07 Marzo 2020
EL GALPÓN 9. En ese lugar estaban los prisioneros, en el predio del Arsenal.
“Era el día de San Roque”, recuerda Orlando Oscar Palavecino sobre 16 de agosto de 1976, cuando lo secuestraron de su casa, en el sur de la provincia. En esa época vivía en Capinchango y trabajaba como cosechero de caña.
“Ese día nos llevaron a varios. Estaba Ramon Castellano y otros cosecheros, Teodoro Rocha y Tapia, que eran de Santa Lucía. Nos dejaron en la ‘chimenea mota’ y allí nos torturaron”, relata, durante la audiencia en la causa por delitos de tortura, secuestros, asesinatos y abusos sexuales, cometidos durante el Operativo Independencia y la dictadura en Tucumán.
En las sesiones de tortura le preguntaban si conocía “extremistas” y lo acusaban de “andar con ellos”. “Yo era cosechero, no sabía nada de ningún extremista”, afirma, ante los jueces.
Luego los llevaron al Arsenal Miguel de Azcuénaga, el centro de exterminio que funcionaba en un predio del Ejército. “Mi prima, la ‘Ñata’ Monasterio (que figura en relatos de testigos como una de las embarazadas secuestradas). Ella me dijo que era el Arsenal y que la dejaban andar sin vendas (en los ojos)”, cuenta Palavecino.
Durante su cautiverio, pudo hablar con un hombre mayor (en muy mal estado de salud por las torturas) “que era sastre y vivía en el barrio Victoria”, características que coinciden con las de Osbaldo Muñoz, secuestrado el 27 de mayo de 1976. Sus dos hijas habían declarado momentos antes, en la misma audiencia. Los restos de Muñoz fueron identificados en el Pozo de Vargas, en 2016, 40 años después de su desaparición.
Con detalle, Palavecino describe cómo era el galpón del Arsenal donde estaban cautivos, los simulacros de fusilamiento a los que eran sometidos, las ejecuciones y el método para deshacerse de los cuerpos: “Todos los días se escuchaba disparos. Mataban gente y quemaban los cuerpos en en un pozo”, afirmó. En el 2011, un equipo de arqueólogos forenses halló en el lugar una fosa común con huesos que tenían indicios de haber sido quemados, además de restos de material calcinado.
Cuando lo liberaron, Palavecino volvió a Caspinchango, pero al poco tiempo también tuvo que alejarse, cuando lo obligaron a trasladarse a Teniente Berdina, uno de los pueblos creados para reubicar a pobladores de zonas cercanas al cerro, donde se consideraba que actuaban grupos guerrilleros.
Vivir con miedo
Meses antes del secuestro de Palavecino (y lejos del paisaje cañero y de piedemonte) sucedió el de Susana Macor, una estudiante de Zootecnia, egresada de la Escuela Sarmiento, que vivía en en San Miguel de Tucumán.
Desapareció el 27 de mayo de 1976 y fue vista por última vez, en compañía de su esposo, “Parche” Díaz. el hijo de ambos fue entregado a la familia Macor.
Sobre Susana supieron que también estuvo en el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Famaillá, revela su hermana, Patricia Macor. Ella rió a su sobrino como a un hijo y, finalmente, lo adoptó. “Entre tanto dolor, mi hijo Alvaro es un milagro, es mi victoria. Ellos, en cambio, van a tener que responder por lo que hicieron”, manifestó, mirando a los acusados.
El caso de José Almerico, un camionero que trabajaba en la zafra, fue relatado por su hijo, Julio Antonio, que tenía 9 años el 10 de abril de 1976, cuando se lo llevaron de la casa de barrio El Bosque.
Ese día, los secuestradores rodearon la manzana, ingresaron a la fuerza a la casa, le apuntaron con un arma a la cabeza al niño de 9 años, a su hermanita de 1 año y amenazaron con “reventarle la cabeza” a su abuela. Antes de llevarse a José, incendiaron el camión, contó su hijo Julio Antonio. Todavía recuerda las épocas difíciles tras el secuestro: “Mi madre vivía con miedo. La amenazaron para que no siguiera buscando a mi padre porque íbamos a desaparecer todos”. Para los niños de la familia también fueron tiempos duros. “En el barrio y en la escuela, sufrimos mucha discriminación. Éramos los hijos del desaparecido -afirma-. Con 9 años, tuve que salir a trabajar para ayudar en la casa”.
Este es el juicio número 14 en la provincia por delitos de lesa humanidad. La causa tiene a 25 imputados por más de 300 hechos que no prescriben con el tiempo porque atentan contra la humanidad, según la definición del Estatuto de Roma.
Estos delitos incluyen: el exterminio, la desaparición forzada, la tortura, el traslado forzoso, la violación sexual y otros actos inhumanos, “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”, según ese instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
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