SÍMBOLO. El rostro de Chiaro pegado en las pancartas se transformó en una imagen repetida en las marchas de lucha contra la violencia de género.
Tucumán es Tucumán y puede pasar cualquier cosa. La causa del crimen de Marcela Chiaro quedó paralizada pese a los más de siete años que transcurrieron desde el crimen. Y lo peor es que todavía no existe el más mínimo indicio sobre cuándo se desarrollará el debate oral. Ni el cambio del Código Procesal Penal, que obliga a buscar la resolución de causas lo más pronto posible, pudo acelerar el trámite.
“La demora se debe a los planteos de la defensa de Corral. Es un caso que debería haberse resuelto hace mucho. Hay pruebas suficientes para que haya una condena ejemplar, pero todo se complica con el paso del tiempo”, señaló Juan Colombres Garmendia, representante legal de los Chiaro (asumieron el rol de querellantes). “Está demostrado que cuanto más pasan los años, más difícil es que los testigos recuerden todo lo que tienen para decir de lo que observaron. Imagínese usted si se puede acordar de algunos detalles ocurridos hace más de 10 años”, agregó.
SIEMPRE PRESENTES. Las hermanas Roxana y Jaqueline Chiaro recuerdan a su hermana en las marchas de #Niunamenos que se realizan en Esperanza, su ciudad natal. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
Gustavo Morales, defensor de Luis Corral, el principal acusado del crimen, realizó numerosos planteos que duermen en los escritorios de los tribunales de esta provincia y hasta en los de Buenos Aires, donde funcionan las oficinas de la Corte Suprema de Justicia.
“No tengo la culpa de que la etapa de instrucción esté plagada de errores gravísimos cometidos por el fiscal Guillermo Herrera durante la investigación que realizó. Hay cuestiones elementales, como el requerimiento a elevación a juicio, porque no detalló con exactitud datos claves sobre el día que supuestamente la mataron, el lugar y cómo lo hicieron. Por eso llegamos hasta el máximo tribunal del país para que se resolviera”, explicó Morales en una entrevista con LA GACETA.
Los planteos comenzaron a partir de 2015. Además de ese recurso, Morales impugnó por prejuzgamiento al tribunal que debería haber desarrollado el juicio. “La Justicia tampoco designó a través de un sorteo a la nueva sala que debería hacerse cargo del expediente. Eso tampoco es culpa del defensor, a pesar de que la queja presentada en la Corte tiene planteo suspensivo, es decir, no se puede hacer ningún juicio hasta que se resuelva”, detalló.
Morales comentó también que no hay pruebas suficientes para condenar a Corral por el crimen. “La declaración de la otra imputada (Paola Castro) fue realizada por presión del fiscal. Herrera, la primera vez que estuve al frente de ella, le ofreció la libertad a cambio de que inculpara a mi defendido. En la segunda declaración que realizó después de que hallaran el cuerpo directamente la extorsionó para que responsabilizara del hecho al veterinario. Le dijo que le daría el arresto domiciliario si es que decía que él era el autor del homicidio. Y eso sucedió”, relató Morales.
¿Y las pruebas de ADN que se hicieron en la casa de Castro, en la veterinaria y en la camioneta de su defendido?, se le consultó. “También fueron realizadas de manera irregular y se solicitó que sean declaradas nulas, planteo que tampoco se resolvió. Pero en el juicio, si es que se realiza, daré más detalles que demostrarán que todo esto fue armado por un fiscal que actuó mal”, respondió.
Colombres Garmendia les restó importancia a los dichos de su colega: “creo que esos planteos forman parte de una estrategia defensiva para que corra el tiempo. Hay pruebas necesarias para que haya una condena. Hasta hubo una charla informal con la otra parte para que se desarrolle un juicio abreviado, lo que significa un reconocimiento de culpabilidad, pero hasta el momento no se concretó”.
Marcela Chiaro fue asesinada en febrero de 2012. Hasta aquí, y según la investigación que desarrolló el fiscal Guillermo Herrera (ya jubilado), Luis Corral (pareja de Chiaro), con la supuesta colaboración de su amante Paola Castro, habrían sido los autores del crimen que conmocionó al populoso barrio de Villa Amalia, al sur de la capital tucumano.
El caso, que aún sigue impune, tuvo características que lo hicieron particular. Ocurrió cuando la figura del femicidio no existía en el Código Penal de nuestro país. Se utilizaba la figura de homicidio agravado por el vínculo cuando la pareja estaba casada legalmente, es decir con papeles. Las uniones de hecho o la convivencia no eran tenidas en cuenta en esta calificación legal. Chiaro y Corral nunca dieron el sí en un Registro Civil, convivían juntos y hasta habían tenido una hija en común, pero las leyes no contemplaban esa situación.
Este fue uno de los casos con los que comenzaron a visibilizarse la violencia de género y los femicidios en la provincia. Organizada por La Casa de las Mujeres Norma Nassif, la CTA Tucumán, la secretaría de Género de la CTA Nacional, Mumala y otras organizaciones de mujeres, sindicales y sociales y partidos políticos, en julio de 2012 se realizó una marcha en nuestra provincia. El pedido: que se dictaran leyes con el fin de evitar más crímenes de este tipo. El rostro de Marcela estuvo pegado en varias pancartas y fue un símbolo en las columnas participantes de aquella histórica movilización.
LA VÍCTIMA. Marcelo Chiaro era un ingeniera agrónoma que vino a Tucumán para tener un mejor futuro.
Crimen emblemático
“Fue un crimen emblemático en la provincia. No se puede creer la lentitud de la Justicia. Ya pasaron ocho años y no hay ningún indicio de que se desarrolle el juicio. Eso creo que es lo más importante, más allá de las aristas que tuvo el caso”, explicó Vicky Disatnik, referente de La Casa de las Mujeres.
“Hay una cuestión importante para destacar: el asesinato de Marcela movilizó a Villa Amalia. Los vecinos salieron a la calle a reclamar por su esclarecimiento y ahí se tomó conciencia sobre la violencia de género, cuando pocos se atrevían a hablar de este problema”, agregó.
Detrás de la cuestión judicial hubo otras situaciones de las que pocos se enteraron. Entre ellas una pelea legal por la tenencia de Luisina Corral, que hoy tiene 10 años y que terminó cuando la Justicia decidió otorgarle la tutela a la familia Chiaro. “Estos años fueron muy difíciles para ella. Siempre estuvo contenida, pese a otros problemas que surgieron”, comentó Rosana, la hermana de la víctima que se encargó de la crianza de la niña en Esperanza.
Otro de los problemas se conoció hace poco más de tres años. En el fallo de un juzgado de familia también se resolvió un régimen de visitas para la madre del acusado, que también vive en la localidad santafesina de Esperanza, de donde era oriunda Marcela.
EN LEALES. Cinco meses después de su desaparición, trabajadores hallaron en un cañaveral los restos de la joven.
“A los meses de haber recuperado la libertad, Luisiana nos contó que había visto al hermano de su abuelo. Nos llamó la atención y nos contó que tenía una mancha en la cabeza. Nos dimos cuenta que era Luis”, declaró Roxana Chiaro, que está a cargo de la pequeña desde hace varios años.
“Hicimos la denuncia y logramos una prohibición de acercamiento en contra de él. No podíamos creer que, pese que no podía abandonar Tucumán, había viajado a Esperanza. Hicimos todos las presentaciones correspondientes”, destacó Chiaro en una entrevista telefónica que mantuvo con LA GACETA.
La Ley Brisa es una norma que permite a los hijos de las víctimas de femicidios recibir una ayuda económica por parte del Estado. Santa Fe se adhirió a esa norma y los Chiaro hicieron todos los trámites para acceder a esa ayuda. En Tucumán no podrían haber tramitado ese subsidio porque la provincia aún no se adhirió a la norma.
“Con ese dinero podemos afrontar el tratamiento psicológico que está recibiendo Luisina y otras actividades que la ayudan a salir de la pesadilla que vivió. No fue sencillo alcanzar ese benefició, pero se lo consiguió”, comentó Roxana.
Todo sigue
La vida de los imputados también siguió después de haber sido liberados. Corral, con el que se violaron todas las normas vigentes por haber estado detenido casi tres años sin ser enjuiciado, formó pareja con otra mujer con la que habría tenido al menos un hijo. Abrió una veterinaria y decidió predicar el evangelio.
Castro, la supuesta amante del principal sospechoso, siguió viviendo en Tucumán con el hijo que tuvo con el veterinario. Lo único que se supo es que comenzó una demanda contra Corral por pensión alimentaria.
“Estamos en proceso de mediación, pero más que un planteo, estamos ante una extorsión”, explicó Gustavo Morales, defensor del acusado.
El crimen de Marcela tuvo otra complicación: los 700 kilómetros que separan nuestra provincia de Esperanza. “Por problemas económicos dejamos de viajar a Tucumán. Si bien tenemos un abogado en la causa, no es lo es mismo que estar en el lugar moviéndote y peticionando para que se aceleren las cosas”, explicó Roxana.
Disatnik apuntó que este es un caso polémico porque, justamente, la distancia juega en contra. “Las víctimas o sus familiares deben deambular por tribunales exigiendo la aceleración de la causa. Habrá que pensar en recurrir a la figura de amicus curiae, es decir, presentarnos como interesados de que se resuelva este caso”, comentó.
“Pero lo más doloroso es que el paso del tiempo genera el olvido. Me acuerdo de que los vecinos aportaron muchas cosas para que se supiera la verdad. Accedí al pedido y los restos del cuerpo de mi hermana fueron paseados por Villa Amalia y despedidos con una misa en la iglesia del barrio -señaló Roxana-. Pero hoy me entero de que muchas personas que estuvieron allí siguen llevando sus mascotas para que Corral las atienda y eso también duele”.
Las razones de una interminable mora judicial
Tucumán es Tucumán y puede pasar cualquier cosa. La causa del crimen de Marcela Chiaro quedó paralizada pese a los más de siete años que transcurrieron desde el crimen. Y lo peor es que todavía no existe el más mínimo indicio sobre cuándo se desarrollará el debate oral. Ni el cambio del Código Procesal Penal, que obliga a buscar la resolución de causas lo más pronto posible, pudo acelerar el trámite.
“La demora se debe a los planteos de la defensa de Corral. Es un caso que debería haberse resuelto hace mucho. Hay pruebas suficientes para que haya una condena ejemplar, pero todo se complica con el paso del tiempo”, señaló Juan Colombres Garmendia, representante legal de los Chiaro (asumieron el rol de querellantes). “Está demostrado que cuanto más pasan los años, más difícil es que los testigos recuerden todo lo que tienen para decir de lo que observaron. Imagínese usted si se puede acordar de algunos detalles ocurridos hace más de 10 años”, agregó.
Gustavo Morales, defensor de Luis Corral, el principal acusado del crimen, realizó numerosos planteos que duermen en los escritorios de los tribunales de esta provincia y hasta en los de Buenos Aires, donde funcionan las oficinas de la Corte Suprema de Justicia.
“No tengo la culpa de que la etapa de instrucción esté plagada de errores gravísimos cometidos por el fiscal Guillermo Herrera durante la investigación que realizó. Hay cuestiones elementales, como el requerimiento a elevación a juicio, porque no detalló con exactitud datos claves sobre el día que supuestamente la mataron, el lugar y cómo lo hicieron. Por eso llegamos hasta el máximo tribunal del país para que se resolviera”, explicó Morales en una entrevista con LA GACETA.
Los planteos comenzaron a partir de 2015. Además de ese recurso, Morales impugnó por prejuzgamiento al tribunal que debería haber desarrollado el juicio. “La Justicia tampoco designó a través de un sorteo a la nueva sala que debería hacerse cargo del expediente. Eso tampoco es culpa del defensor, a pesar de que la queja presentada en la Corte tiene planteo suspensivo, es decir, no se puede hacer ningún juicio hasta que se resuelva”, detalló.
Morales comentó también que no hay pruebas suficientes para condenar a Corral por el crimen. “La declaración de la otra imputada (Paola Castro) fue realizada por presión del fiscal. Herrera, la primera vez que estuve al frente de ella, le ofreció la libertad a cambio de que inculpara a mi defendido. En la segunda declaración que realizó después de que hallaran el cuerpo directamente la extorsionó para que responsabilizara del hecho al veterinario. Le dijo que le daría el arresto domiciliario si es que decía que él era el autor del homicidio. Y eso sucedió”, relató Morales.
¿Y las pruebas de ADN que se hicieron en la casa de Castro, en la veterinaria y en la camioneta de su defendido?, se le consultó. “También fueron realizadas de manera irregular y se solicitó que sean declaradas nulas, planteo que tampoco se resolvió. Pero en el juicio, si es que se realiza, daré más detalles que demostrarán que todo esto fue armado por un fiscal que actuó mal”, respondió.
Colombres Garmendia les restó importancia a los dichos de su colega: “creo que esos planteos forman parte de una estrategia defensiva para que corra el tiempo. Hay pruebas necesarias para que haya una condena. Hasta hubo una charla informal con la otra parte para que se desarrolle un juicio abreviado, lo que significa un reconocimiento de culpabilidad, pero hasta el momento no se concretó”.
