión política de aceptar la dimisión, el juez ganará una doble tranquilidad: haga lo que haga, ya nadie podrá sacarlo de su puesto ni privarlo de un ingreso liquidado con los cánones de la antigua normativa, que fue morigerada este año. En ese escenario, Pisa, quien no tributa el impuesto a las ganancias, podría permanecer en su despacho durante un período indefinido a la espera de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le deposite su primera jubilación. Ese “limbo judicial” tiende a alargarse por la pandemia, las dificultades que generó el cambio legal y la burocracia natural de la Anses.

Pisa obtuvo su nombramiento como juez de Instrucción en el período en el que el ex gobernador José Alperovich disfrutó de discrecionalidad absoluta para cubrir las vacantes (a partir de 2009 las designaciones están ligadas a las propuestas surgidas de concursos). En un sólo acto el hoy senador kirchnerista con licencia designó a tres protagonistas de la Justicia penal de este milenio: Pisa, y los ex fiscales Adriana Giannoni y Herrera. “Hacía falta llenar las distintas vacancias. Ahora ese fuero va a funcionar mucho mejor”, había anunciado en mayo de 2004 el entonces ministro de Gobierno y Justicia, y hoy jefe de los fiscales con licencia, Edmundo Jiménez.

Siete meses después de jurar en el cargo, Pisa cobró protagonismo al sobreseer a todos los involucrados en “PIBE”, pesquisa que pretendía dilucidar presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial durante la gestión de Julio Miranda y que involucraba a la ex primera dama Beatriz Rojkés. El juez luego intervino decisivamente para aliviar a funcionarios en los casos “Gasnor”, “Funsal” y “Teves”, y hasta anuló el requerimiento de investigación jurisdiccional de Albaca, controvertido ex fiscal de la causa “Lebbos” cuyo juzgamiento aún no llega. En su momento, el magistrado incluso fue reconvenido por la propia Justicia por haber prejuzgado a favor de Gustavo Jiménez, hijo de Jorge Jiménez, ex ministro de Economía histórico del alperovichismo, en el expediente “Marchese”. Por estas y otras resoluciones, como el sobreseimiento del gobernador Manzur en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, algunos opositores colocaron a Pisa un sobrenombre alusivo al polémico ex juez federal porteño: el “Oyarbide tucumano”.

Silencio

El funcionario no atendió el teléfono ni contestó los mensajes de texto

En los últimos años Juan Francisco Pisa se recluyó en su despacho y evitó a la prensa. Ante las versiones de que había dimitido, LA GACETA intentó contactarlo por teléfono y vía WhatsApp, pero el juez no respondió. La corroboración de que había renunciado fue proporcionada por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse. Una de las últimas ocasiones en las que Pisa se expuso fue en febrero de 2019, cuando asistió al acto de juramento de la jueza Carolina Ballesteros, con quien tiene una relación de parentesco, en el Palacio de Justicia.