17 Mayo 2020
Los tucumanos en poco más de 15 días se dieron de bruces con una de sus mayores pesadillas: la inseguridad. Con la flexibilización de la cuarentena, los índices de delitos y de homicidios se dispararon rápidamente. Nuestra sociedad vivió más de 40 días una especie fantasía. Una provincia sitiada por retenes policiales y centenares de efectivos de las fuerzas provinciales y nacionales realizando tareas de control. A esa poco común experiencia, se le debería agregar que el aislamiento preventivo obligatorio obligó a las potenciales víctimas y a los victimarios a quedarse en casa. Pocos entendieron que esa situación era excepcional y que, a medida de que se fueran levantando las restricciones, la realidad volvería.
Y la realidad es dura porque en pocos días quedó demostrado que por la falta de recursos humanos y de medios, la Policía no podrá tener la misma presencia en las calles como sí lo hizo durante la etapa más dura de la cuarentena. El tiempo pasa y el Poder Ejecutivo sigue sin poder nombrar a las promociones 2018 y 2019 de agentes y suboficiales que fueron preparados para ingresar en la fuerza. Son los hombres con los que supuestamente se pondría en marcha el programa de cuadrículas en la Capital, el plan que habían diseñado los responsables del área de Seguridad para tratar de frenar los crecientes índices de inseguridad y que por la cuarentena quedó guardado en un cajón.
A principio de año, por un decreto que tenía como fin achicar los gastos, el Gobierno congeló la compra de bienes para el Estado. Por ese motivo, las únicas camionetas, vehículos y motos que pasaron a formar parte de la flota de la fuerza fueron las que el Ministerio Público Fiscal les quitó a organizaciones delictivas y las cedió para que se desarrollaran tareas de prevención.
El narcomenudeo está desangrando al sur de la provincia. De los cinco homicidios que se produjeron en lo que va del año, tres tuvieron que ver con la disputa del negocio de la droga. Y uno de estos casos se produjo en el interior del penal de Concepción, donde supuestamente debería ser mucho más fácil luchar contra esta actividad ilícita. En medio de este difícil panorama surge otra dura realidad: ya se están por cumplir siete meses desde que se desarticuló una banda que se dedica al tráfico o comercialización de drogas. Los expedientes se acumulan en la Justicia Federal. Primero fue porque la feria estaba cerca, después por las vacaciones, siguió con el lógico reacomodamiento pos descanso y por último la pandemia. Y está claro que los narcos no frenaron su actividad.
La pandemia no logró paralizar el avance del dictado de la ley con la que se propone frenar el accionar de los motochorros. Todos, pero todos los informes estadísticos dan cuenta que el motoarrebato y el robo de motos son los delitos más comunes en la provincia. Por ese motivo, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse impulsó una norma que consistía en adoptar medidas extremas para buscar solucionar una situación extrema. Pero con el correr de los meses se fue suavizando y ahora realmente no se puede determinar qué se discutirá en el recinto. El jueves, los parlamentarios tendrán la responsabilidad de dictar una norma acorde a las exigencias de la sociedad o dar forma a un nuevo fracaso.
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