En la tembladera

18 Sep 2020 Por Álvaro José Aurane
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La denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva estremece hasta sus cimientos la institucionalidad de Tucumán. Sin embargo, como si se tratase de un terremoto de la cosa pública, su amplitud no es mensurada de la misma manera en el poder político que en el Poder Judicial. Esas lecturas nada justifican, pero permiten una aproximación acerca de cómo se tramita en el Estado el mayor escándalo judicial desde el retorno de la democracia.

Metafóricamente, el poder político trata de medir el sismo actual (aún no ha cesado) con la escala Richter. La también llamada “escala de magnitud total” mide la cantidad de energía que libera un temblor. Precisamente, lo que el oficialismo viene haciendo hasta el momento es tratar de administrar sus reacciones conforme se van liberando cimbronazos. En términos de la denuncia del ex camarista penal, van tratando de “manejar la intensidad” del conflicto.

Pedicone se presentó el martes 1 en el Ministerio Público Fiscal y acusó a Leiva de haberle pedido, en nombre del gobernador y del vicegobernador, que el ritmo de la causa contra el legislador Ricardo Bussi, por presunto abuso sexual y corrupción, dependa de la mayor o menor funcionalidad del opositor con el oficialismo. Como un punto desde el cual pueden mirarse todos los demás puntos, esa acusación anuda desde la presunta digitación de la administración de justicia por parte de la política, con la consecuente anulación de la república, hasta la degradación de los Tribunales, devenidos en doblegadora de opositores.

La respuesta de Leiva no fue menor. Negó todo. Y luego afirmó que se trata de una maniobra del denunciante para ocultar que en menos de un año dispuso la liberación de más de un centenar de procesados por delitos graves, en un “récord” (así lo calificó) de fallos revocados uno tras otro por la Corte Suprema, a partir de las apelaciones de los fiscales, que en muchos casos llegaban al superior tribunal en queja, porque el ex camarista les negaba la apelación. Es decir, la “puerta giratoria” por la cual los presuntos delincuentes entran y salen sin demora.

La noticia se conoció el miércoles 2 a través de LA GACETA, pero ese día Pedicone manifestó en entrevistas con otros medios televisivos que él no creía que Juan Manzur ni Osvaldo Jaldo estuvieran involucrados en el presunto tráfico de influencias que denunciaba. Ese mismo día, las cabezas de los tres poderes del Estado coincidieron en un acto oficial y el titular del Ejecutivo y el del Legislativo, por separado, coincidieron en sus declaraciones: negaban estar involucrados y pedían que la Justicia investigara todo.

Al día siguiente, Pedicone fue entrevistado en “LA GACETA Central” por el periodista Indalecio Sánchez y su pronunciamiento fue otro: Manzur y Jaldo debían “dar explicaciones”. Esa misma tarde, Jaldo tronó: le dijo a este diario que, como segunda autoridad de la provincia, le exigía al denunciante que presentara sus pruebas en la Justicia.

El viernes 4, la denuncia de Pedicone se replicó en el diario La Nación. “Un juez denunció presiones de un vocal de la Corte y del gobernador Juan Manzur para beneficiar a Ricardo Bussi en una causa por abuso sexual”, tituló el matutino porteño, para que nadie en la Casa Rosada ni en el Congreso dejaran de leerlo. A una parte del oficialismo nacional, acaso, las denuncias que reclaman calidad institucional, o que invocan la crisis de la república, le parezcan cuestiones burguesas, pero “beneficiar a Ricardo Bussi” no le debe pasar inadvertido. Ese día, el presidente subrogante de la Legislatura, el vicepresidente primero y los titulares de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales e Institucionales pidieron un informe a la Justicia para que se les remita el listado con el centenar de sentencias de Pedicone en las que supuestamente se dispone el cese prisiones preventivas. Esa mañana, Leiva, quien menciona estos casos en su contradenuncia, envió la documentación. La Legislatura la reprodujo íntegramente en una solicitada en la LA GACETA del domingo 6.

El oficialismo brinda otra explicación para su escalada. Sostiene que hubo una postura de prudente distancia cuando se conoció la denuncia, hasta que, de los cuatro pedidos de juicio político planteados contra Leiva, el segundo fue interpuesto por dirigentes del PRO; y el tercero, por los principales referentes de Juntos por el Cambio. Entonces, argumentan, la oposición “politizó” la denuncia y el propio Partido Justicialista (que tiene al gobernador como presidente y al vice como vice) salió a hacer lo propio.

En el peronismo gobernante se ofrece el argumento como razón convencida. En la oposición, claro está, lo toman como un “relato”. ¿Qué se supone que hicieran los adversarios del Gobierno frente a un escándalo de semejante magnitud?

Leyendo con Richter

Sin embargo, en un punto, la cuestión trasciende las fronteras entre oficialismo y oposición y se ve a “la política” propiamente dicha buscando que la magnitud del terremoto no vaya más allá de su epicentro, que es el Poder Judicial. Se advierte, claramente, en el trámite “express” que tuvo el pedido de destitución contra Jaldo presentado el martes por siete comisarios retirados, que el miércoles archivó la comisión de Juicio Político: el rechazo fue unánime, con votos de legisladores que fueron candidatos por el oficialismo, por el macrismo, por el bussismo y por el alperovichismo. Es decir, referentes de las cuatro primeras fuerzas políticas en los comicios del año pasado decidieron que el conflicto se circunscribe a una cuestión entre jueces. Esta “doctrina” se notó también, más veladamente, en el planteo de remoción contra Leiva que impulsó Juntos por el Cambio. Además de los parlamentarios nacionales y provinciales, fueron convocados los tres intendentes del interior al “Zoom” en el que se acordó firmar la presentación. Sebastián Salazar, de Bella Vista, no asistió. Y Roberto Sánchez, de Concepción, participó de la conferencia virtual, pero no suscribió la actuación.

Justamente, la escala Richter del oficialismo para mensurar el terremoto de la denuncia de Pedicone también apuesta a que, conforme los días se alejen del 1 de septiembre, la magnitud del terremoto vaya menguando. Incluso, su discurso se cerrará, sin fisuras, respecto de que se asiste a un escándalo vinculado con la inseguridad y con la actuación de ciertos jueces con respecto a ella. La demencial ejecución de Ana Elvira Dominé motivó una multitudinaria marcha durante la noche del miércoles: la inseguridad es la mortificación excluyente de los tucumanos, por encima de plagas biológicas, cambiarias o inflacionarias. El Gobierno, entonces, a la vez que machaca con que el eje del escándalo es otro, coparticipa los costos de la falta de Seguridad. Claro está, no contaban con la astucia de las declaraciones del ministro de Seguridad, que ayer respondió las críticas vinculadas a que la suya es casi una cartera de la fantasía, hablando del presunto prontuario de familiares de la tucumana asesinada delante de su hijo, en una reivindicación de la doctrina del “algo habrán hecho” que ni los partidos de derecha se animan a insinuar. No se puede hacer nada a prueba del funcionariado…

Midiendo con Mercalli

Hay otra lectura. Y otro sistema de medición. “El problema no es de seguridad: es institucional”, sentenció el constitucionalista Rodolfo Burgos. Y su diagnóstico inaugura una lectura de las ruinas.

Justamente, la escala Mercalli mide los terremotos sobre la base de la destrucción que provocan y de la percepción de quienes se encuentran en el área del sismo. Se la abandonó por considerar que era marcadamente subjetiva y con escasas variables científicas. Es, sin embargo, ineludible en estas circunstancias.

“Nos encontramos frente al ejemplo perfecto del estadio terminal del Poder Judicial, que viene siendo moldeado por el poder político y que afecta la composición de la Corte Suprema de la Provincia”, sentenció el especialista en diálogo con LA GACETA. El docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT manifestó que “el modelo de poner un amigo en la Corte ha fracasado” y, sobre todo, advirtió que, en el terremoto institucional, “el que sale dañado es el sistema democrático porque a partir de que quedaron expuestas estas formas de proceder, nadie puede creer en la Justicia”. Si no hay Justicia, no hay república. Si no hay república, no puede haber democracia.

En el plano institucional, precisamente, el Colegio de Abogados ha sostenido que la conducta de la Legislatura pidiendo informes a la Justicia afecta la republicana división de poderes. “Como pastores de la Iglesia no podemos pasar por alto esta peligrosa situación ya que, de ser así, se estaría cuestionando en cierta manera el mismo sistema republicano y democrático sin los cuales hay riesgos para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos y el acceso a una Justicia independiente”, alertaron los obispos católicos tucumanos.

El propio Pedicone renunció a la Asociación de Magistrados de Tucumán manifestándose asqueado por el “silencio que convalida” por parte de esa organización.

Todo lo sólido de las instituciones se desvanece en el sismo.

Tucumán, que acunó independencias y sembró repúblicas en su jardín durante el siglo XIX, ardió contra la opresión durante el siglo XX. Ahora es un tembladeral. Y todos los edificios de se arquitectura institucional se bambolean. Y oscilan sin escala.

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