Panorama Tucumano: aunque no lo veamos, siempre está

Panorama Tucumano: aunque no lo veamos, siempre está

La amenaza de la covid-19 ha dado a Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales provinciales, una excusa inmejorable para mover los hilos por arriba de la escena, arte en el que no tiene rival. El ministro público fiscal se esfumó cuando la cuarentena entró en “Trucumán”. Coherente con su aversión a la publicidad, omitió informar a la comunidad a la que se supone que sirve los motivos por los que se guardaba. En el foro dieron por hecho que a los 75 años no está para exponerse a la pandemia, pero la resolución en la que se autoexime de cumplir funciones no ha sido divulgada de modo oficial, como ninguna de las resoluciones que emite su Ministerio encargado de representar los intereses de la sociedad en la Justicia. El secretismo cunde pese a que, tres años atrás, cuando la Legislatura borró de facto el artículo 121 de la Constitución y le dio superpoderes, Jiménez había anunciado que iba a difundir sus decisiones sin excepción. “Estamos trabajando en eso. Nuestro eje es que sea totalmente transparente y público, y que todo el mundo pueda conocer lo que hacemos en gastos, designaciones, dictámenes...”, había afirmado en una entrevista del 10 de marzo de 2017. Si el gerundio “trabajando” hablara, ¡cuántas fábulas narraría!

Aunque no lo veamos y alguno de los integrantes de su staff coloque la firma a las resoluciones contadas que trascienden, el enigmático superior de los fiscales siempre está, incluso por su forma de ausentarse. Si un marciano tuviese la fortuna de aterrizar en estos pagos, precisaría un curso para entender que Daniel Marranzino no es el ministro fiscal aunque se parece físicamente a aquel y actúe como tal. Sumados a que al Ministerio Público Fiscal nada tiene de público, aquellos datos bastarían para persuadir a la criatura de Marte que mejor tomar las de Villadiego antes que intentar comprender la democracia republicana que practican estos terrícolas tan orgullosos de haber acunado la Declaración de la Independencia argentina.

Otra lección para la exploración del marciano: los descendientes de los que en 1816 rompieron con la monarquía lucen empeñados en instaurar un califato feudal en 2020. La crisis sanitaria impide a Jiménez rubricar las resoluciones, pero no seguir colocando ladrillos en esa pirámide fabulosa de nepotismo que edifica desde los años 90. La última ampliación de este consorcio de parientes y allegados que ocupa lugares clave del sistema judicial y del Estado es el nombramiento discrecional de la abogada Ana Lucía Jiménez, hija del jefe de los fiscales, en la Unidad Ejecutora Provincial a cargo de Franco Morelli, hijo a la vez del ex intendente de Concepción y legislador oficialista Osvaldo Morelli. El gobernador Juan Manzur sumó a Ana Lucía Jiménez a su equipo el 23 de junio, un día antes de que empezara la audiencia virtual encabezada por el juez Guillermo Acosta que derivó en el sobreseimiento de los Morelli respecto de una denuncia de supuestos hechos de corrupción. Acosta justificó su decisión en la inacción en general de los acusadores y, en especial, del fiscal regional Mariano Fernández, a quien fustigó con términos flamígeros. La desacreditación incendiaria no generó reacciones en el organismo que integra Fernández: ni salieron a defenderlo ni, que se sepa -¿cómo saberlo?-, abrieron un sumario para esclarecer los hechos ventilados por Acosta. Según el legislador radical José María Canelada, todo quedó aclarado en el Boletín Oficial del 8 de julio, que publicita la incorporación de Ana Lucía Jiménez a la repartición de Franco Morelli. “El sobreseimiento es una obscena devolución de favores”, dijo Canelada.

Aunque el legislador Federico Masso (Libres del Sur) también cuestionó la herida que inflige al republicanismo este nuevo nombramiento dispuesto en una crisis colosal, la confusión entre los Jiménez y el Poder Ejecutivo se remonta a cuando el enclaustrado jefe de los fiscales era funcionario de la gestión de Ramón Bautista Ortega. El fenómeno produjo dos hitos: el salto del propio Jiménez del Ministerio de Gobierno y Justicia de las administraciones de José Alperovich al Ministerio Público Fiscal en 2014, y el salto de su sobrina Eleonora Rodríguez Campos de la Fiscalía de Estado de Manzur a la Corte Suprema en 2019. Por aquellas manos pasó el mayor número de cobertura de vacantes judiciales de la historia: el tío inició un camino que Rodríguez Campos continúa desde la presidencia del Consejo Asesor de la Magistratura, aunque es cierto que cultiva un estilo propio, como denota su voto disidente a favor de la destitución de Juan Cipriani, juez de Paz de Gonzalo (Trancas). Difícil encontrar una arquitectura de poder familiar semejante en la Argentina. Es tal la naturalización que nadie se inmutó cuando Manzur nombró a Reinaldo Jiménez, primogénito del jefe de los fiscales, como su secretario de Acción Política, función que ejerce en la cartera de la ministra Carolina Vargas Aignasse.

Esa masa de cargos concentrada con lógica clánica no sólo generó las sospechas -verbalizadas por Canelada y Masso- de destrucción de la necesaria imparcialidad que requiere la sustanciación de los procesos judiciales que atañen a los poderosos y de su impunidad, sino también las acusaciones de uso del fuero penal con fines extorsivos que explicitaron el Colegio de Abogados de la Capital y Roxana Teves, denunciante de Ana Lucía Jiménez; de su hermano Edmundo Javier Jiménez y del padre de ambos. Por supuesto que tales causas jamás fueron esclarecidas y que el juez Juan Francisco Pisa intervino -con la declaración de una nulidad de oficio- para impedir el juicio oral que exige Teves. Pero la idea del “carpetazo” y de la represalia sigue vigente: el propio fiscal Claudio Bonari lo deslizó la semana pasada en el altercado que mantuvo con su par Ignacio López Bustos y que derivó en una denuncia de amenazas. El responsable del Ministerio Fiscal volvió a guardar silencio, como antes lo había hecho con los ataques que el intendente taficeño Javier Noguera (PJ) dirigió al fiscal Diego López Ávila y con las municiones que el juez Acosta lanzó a Fernández. Es un gesto que combina con la trayectoria de Jiménez, a quien es fácil imaginar “encuarentenado” con su gioconda sonrisa.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios