Como era de esperarse, se agravó. El número de contagiados es mucho mayor que lo que se cree. El virus se ha metido de lleno en medio de la sociedad y, sin ningún miramiento, hace de las suyas. Ya hace unos 10 días la prensa había anunciado que las cosas iban a empeorar. Se había advertido que podrían aparecer nuevos afectados. Lo curioso sigue siendo que a las principales autoridades de esta provincia no les afecte tanto. Es como si les pareciera normal convivir con el virus. ¿Se habrán acostumbrado? Tanto es así que hasta daría la sensación de que si alguien termina contagiado, sus propios pares también van a a querer que el virus ingrese en sus cuerpos. No es solidaridad, precisamente. El mensaje que transmiten es que quien no tiene el virus, pierde. Y esta semana que se fue para no volver nunca jamás ha dejado nuevo casos que sin dudas hacen daño. También se ha detectado que, a medida que aparecen más personas afectadas, se empiezan a detectar nuevos síntomas, como si fuera mutando.
El virus de la parentela es así. Lleva más de 100 años adherido en diferentes instituciones y aún no encuentran su cura. El domingo pasado se conoció que el Ministro Público para la Defensa había sido afectado. Washington Navarro Dávila había determinado el ascenso de su hija. Lo llamativo de cómo afecta de diferente manera el virus de la parentela es que en este caso, por las dudas no haya quedado clara su decisión, al cabo de ocho meses volvió a ascender a su hija.
El virus de la parentela no hace perder ni el gusto ni el olfato, pero indudablemente, al ver que otros adhieren a él, en el acto se trata de imitar a los contagiados. Una especie de desvergüenza y desinterés por el ejemplo ético. Ese es tal vez el peor de los síntomas que se ha registrado en los casos detectados. No hay vacunas para frenarlo ni hisopos para detectarlo. Tampoco hay algún medicamento raro para lograr que no se propague más. Lo que está claro es que a este mal centenario prácticamente nadie quiere detenerlo porque las cuestiones éticas están devaluadas en la provincia. Y ni hablar en las altas esferas de los distintos poderes del Estado.
Al igual que el coronavirus, el virus de la parentela les provoca a los que no lo han adquirido miedo, inseguridad, desconfianza, pero también vergüenza, bronca y hasta injusticia. A diferencia de la pandemia mundial que nos paraliza, este virus provincial que atrasa instituciones podría ser controlado. Sólo hay que querer hacerlo. El problema es encontrar quiénes lo hagan.
Al ascenso vertiginoso se le sumó otro síntoma inesperado: el oscurantismo. Al ministerio público se le cayó este último adjetivo. Curiosamente, en este promocionado siglo de la transparencia y de la digitalización de datos, no fue fácil encontrar los dos ascensos de los que se hablaba en los pasillos tribunalicios. Lamentablemente, no estaban a la vista de cualquiera. Fuentes de la periodista Irene Benito hicieron aparecer los decretos firmados por el mismo Navarro Dávila, que así quedó como si estuviera a la misma altura de tres vocales de la Corte, Antonio Estofán, Daniel Posse y Claudia Sbdar, que hicieron algo parecido. Sin embargo, el ministro de la Defensa, a diferencia de aquellos, firmó en el documento donde estaba el nombre de su familiar cuando el artículo ocho de la ley 4.735 (Ley Procesal de Procedimiento Administrativo) invita a que los agentes se excusen cuando tengan cierto grado de parentesco.
El virus de la parentela no exige tapabocas porque en realidad silencia a los contagiados. Y, en general, también calla a quienes podrían encontrar alguna cura. Pudieron hablar abogados y miembros de las entidades que los tienen colegiados. En cambio, no lo hizo el Círculo de Magistrados y, con su silencio, hace presuponer su aval a la circulación comunitaria del virus.
Y el peor de los males es el de la innecesaria justificación. Según sostienen los afectados, el primer propalador del mal es la prensa. Es por culpa de ella que circula el virus. A la hora de dar explicaciones de cómo se contagiaron, los funcionarios públicos, las dan en privado. “¿En quién se va a confiar más que en un familiar para atender cosas tan importantes?”. “Son personas capaces y resulta que por ser parientes no van a poder progresar”. “¿Qué tiene de malo? Se hace en todos los poderes”. “Se critica porque no tienen la oportunidad, pero si la tuvieran, lo harían”. “Se busca dañar la institución pública”.
La victimización disimula las fallas en la ética. Justificativos como estos traen a la memoria cuando los gobernantes convertían el living de su casa en despachos de la Casa de Gobierno. O cuando declaran “yo les pago el sueldo a los estatales”. Patrañas. Sólo es una confusión en la que mezclan lo público con lo privado. En este andarivel de la vida, seguramente nadie podrá refutar a padres que ayudan a progresar a sus hijos y a que estos encuentren su destino. Sin embargo, cuando lo hacen, olvidan sus responsabilidades públicas y los perjuicios que este incumplimiento genera en las instituciones en las que confía la ciudadanía.
Sin dudas, son valores pecuniarios los que prevalecen en la vida pública y privada. Sus exigencias y prevalencias dejan en los baúles aquellos otros que enriquecen nuestra democracia y sus libertades y el respeto al prójimo. El individualismo alimenta y engorda a una sociedad agrietada. Tal vez por eso los actores centrales de la vida pública (legisladores, concejales, funcionarios en general) viven preocupados por sus imágenes en Facebook, Instagram, Twitter u otros espejos, antes que en revisar el deterioro de la imagen de la sociedad que les da poder.
Carlos Páez de la Torre (h) nos dejó aquel libro titulado “Pedes in Terra, ad sidera visus” en el que desarrolla la vida y obra de Juan B. Terán. En la página 474, el extrañado Carlos escribe un pensamiento del protagonista: “El signo de los grandes hombres de Estado es la capacidad de abdicar a una ventaja o de un triunfo cuando puede importar una aflicción para su sociedad”.
Como el Barcelona
Pero que la parentela no nos tape el bosque. Volvamos al coronavirus. No hace mucho tiempo, Tucumán era un ejemplo. Un “relojito” que funcionaba con precisión. El gobernador de la provincia declaraba con tranquilidad “de este tema algo sé” y conducía el proceso de control del virus con destreza. Sus principales espadachines sonreían y, de a poco, se fueron convirtiendo en un ejemplo en el país. La pandemia estaba bajo control.
El miércoles pasado por la noche se terminaron las sonrisas. Los rostros endurecieron sus gestos y empezó a escribirse una nueva historia. Por estas horas, están como el Barcelona, que presumía de sus figuras y sus destrezas y el viernes terminó ahogado en su impotencia. El gobierno espera que aparezca cuanto antes la vacuna del amigo Hugo Sigman o de quién sea y que el partido termine lo más rápido posible.
En aquellos comienzos de la cuarentena, Manzur, la ministra Rossana Chahla y su escuadrón administraron la provincia y se convirtieron en maestros de ceremonia de la Capital. Por la trascendencia que tiene este distrito, que concentra la mayoría de las actividades y de los ciudadanos, o por la cautelosa actitud del intendente que necesitaba recomponer su relación con el gobernador y conseguir fondos, el protagonismo de Germán Alfaro respecto de la pandemia quedó reducido al de un actor de reparto. No pasó eso en los demás municipios ni en las delegaciones comunales.
Después de seis meses, el lord mayor de San Miguel de Tucumán se vio obligado a cambiar e hizo entrar a la cancha a su figura principal, el secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza. Hasta entonces, la Municipalidad asomaba mediante los operativos del tierno responsable del tránsito, Enrique Fernando Romero. En este despertar municipal se cerraron plazas y accesos de la ciudad para intentar ponerle un freno al escurridizo virus que enferma de covid-19. Hasta ahora, fue el propio vicegobernador Osvaldo Jaldo quien se enojó cuando los bancos no dieron abasto o la Policía provincial cerraba las calles. Con eso alcanzaba. Ahora, no. La Capital tiene demasiados contagiados y está obligada a tomar más decisiones.
Un mal negocio
Precisamente, una de las decisiones del intendente terminó siendo el justificativo de una discusión inesperada en la ciudad. Alfaro había extendido la posibilidad de que los comercios atiendan unas horas más en el microcentro, donde los negocios famélicos ven hasta una competencia desleal con los shoppings. La medida fue violentamente rechazada por el gremio mercantil que no pudo recurrir ni al diálogo ni al entendimiento y terminó a las piñas y a las patadas frente a los locales que, además de ajustarse a las medidas municipales, trataban de respirar en medio del peor ahogo económico.
El trabajo debiera ser fuente de unión para una sociedad productiva y no el justificativo para que la agresividad y los golpes caminen por el microcentro.
La prepotencia nunca será un buen negocio.
