Múltiples pedidos de adhesión y de rechazo a la “Ley Micaela”

Las manifestaciones en rechazo y a favor de que la Provincia adhiera a la “Ley Micaela” se multiplican en la Mesa de Entradas de la Legislatura. El debate verbal entre los legisladores tendrá lugar en la sesión de mañana, a partir de las 8.30. Por escrito, en cambio, lleva semanas el “enfrentamiento” entre distintos sectores por la norma (N° 27.499) que prevé la capacitación obligatoria en violencia contra la mujer entre la totalidad de los agentes de los tres poderes del Estado, pero también en materia de género. Ese es precisamente el contrapunto en ley.

Estos contrastes se evidenciaron también ayer en el trabajo de la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, que preside la legisladora oficialista Marta Najar. El voto mayoritario se inclinó por el proyecto peronista, que ya tenía la firma de 35 de los 49 legisladores. Sin embargo, recibió dictamen de minoría la iniciativa de Nadima Pecci (Fuerza Republicana), que propone una ley alternativa, sin adhesión a la norma federal y sin incluir capacitación en materia de género. El respaldo fue logrado a través de la bussista Sandra Orquera, secretaria de la comisión y vicepresidenta segunda de la Legislatura. Así, ambas iniciativas llegarán al Recinto.

Desde que desde la Cámara adelantó su intención de debatir el tema (Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley), se alzaron las voces, a favor y en contra, y se bajaron teclas para crear notas con tintes verdes y celestes. La mayoría fueron textos dirigidos al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Ayer, por ejemplo, hubo presentaciones en respaldo de la adhesión lisa y llana de parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y Barrios de Pie, entre otros. Días atrás lo hicieron decenas de agrupaciones sociales, feministas, profesionales e instituciones de derechos humanos, de Tucumán y de otras provincias, hasta una veintena de diputadas nacionales.

Quienes consideran que la ley impone una ideología, a su vez, hicieron decenas de presentaciones. La Asociación Civil Médicos por la Vida Tucumán, por ejemplo, expuso días atrás que la ley “sólo busca impone en forma autoritaria y coercitiva a los trabajadores del Estado una capacitación mandada por un poder centralizado de un contenido fuertemente ideologizado, ajeno a la idiosincrasia local, violando numerosos derechos humanos universales”. Y en otras notas, como las de la asociación civil Profesionales Argentinos en Defensa de los Derechos Humanos, se recordó que “Tucumán ha sido declarada provincia provida por la Legislatura el 2 de agosto de 2018, mientras que esa ley prevé, entre otras cosas al aborto como un supuesto derecho a de la mujer”.

El ex concejal macrista de Yerba Buena, el abogado Javier Jantus, también hizo una presentación donde destaca el combatir la violencia contra la mujer, pero rechaza la adhesión. “El objetivo principal y subrepticio de la ley nacional es otro. Es la imposición de una ideología de origen extranjero y ajena a las bases de los partidos políticos mayoritarios y tradicionales de Argentina”, expuso.