Quieren frenar “la pandemia de nepotismo” con una ley

“Ley Anticorrupción” titularon Nadima Pecci, Ricardo Bussi y Gerardo Huesen al proyecto que presentaron para imponer pautas éticas en los tres poderes del Estado, y detener las prácticas nepotistas. La iniciativa de los legisladores de Fuerza Republicana es la primera que ataca expresamente el fenómeno de las designaciones y de los ascensos de familiares de las autoridades. “La inmensa mayoría de los códigos internacionales y nuevas leyes regulan este tema. La realidad otra vez nos obliga a legislar sobre algo que parece obvio, pero que, sin una regulación, se ha convertido en una ‘pandemia’”, expresaron los autores de la propuesta de ley en la exposición de motivos.

La “vacuna” contra el nepotismo consiste en impedir el ingreso y la promoción de familiares en la planta estatal, según el texto presentado el 21 de agosto en la mesa de entrada de la Legislatura que conduce el vicegobernador Osvaldo Jaldo. El proyecto prohíbe a los funcionarios provinciales nombrar y ascender a cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado en línea recta o colateral, y “ejercer injerencia directa” en aquellas decisiones. Y extiende la veda a cualquier tipo de “designación recíproca” que pueda verificarse en distintas jurisdicciones y organismos, y que abarque a los sujetos mencionados en la iniciativa. Estas reglas admiten tres excepciones: 1) si los parientes tenían el empleo o el cargo público antes de la incorporación de los funcionarios; 2) si los parientes obtienen la designación por medio de un concurso público de antecedentes y de oposición, u otro procedimiento semejante que garantice la igualdad de oportunidades, y la selección por mérito y por idoneidad, y 3) si los parientes accedieran a los puestos mediante elecciones.

La sanción para los actos administrativos que incurran en el nepotismo es su invalidación. “Las designaciones y contrataciones efectuadas en infracción a lo dispuesto deberán ser declaradas nulas y revocarse en sede administrativa, sin perjuicio de la validez de los actos practicados por el funcionario designado en el ejercicio del cargo, y de la responsabilidad que corresponda a quienes hubieran impulsado o participado en las decisiones anuladas”, prescribe el artículo 21 de la propuesta.

El último debate ocurrió en 1973

La “Ley Anticorrupción” de Fuerza Republicana regula respecto de los funcionarios públicos alcanzados por ella, además de los aspectos mencionados, la presentación y la publicidad de las declaraciones juradas; los deberes éticos; las incompatibilidades y los conflictos de intereses, y el régimen de obsequios. La propuesta crea una Oficina Anticorrupción encargada de recibir y tramitar denuncias, y de emitir un informe anual que exponga a los funcionarios incumplidores.

Tucumán carece de una norma moderna de ética y de acceso a la información públicas. La última vez que la Legislatura debatió este tema fue en 1973. De ese año data la Ley 3.981 aún vigente que obliga a confeccionar declaraciones juradas a las autoridades del Estado, pero confiere carácter secreto a los datos y hasta penaliza su divulgación, circunstancia que choca abiertamente contra las previsiones de los tratados anticorrupción suscritos por la Argentina. En los hechos, los tucumanos no pueden controlar la evolución del patrimonio de sus gobernantes como sí sucede en la órbita nacional y en un número creciente de distritos provinciales.

Abundantes proyectos de ley han intentado infructuosamente cubrir este vacío, la mayoría de autoría de la oposición -como el que presentó José María Canelada el 2 de enero- y de entidades intermedias. “Nosotros hemos estudiado las legislaciones más avanzadas e incorporado el nepotismo como motor principal”, explicó ayer Pecci. Bussi por su parte confirmó que la iniciativa tiene el apoyo de los restantes miembros de su bloque: José Horacio Vermal, Mario Casali, Juan Roberto Rojas, Sandra Orquera y Paulo Gabriel Ternavasio. Los autores del proyecto manifestaron: “la ética debiera estar impresa en cada persona, pero la realidad nos muestra que, particularmente en el ámbito público, esto no es así. Somos conscientes de que una norma debe ser complementada con educación”.