Especialistas ampliaron la mirada sobre las responsabilidades en el caso Paola - LA GACETA Tucumán

Especialistas ampliaron la mirada sobre las responsabilidades en el caso Paola

La decana de Derecho, Adela Seguí, el constitucionalista Luis Iriarte y las abogadas feministas Adriana Guerrero y Dolores Remis consideraron que las culpas por el femicidio excede al juez Pisa.

04 Nov 2020

La consigna "el Estado es responsable", oída desde hace mucho tiempo, pero con mayor intensidad durante los últimos días -a partir del viernes, cuando ocurrió el femicidio de Paola Estefanía Tacacho- fue desglosada durante un intercambio de opiniones que se desarrolló durante la edición de esta noche de "Panorama Tucumano".

Moderado por los conductores del ciclo, Carolina Servetto y Federico van Mameren, del debate participaron la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, Adela Seguí; la militante feminista Adriana Guerrero, referente de Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), y Dolores Remis, querellante en el caso por el femicidio de Claudia Lizárraga -de características muy similares al de Tacacho: Lizárraga había formulado 27 denuncias que no evitaron su trágico final-, y el constitucionalista Luis Iriarte.

Un denominador común atravesó todas las opiniones vertidas por estos: la responsabilidad de que Tacacho haya sido desoída tantas veces por la Justicia trasciende al juez Juan Francisco Pisa, quien sobreseyó al femicida, Mauricio Parada Parejas, y archivó la causa.

"Tenemos un sistema patriarcal y machista. Hace casi 27 años que estoy en Cladem Tucumán; y desde ese momento venimos pidiendo que el Estado nos escuche, que se diseñen políticas públicas; y necesitamos estadísticas", dijo Guerrero. "Cuando desde 2015 y 2016 venimos diciendo 'Ni una menos', decimos que el Estado es responsable, porque no nos escucha. No sabemos cuántas denuncias hay, no hay estadísticas; no hay un sistema que pueda dar cuenta de cuántas denuncias hay, de cuántas medidas cautelares se dictaron. En los últimos dos meses hubo casi 800 cautelares; pero, ¿quién hace el seguimiento de estas medidas, quién ve que se cumplan?", añadió.

Iriarte apuntó con énfasis a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. A su criterio, la decisión de auditar el Juzgado de Pisa llega tarde. "No es admisible que la Corte se entere cuando los hechos ya han ocurrido, y comience a ordenar auditorías para examinar el comportamiento de fiscales y de jueces. La Corte es el único órgano que, según la Constitución, tiene facultades de superintendencia; esto implica que puede examinar permanentemente el comportamiento de jueces y fiscales", señaló el constitucionalista. En ese sentido, opinó que en forma mensual deberían realizarse estas auditorías en todos los juzgados del fuero Penal. "Todos los jueces y fiscales deben sentir que la Corte les está respirando en la nuca", dijo.

Además, añadió que la Corte también debe comunicar a la sociedad cómo se desarrollan las causas, no sólo de violencia contra las mujeres, sino también de corrupción de funcionarios públicos.

Remis indicó que cada mujer víctima de violencia implica un funcionario que dejó de actuar y que, de esa manera, ha incurrido en lo que se conoce como violencia institucional. "El Estado adhirió a convenciones internacionales; una de ellas se titula 'prevenir, sancionar y erradicar la violencia'. Desde el título ya genera obligaciones a los funcionarios", indicó.

Advirtió que la prevención no se puede limitar al mero dictado de un orden de restricción. "La víctoma se convierte en cazador de jueces, porque deben empezar a denunciarlos; y hay protección entre jueces y fiscales, lo que hace muy difícil que se pueda investigar", señaló. Como ejemplo de esta connivencia puso de ejemplo el caso de Lizárraga, cuando ella pidió a los jueces que en la sentencia ordenen investigar a los funcionarios judiciales y de la Policía que habían sido responsable, debido a su inacción, por el femicidio. "Cuando dictaron el fallo ordenaron la investigación, pero el tribunal se limitaba al personal policial", precisó.

"El patriarcado y sus consecuencias son milenarias. Las instituciones debemos asumir esto, sin avergonzarnos. No desmerece a nadie darnos cuenta de que aquí hubo una falla sistémica", indicó Seguí. En ese sentido, admitió el rol de la facultad en la formación de los actores de la Justicia. "Nosotros preparamos abogados que serán los futuros jueces. Estamos trabajando intensamente en formarnos con perspectiva de género; pero no es algo que se haga de un día para el otro", expresó.

Más adelante, señaló que en todo el derrotero de Tacacho en la Justicia, una sola persona actuó bien: la mediadora Liliana Aráoz. "La mediación que ocurrió hace dos meses, es el broche siniestro que se le ha puesto a este tema, porque en ese proceso se había apersonado el agresor con un certificado de un psiquiatra muy reconocido y respetado, que decía que era esquizofrénico, y que no respondía al tratamiento psiquiátrico. Él mismo, con ese certificado, dijo 'no soy responsable por mis actos'. Y Aráoz hizo intervenir a las áreas de discapacidad y de la mujer del Poder Judicial, porque advirtió que en esa mesa había dos personas vulnerables. Pero alguien canceló la mediación sin que se haga nada por estas dos personas. Había que intervenir, no mandarlos a la casa con la mediación cancelada. Ahí había que intervenir", puntualizó la decana de Derecho.

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