“¡Viva la desigualdad!”

29 Jun 2020 Por Irene Benito

Con sus palabras y a su manera, los fiscales Mariano Fernández y Diego López Ávila coincidieron la semana pasada en la verbalización de lo difícil que resulta investigar la corrupción en “Trucumán”. Fernández dio cuenta de ese trastorno en el ámbito de una de las denuncias que objetan la gestión del ex intendente de Concepción y legislador oficialista, Osvaldo Morelli. López Ávila detalló los escollos en el recurso de apelación que había interpuesto el 30 de diciembre en la causa que atañe al intendente oficialista de Tafí Viejo, Javier Noguera: la impugnación “apareció” el miércoles, luego de que el secretario del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de esta capital, Daniel Clemente, admitiera que se “encontraba traspapelada”. Los fiscales insistieron tanto que entrelíneas quedó la percepción de que la dificultad debe ser leída como una imposibilidad granítica. Estas confesiones llevan a conjeturar que los motoarrebatadores le erraron al rubro criminal: se ahorrarían muchas horas de cárcel y comisaría si, en vez de asaltar a peatones, se dedicaran a ser corruptos. Por ejemplo, el ladrón atrapado por la Policía en la calle, Walter Nadal, hasta habría conservado su vida.

Aunque el intendente Noguera dijo que había sido escarbado del derecho y del revés, y que López Ávila no había podido encontrar ni una sola prueba de los supuestos delitos denunciados en 2016 por el ex contador general municipal Juan Antonio González, el fiscal narró que había chocado contra numerosas falencias técnicas y dilaciones, y que aún no había sido verificado el estado contable de los fondos públicos de Tafí Viejo. En el caso de Morelli, y de su hijo y flamante director de la Unidad Ejecutora Provincial, Franco Morelli, la Justicia local no llegó a practicar medidas investigativas: según el querellante y secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera, “los denunciados quieren terminar el partido antes de poner la pelota en movimiento”.

Tanto en el proceso de Noguera como en el de Morelli está en discusión la posibilidad de clausurar las investigaciones por el transcurso del plazo razonable para desarrollarlas. Este instituto es una creación doctrinaria que pretende impedir la prolongación indefinida del “estado de sospecha” que presupone la hipótesis de una causa penal eterna. La idea del “plazo razonable” para investigar procede de la garantía constitucional del debido proceso. Esta construcción jurídica apropiada para impedir los abusos de la inquisición choca contra la cláusula del Código Penal que establece que el ejercicio de la función pública interrumpe la prescripción de la acción para esclarecer los hechos delictivos, supuesto que comprende a Noguera y a Morelli. Esa excepción está fundada, justamente, en la presunción de que no es igual investigar a un carterista que a un funcionario del Estado porque el segundo dispone, a priori, de resortes y palancas inasequibles para el primero, cuya activación sería suficiente para obtener una declaración de inocencia por el mero paso del tiempo. La contrapartida de ese tratamiento diferenciado respecto de la prescripción son los fueros acordados a determinadas autoridades (como Noguera y Morelli), que desde el punto de vista práctico importan restricciones para los acusadores, en especial en cuanto a la realización de medidas coercitivas (allanamientos y detenciones) que requieran el auxilio de la fuerza pública.

Los fueros se han manifestado como una barrera cuasi inexpugnable para los Tribunales de esta provincia. Sobran los dedos de una mano para contar las investigaciones jurisdiccionales (procedimientos especiales a cargo de un juez por la existencia de estos privilegios constitucionales) que prosperaron con el Código Procesal Penal de 1991: una es la causa del ex intendente tafinisto y legislador oficialista Jorge Yapura Astorga que llevó adelante el magistrado Mario Velázquez. Siete jueces -incluidos tres de la Corte- dijeron que Yapura Astorga debía ser juzgado, pero el expediente todavía no llega a juicio oral entre otros motivos porque -¡adivina adivinador!- la defensa adujo el vencimiento del plazo razonable. En el caso de Morelli, el juez Guillermo Acosta abrió una investigación jurisdiccional en septiembre de 2018 que nunca se movió, según constataron las juezas Cecilia Tasquer y Patricia Carugatti, y, luego, el proceso pasó a la oficina del fiscal Fernández para que lo adecue al Código Procesal Penal de 2016 en vigor en Concepción desde mayo de 2019. En esa inactividad se basó el defensor particular Pedro Brito para peticionar el sobreseimiento de sus clientes. Si Acosta hace lugar al pedido, la Justicia no sólo clausurará el partido antes de que este comience, sino que anotará un gol en contra puesto que una porción de la responsabilidad de investigar le corresponde al propio juez por las disposiciones del antiguo procedimiento jurisdiccional. El “árbitro” anunciará el fallo este martes.

Un día antes, o sea hoy, habrá una contienda “para alquilar balcones”, como dice el lugar común, entre la defensa de Noguera, la jueza Carolina Ballesteros (Nº5) y el fiscal López Ávila en la audiencia oral, pública y presencial convocada por el camarista Enrique Pedicone. Siempre que el fiscal Carlos Saltor sostenga el recurso de apelación, en la sala convergerán estas dos visiones encontradas: Ballesteros consideró que tiene asidero el argumento del vencimiento del plazo razonable y sobreseyó al intendente mientras que López Ávila, además de recordar las consabidas complejidades que demoran a esta clase de pesquisas, dictaminó que la jueza incurrió en una contradicción puesto que ella debía investigar al funcionario, otra vez por imperio de las reglas del procedimiento jurisdiccional. No sólo eso: el fiscal achacó a Ballesteros la obstaculización del proceso y que nada dijo sobre los ediles del período 2015-2019 denunciados junto a Noguera, quienes no gozan de fueros. En la misma posición están los agentes municipales de Concepción involucrados en la causa de Acosta. Para estos seguiría en marcha la investigación tachada de vulnerar el plazo razonable. Si quisieran y con todo el derecho del mundo, ellos y los demás imputados comunes de esta provincia podrían gritar “¡viva la desigualdad!”.

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