Panorama Tucumano: la Justicia como fábrica de irritación

Tocó un pico el malestar con la zona más sensible del Poder Judicial de “Trucumán”, el fuero penal en su faceta de procesador de los conflictos que atañen a los que mandan. El enojo respecto de la tramitación de las denuncias de corrupción apareció tanto en la capital como en Concepción. Una “extraña casualidad”, como la llamó el juez Guillermo Acosta, permitió corroborar que de nada sirve remodelar los procedimientos si los seres humanos son los mismos. Se derrumbó así la expectativa de que el Código de 2016 vigente en la ciudad del sur desde mayo de 2019 sea más eficaz que el de 1991 -todavía rige en San Miguel de Tucumán y en Monteros- para esclarecer los posibles hechos delictivos relativos al manejo del erario. Cambian las reglas, pero no los resultados, y eso que lo primero sucedió con el fin de fortalecer la dilucidación de las acusaciones graves.

El fastidio creciente guarda correspondencia con un fracaso tan recurrente como inocultable. La declamación de la indignación une a jueces, fiscales, imputados, querellantes y a la ciudadanía, pero la fabricación de desigualdad ante la ley permanece inalterable. Así como el lunes el intendente taficeño Javier Noguera (PJ) descargó su rabia contra el fiscal Diego López Ávila y, luego, discutió los llamados al orden que le había formulado el camarista Enrique Pedicone, el martes Acosta dedicó casi dos horas y media a desarrollar su enojo con el secretario de Gobierno de Concepción, Julio César Herrera (UCR), y, en especial, con el fiscal regional Mariano Fernández por la actuación que desplegaron en la causa contra el legislador oficialista Osvaldo Morelli y su hijo, el funcionario provincial Franco Morelli. Aunque Pedicone anuló el sobreseimiento que la jueza Carolina Ballesteros había otorgado a Noguera y Acosta declaró la inocencia de los Morelli, ambos pronunciamientos proyectaron igual impotencia. Las cuestiones formales impiden llegar al fondo de los sucesos y consiguen que la discusión vire hacia los déficits de la Justicia, lo que abona su ya proverbial descrédito.

A la asimetría preexistente entre un denunciado común y uno con fueros se sumó la diferencia de criterio de las jurisdicciones. En la capital, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción a cargo de Pedicone consideró que admitir que había transcurrido el plazo razonable para investigar a Noguera en el ámbito de un caso abierto en 2017 detonaría los Tribunales porque el 99,9% de las causas superan los tiempos previstos en el Código y una posición coherente obligaría a emitir ceses masivos de privaciones de la libertad. En Concepción, Acosta expresó que él debía limitarse a constatar el transcurso del término legal de seis meses para declarar la inocencia tanto de un supuesto autor de un robo multimillonario como del presunto perpetrador de un hurto insignificante. La pregunta es por qué lo último no sucede: daría la impresión de que en el sur hay defensas de primera, como la de los Morelli, y otras que permiten que la Justicia justifique su existencia mediante la persecución de los marginales adictos. Es lo que la doctrina conoce como selectividad manifiesta: la criminalización de los pobres y la impunidad de los que pueden pagarse un abogado caro.

Otros matices alimentaron la insatisfacción. Pedicone convocó a una audiencia presencial y, sin tomarse ni cinco minutos para ir al baño, resolvió todo en un mismo acto: desde el planteo de reposición que había presentado la Fiscalía de Estado para manifestar su desinterés en el caso de Noguera hasta el recurso de apelación “traspapelado” en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 deducido por López Ávila contra el sobreseimiento que emitió Ballesteros. Acosta, en cambio, precisó de casi una semana para fallar a favor de los Morelli y usó la modalidad vidriosa de la audiencia virtual, que no ofrece garantías respecto de lo que sucede fuera de la filmación -tal vez incómodo por el contraste, el juez dijo el martes que le hubiese gustado un “cara a cara”-. Además, leyó gran parte de su pronunciamiento; sacó una copia de las actuaciones de la galera y, al final y según acotó, terminó mareado por los papeles hasta el punto de que tuvo que disponer un receso. Se suponía que el nuevo Código venía a destruir todo eso: no sólo eliminaba el expediente, sino que procuraba erradicar las especulaciones derivadas de la falta de inmediatez entre el juez y las partes, y de impedir ese tráfico de influencias mal llamado “alegato de oreja” que perfora la independencia judicial. Es lo que se cansaron de decir los promotores de la reforma y lo que establece el artículo 2 del digesto de 2016. Ahí se ve, otra vez, cómo lo viejo subsiste en lo novedoso ante el silencio funcional de los apóstoles del cambio.

Hay que ver qué hacen Jorge Carrasco, Edgardo Sánchez y Paul Hofer, jueces de Impugnación de Concepción, con las molestias que desarrolló Acosta, quien sugirió un eventual encubrimiento en la actitud del fiscal Fernández en el proceso de los Morelli, además de una deslealtad procesal, pero no formalizó la denuncia a la que está obligado como funcionario público. La causa de Noguera pondrá en aprietos a los vocales de la Corte Suprema: apegado a la creencia de que el sobreseimiento es cosa juzgada más allá de que Ballesteros haya admitido un error de notificación, el defensor particular Sebastián Herrera Prieto anticipó que será fácil revertir la decisión de Pedicone. ¿Qué hará Carlos Saltor, fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones? ¿Se animará a recurrir la sentencia que hizo lugar a la posición de su par López Ávila y que el propio Saltor apoyó al decir que no existía en la provincia antecedente jurisprudencial alguno como el que beneficiaba al intendente taficeño? No es un detalle nimio en virtud del disgusto que generó Pedicone en las altísimas esferas del poder cuando muy al pasar mencionó la cosa juzgada írrita, esa construcción que defiende la revisión de las declaraciones de inocencia firmes otorgadas sin la pesquisa debida. ¿Otra digresión de un magistrado impredecible, desliz o mensaje? A algunos de los más enfadados por el fallo los desvela el significado concreto de aquellas tres palabras y hay príncipes del foro convencidos de que ello activará una reacción de antología.