Lo que dejó el primer mes del nuevo código

Lo que dejó el primer mes del nuevo código

Más de 200 audiencias se realizaron durante los 30 días de septiembre. Se dictaron unas 70 prisiones preventivas.

Lo que dejó el primer mes del nuevo código

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Los números hablan solos

Según las cifras a las que tuvo acceso LA GACETA, en el primer mes de vigencia del nuevo código, se realizaron 217 audiencias. De ese número, 176 fueron realizadas por hechos delictivos, mientras que las 31 restantes tuvieron que ver con pedidos de hábeas corpus, medidas socioeducativas, resolución de casos y cumplimiento de condiciones de encierro, entre otros. Con la implementación del nuevo código no hay fines de semanas ni feriados. El promedio de debates en esos 30 días fue de siete por día. El promedio de la duración de cada audiencia fue de una hora y 12 minutos, aunque hubo varias que duraron hasta cuatro horas y media. “Es uno de los temas que se debe corregir. Todos los operadores deben entender que el proceso debe ser veloz. Eso se descubre con la práctica”, explicó un magistrado del Centro Judicial Concepción, que ya lleva más de un año trabajando con este sistema.

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El ranking de los delitos

Los diferentes delitos contra la propiedad, con 124 audiencias, encabezan el ranking de aperturas de procesos. Hubo 67 hechos de robos, 38 de robos agravados, 16 de hurtos simples y tres de hurtos agravados. En segundo lugar aparecen, con 30 debates, los homicidios, lo que no quiere decir que se hayan producido ese número de crímenes, sino que fueron las veces que se trataron estos casos. El tercer lugar fue ocupado por los abusos sexuales. Le siguieron lesiones (13), amenazas (6), portación de armas (5), encubrimiento (3) y desobediencia judicial (2). También hubo audiencias por abigeato, estafa, atentado y resistencia a la autoridad y usurpación, entre otras.

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¿Y la puerta giratoria?

Según un informe elaborado por los especialistas de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), a 71 acusados se les dictó la prisión preventiva en el mes que tiene vigencia el nuevo código en el Centro Judicial Capital. A ese número se le debe agregar los imputados que accedieron a una condena a través de una probation o de un juicio abreviado, pero los datos no fueron proporcionados todavía. La mayoría de las resoluciones de estas causas terminó con la libertad condicional de los imputados. Los liberados deben cumplir con las condiciones que les impuso el juez y, en caso de no hacerlo, se rompe el pacto y deben cumplir de manera efectiva la sentencia que se les aplicó.

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La mora judicial, al descubierto

La implementación de este sistema judicial dejó al descubierto la mora judicial que hay en la provincia. El caso más emblemático es el de Sebastián “Hormiga” Quiroga, uno de los imputados por el crimen de Ana Dominé, que desde 2014 esperaba ser enjuiciado como presunto autor del crimen de un distribuidor de alimentos asaltado cuando se movilizaba en su vehículo. Pero hubo otros casos que se conocieron a través de las audiencias. El fiscal Carlos Saltor, que intervino en una causa del robo de un celular, tardó casi 10 minutos en leer los procesos que tenía abiertos uno de los imputados: entre 2002 y 2019, el sospechoso tenía entre dos y tres expedientes por robo, hurto y estafa por año. “No pudimos determinar si alguna vez recibió alguna condena en su contra, indicó el investigador. El viernes, la jueza Carolina Ballesteros le dictó la prisión preventiva por 30 días a un joven que había sido detenido por robo simple. “Voy a tener en cuenta que a usted se le habían dictado dos medidas de estas características en menos de un año”; señaló la magistrada al justificarle por qué tomó esa decisión.

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Una justicia más veloz

La principal ventaja del nuevo digesto ya empezó a notarse en la velocidad con la que se desarrollan los expedientes. Por ejemplo, una víctima puede saber en tres horas cuándo deberá declarar; antes tardaba días y hasta semanas. En este primer mes, desde que se solicita la audiencia y hasta que se desarrolla, pasan en promedio 13 horas. La resolución de las causas llega antes de las 24 horas desde que se iniciaron. Esto implica que en ese tiempo a una persona se le puede dictar la prisión preventiva y, con el viejo código, se necesitaba por lo menos 20 días hábiles, es decir, casi un mes. También es importante el tiempo que se demora la realización de juicios abreviados (casi 15 días en promedio) y, en nueve días, se pudo dictar una probation. Como ejemplo se puede tomar el caso del crimen de Ana Dominé: en 11 días, los siete sospechosos fueron procesados por la Justicia. Con el viejo código, ese paso se hubiera dado en 20 días hábiles.

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El poder de las víctimas

A lo largo de 30 días, las palabras de las víctimas fueron fundamentales a la hora de definir un proceso. En más de una oportunidad inclinaron la balanza cuando el fiscal interviniente no tenía los elementos suficientes o no contaba con los argumentos sólidos para que les dictara la prisión preventiva. “Tengo miedo que este señor, al que lo veo todos los días, me vea en la calle y pretenda vengarse”, dijo J.F.H, una médica que sufrió el intento de robo de su celular en pleno barrio Sur. ¿Cuál fue el resultado? Se ordenó que el detenido continúe tras las rejas durante por lo menos 10 días más. Otra víctima complicó la situación procesal de Jonathan Ismael “Isma Toro” Tévez, uno de los miembros del clan Toro que afronta un proceso por robo agravado de vehículo por el uso de armas y daños. “Lo que es tener plata: él ofrece pagar (una caución) de $250.000 para no quedar preso, y yo me quedé sin trabajo porque me destrozaron el auto y, por miedo, tuve que alejarme de mi familia”, reclamó la víctima en medio de la audiencia. El juez Alejandro Tomas le dictó la prisión preventiva a “Isma” y a su “socio”.

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La protección al más débil

Las víctimas son las grandes protagonistas del nuevo Código. Además de tener la voz a lo largo de todo el proceso, los jueces unificaron un mismo criterio: protegerlas. Por ello, en varias audiencias pidieron que sus rostros no fueran difundidos o dictaron medidas de protección especiales, como ordenar a la Policía que les asignen una custodia permanente durante varios días. Pero hubo una situación que sorprendió a propios y extraños. Un joven que había sufrido el robo de su celular, después de declarar, se excusó de seguir participando de la audiencia porque su patrón no le permitía ausentarse de su trabajo. “Esto es inadmisible. Le pido al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) que tome todas las medidas pertinentes para que el empleador no aplique ningún tipo de sanción contra el joven. Deben entender que este proceso aporta la pacificación social de la provincia”, señaló la jueza María Balcázar, que intervino en el caso.

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Las miserias de los imputados

Las audiencias también dejaron al descubierto la marginalidad de los imputados. Muchos de ellos aseguraron ser indocumentados. Varios reconocieron no saber escribir ni leer. Pocos dijeron haber terminado sus estudios primarios y, casi ninguno, los secundarios. Por ese motivo, en más de una oportunidad, los magistrados tuvieron que designarles una especie de traductor para que les explicara lo que estaba sucediendo en la audiencia. La mayoría de las personas que llegaron acusadas dijeron desempeñarse como vendedores ambulantes de ropa, muebles y bolsas de residuos, aunque también algunos señalaron ser jornaleros. “Es estrategia que tienen para informar sobre una actividad informal que es totalmente incomprobable”, explicó un magistrado a LA GACETA. En estos días hubo otra situación poco común: a un joven que llegó imputado por un robo, por acuerdo de todas las partes, se lo obligó a realizar un tratamiento de desintoxicación durante 30 días en el Hospital Obarrio. Luego de realizar ese tratamiento, se definirá su situación procesal.

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Nuevo régimen para menores

El nuevo código trajo un importante cambio a la hora de atender a los adolescentes infractores. En todos los casos deben ser juzgados por jueces especializados, a pesar de que se trate de un delito en el que haya participado con un mayor. Como sucede con los adultos, en caso de que deba intervenir un tribunal colegiado, uno de los tres jueces que son especialistas en la materia deberá dirigir el debate. En más de una audiencia de las celebradas con menores, el juez Federico Moeykens instó al MPF a dar cumplimiento con la normativa internacional que impone contar con fiscalías especializadas que integra el nuevo código a fin de cumplir con el principio de especificidad orgánica. Por su parte, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse anunció que se buscarían crear fiscalías especializadas para atender las causas que sean protagonizadas por menores. Actualmente cualquier fiscal se hace cargo de los expedientes que se abren en contra de adolescentes.

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Sequía para los profesionales

Según las estadísticas de la OGA, de las 217 audiencias que se realizaron durante todo septiembre, en 133 los imputados fueron representados por los defensores del Ministerio Público de la Defensa. También se informó que en sólo 69 oportunidades los procesados contaron con la asistencia de abogados particulares. En los 15 restantes hubo defensa mixta. “Hay muchos colegas que no están preparados y prefieren esquivar las audiencias. Pero no menos cierto es que los defendidos no están en situaciones de afrontar las costos de un profesional”, sintetizó un profesional.

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El drama de la conectividad

Se sabía que la implementación del nuevo digesto sería un desafío para los operadores judiciales. Pero haberlo hecho durante la pandemia significó realizar un doble desafío. Todas las audiencias se realizan de manera remota, a través de Zoom. Sin embargo, todas las buenas intenciones chocan con las fallas de conectividad, especialmente desde las dependencias policiales. Las conexiones de los imputados se realizan a través de los celulares del personal que se encuentra de guardia o de los provistos, es decir, los teléfonos móviles que les entregan a los agentes. Voceros de la jefatura de la fuerza se informó que en cada una de las seccionales de la capital y en las comisarías del interior se hizo un relevamiento para adecuar las oficinas y avanzar en la compra de unas 40 netbooks y mejorar la banda ancha para que no existan problemas de conectividad.

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Monteros, un paraíso

En el Centro Judicial de Monteros el panorama es otro. El juez Mario Velázquez, como delegado de la Corte Suprema de Justicia, junto al equipo de la OGA, decidió instalar tres salas especiales para que todas las partes pudieran participar de las audiencias y así evitar tener problemas de conectividad. “Considero que no está bien que un acusado declare en la comisaría y tampoco que una víctima lo haga sin las comodidades necesarias”, agregó el magistrado. En esa localidad sureña todo está más organizado: la audicionista (así se denomina a la persona que maneja los debates de manera remota) explica a las partes cuáles son las reglas y cuál es el comportamiento que deben tener las partes y el público en general. También, de manera virtual, tienen dos salas creadas: una para que el imputado tome contacto con su defensor y otra para que el magistrado les llame la atención a las partes si cometen alguna inconducta. “Es como en las películas cuando el juez los cita a su despacho para llamarles la atención”, indicó una fuente.

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A puertas cerradas

Los casos de abusos sexuales y en los que participan menores de edad, con la implementación del nuevo sistema, están vedados a la prensa por orden de la OGA que, a su vez recibió instrucciones de los jueces y de la misma Corte. El código sí establece que los debates pueden ser cerrados si el fiscal entiende que la divulgación de lo que allí ocurra puede afectar la investigación. Pero en los delitos mencionados se tomó esa decisión para preservar la identidad de las víctimas y respetar los derechos del niño-adolescente en conflicto con la Ley. Con el viejo digesto sistema se hacía lo mismo, pero a los periodistas se les permitía seguir el proceso con la obligación de que no difundieran los datos de las personas que fueron víctimas o de los menores que tenían problemas legales.

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Cuestión de género

Las causas de violencia de género, en menos de 24 horas, tienen una resolución. Las víctimas no sólo consiguen que se les dicten medidas de protección mucho más rápido, sino que además el juez interviniente resuelve de manera más veloz las exclusiones del hogar. Los operadores sostienen que este tipo de medidas se pueden incrementar con el correr de los días, ya que es mucho más sencillo encontrar buenos resultados en el fuero penal que en el civil. La cuestión de género también se ha transformado en una herramienta para los fiscales en casos de delitos contra la propiedad. Se valen de los antecedentes de ataques que concretaron contra mujeres para que se les dicte la prisión preventiva.

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¡Cuidado, micrófono abierto!

Que las audiencias sean remotas no significa que no ocurran situaciones risueñas. Por ejemplo, un debate se vio interrumpido por el ladrido de un perro de una de las partes. Como varias de las partes se conectan desde sus casas, es común escuchar los gritos de niños y que los más pequeños se arrimen para pedir algo. También hubo un caso en el que una parte insultó a una defensora y que un abogado cuestionara a una jueza que pidió una sanción en su contra.

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El ranking de los delitos

Hubo cambios de costumbres en los operadores judiciales. En el primer mes pasaron situaciones insólitas que fueron acomodándose con el correr del tiempo. En una de las primeras audiencias, el magistrado interviniente ingresó al Zoom con el nombre de su hija. Un juez debió ordenar a los policías de Trancas que trasladaran al detenido a una dependencia policial porque no podía participar del debate desde un móvil policial. Un imputado pidió que se le repitiera la acusación en su contra porque el celular del policía del que estaba conectado había recibido una llamada de urgencia de su mujer. Varias veces los debates se suspendieron porque los teléfonos de los efectivos se quedaron sin datos. Un abogado apareció con una camiseta de un club de fútbol transpirado y cuando le tocó el turno de hablar ya se había puesto saco y corbata. En los primeros días, las personas aparecían identificadas como Iphone, Galaxy S10, J7 y A50 (modelos de celulares) hasta que se decidió autorizar la permanencia en salas virtuales de personas que estén debidamente identificadas.

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