16 Marzo 2020
LIBERARON AL CÓNSUL
El cónsul general de Japón en San Pablo, Nobuo Okuchi, fue dejado en libertad anoche por el grupo terrorista que lo mantuvo secuestrado desde hace cuatro días para canjearlo por cinco presos políticos brasileños. La liberación del diplomático se produjo varias horas después de que los presos políticos llegaran sanos y salvos a México a bordo de un avión comercial del Brasil. El cónsul llegó a pie hasta su domicilio y fue saludado allí por un gran número de amigos y curiosos. Engrosaban además la multitud decenas de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y agentes de seguridad. Okuchi presentaba signos de fatiga, pero parecía encontrarse en buen estado. El grupo terrorista demoró la liberación del cónsul alegando que la policía mantenía excesivas medidas de vigilancia. La primera noticia que se tuvo del grupo subversivo fue un “comunicado” telefónico a un diario local, emitido horas después de haberse anunciado el arribo de los presos políticos a la capital azteca.
BOLIVIA: PENA DE MUERTE
El gobierno revolucionario del presidente Ovando Candia, se aprestaba a reimplantar la pena de muerte en Bolivia ante el recrudecimiento de la violencia que anteayer costó la vida a un conocido editor de diarios y a su esposa como consecuencia de un atentado terrorista. El ministro de información Alberto Bailey Gutiérrez confirmó que estaba en preparación una medida de esa naturaleza y anticipó que es muy probable que el decreto sea aprobado hoy en una reunión extraordinaria del consejo de ministros. “Estamos a punto de aprobar ese decreto, minuciosamente estudiado por el gobierno”, añadió el ministro. Otro vocero afirmó que el decreto “ya está listo para ser firmado”. La pena de muerte fue abolida en Bolivia hace 9 años. En la actualidad, la pena máxima es la de 30 años de reclusión. La reimplantación de la pena capital sería una de las medidas oficiales tendientes a disimular la ola de críticas de que es objeto el gobierno a raíz del incremento de la violencia
LEY SOBRE EL ABORTO
Mientras arrecian las críticas en contra de la ley que permite las eliminaciones de embarazo en Inglaterra -incluso por parte de los que la propiciaron-, las autoridades revelaron que entre las extranjeras que llegan a Gran Bretaña para aprovechar la facilidad legal, las norteamericanas son las más numerosas. Esta conclusión está basada en cifras oficiales registradas desde 1967, cuando se promulgó la ley. De acuerdo a los estatutos de la norma, cualquier mujer encinta puede dar término al embarazo legalmente mediante la autorización por escrito de dos médicos. Éstos deben certificar que la interrupción conviene a la madre o al hijo nonato por razones físicas, morales o psicológicas. En la práctica, cualquier mujer interesada puede reunir las condiciones necesarias. Hubo debates en la Cámara de los Comunes que giraron en torno a las ganancias excesivas atribuidas a los médicos que administran clínicas de abortos como si se tratara de fábricas de producción en serie.
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