Tras el dictado de la "Ley Micaela", el bussismo ratifica su pedido por la objeción de conciencia

Tras el dictado de la "Ley Micaela", el bussismo ratifica su pedido por la objeción de conciencia

La legisladora Nadima Pecci instó a sancionar un proyecto de ley impulsado por FR.

Nadima Pecci, legisladora por Fuerza Republicana. Nadima Pecci, legisladora por Fuerza Republicana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
23 Junio 2020

La vicepresidenta del bloque de Fuerza Republicana (FR) en la Legislatura, Nadima Pecci, instó a que el cuerpo colegiado trate un proyecto firmado por todo el bussismo para "amparar el ejercicio del derecho humano a la objeción de conciencia".

Si bien la iniciativa fue presentada el 20 de mayo, el requerimiento de Pecci surge días después de que el Poder Legislativo implementó por primera vez la "Ley Micaela", que establece la capacitación obligatoria en materia de género entre los agentes del Estado provincial.

La semana pasada, los legisladores y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, asistieron al primer taller con contenidos elaborados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y por la Universidad San Pablo-T.

En mayo, cuando se aprobó la adhesión a la "Ley Micaela", el bloque republicano votó en contra, por considerar que la normativa estaba "ideologizada". Tras la capacitación inicial, legisladores de ese espacio se expresaron también de manera crítica a través de las redes sociales.

"Hoy, tristemente, somos testigos de un embate furibundo e irracional contra la objeción de conciencia, que es un derecho humano fundamental consagrado por la Constitución Nacional mediante la incorporación de sendos tratados de Derechos Humanos. Nuestra organización jurídica y administrativa debe ajustarse al respeto de su más amplio ejercicio, sólo con el límite racional de no afectar en forma clara y en el caso concreto derechos de mayor jerarquía", señaló Pecci en un texto enviado a LA GACETA.

En ese sentido, instó a debatir el proyecto del bussismo "para amparar el ejercicio del derecho humano fundamental de objeción de consciencia, previniendo la persecución directa a los objetores, o de forma indirecta, mediante presiones a las instituciones o autoridades que tengan los contengan".

"Un Estado que no protege y garantiza el ejercicio de un derecho tan fundamental no pude llamarse estado de derecho ni mucho menos, democrático", reflexionó Pecci.

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