Por Hernán Miranda
12 Febrero 2020
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo del vocal Juan Ricardo Acosta, no le dio lugar a la medida cautelar solicitada por Gustavo Salas Correa, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) disidente, para que la Justicia le ordene al Gobierno pagar la cláusula gatillo de diciembre. En una breve sentencia de dos páginas, Acosta entendió que una decisión sobre la nulidad del decreto de austeridad del gobernador, Juan Manzur, demanda un examen más amplio que el que permiten los tiempos de un proceso cautelar.
En consecuencia, por ahora sigue en pie la suspensión de la indexación de los sueldos estatales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año pasado, decretada por Manzur el 6 de enero. Mientras tanto, la movilización de los empleados públicos continúa: ayer por la mañana un grupo de afiliados a ATE bloqueó el acceso a la terminal de colectivos para reclamar por la intransigencia de la Administración provincial. En la protesta, el secretario adjunto de ATE, Jorge Flores, se quejó de lo que, dijo, le parece un diálogo entre sordos: “si hablamos con el vicegobernador (Osvaldo Jaldo), nos dice que esperemos hasta que vuelva el gobernador. Mientras que la ministra de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse) nos pide que tengamos paciencia. Pero los compañeros, cuando cobren el sueldo, se van a dar con la noticia de que están cobrando menos”.
El Gobierno suspendió el pago del último tramo de la cláusula gatillo del año pasado. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía, el reajuste debería haber sido de entre el 10 % y el 12 %, lo que hubiera significado una erogación salarial adicional estimada en $ 850 millones.
El alegato de Salas Correa
Para pedir la medida cautelar, el secretario disidente de ATE acudió a la garantía de uso y disposición de la propiedad privada, establecida en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y a su inviolabilidad, que dispone el 17. También denunció que el gobernador habría emitido una disposición de carácter legislativo sin que medien circunstancias excepcionales, acto prohibido en el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución provincial.
Sin embargo, el fiscal de Estado, Federico Nazur, argumentó que el Ejecutivo no puede erogar ahora el dinero extra que exige la cláusula gatillo. Insistió en el ahora, o sea, en que la dificultad es transitoria y, por lo tanto, no hay una eliminación, sino una suspensión, de la indexación de salarios. Esta distinción resultó clave para que Acosta desestimara la cautelar, de acuerdo con fuentes de la cámara consultadas por LA GACETA. Los gremios especulan que esa situación puede ser una de las pautas en el proceso de negociación del aumento de los salarios estatales previsto para este año. Los sindicatos esperan la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo.
Argumentos
En su fallo el vocal alega que la decisión sobre la constitucionalidad (o no) del decreto acuerdo de Manzur necesita que transcurran todas las etapas de debate y presentación de pruebas establecidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de Tucumán. Sucede que una medida cautelar debe contar con el requisito de verosimilitud del derecho, es decir, con suficiente apariencia de certeza como para convencer, al menos en principio, al juez. Cosa que aquí no ocurrió.
Acosta consideró además que la presentación de Salas Correa no cumple con ese presupuesto ni con el de peligro de demora, de manera que para él no hay urgencia ni riesgo de que el tiempo fruste la justa resolución del caso. Las fuentes judiciales aclararon que el secretario de ATE no alegó que hayan razones de interés público en juego, una condición necesaria para que cumplir con la figura de peligro de demora.
Pedido de recusación
Según denunció Salas Correa, él se enteró de la resolución de Acosta, que lleva fecha del lunes, cuando este diario le pidió un comentario. Más tarde el vocal le habría informado extraoficialmente. En principio, anticipó que volverá a la Justicia y continuará con la causa, en la que actúa de manera individual, como afiliado perjudicado por la suspensión de la cláusula gatillo. “No tenemos conocimiento de nada, con el abogado fuimos el lunes a la sala y nos dijeron que volviéramos el miércoles. Ahora vamos a aplicar hasta las últimas consecuencias porque de esto depende el salario de todos los estatales”, transmitió.
Además, el titular de ATE comunicó que ya pidió la recusación de Acosta y que presentará una revocatoria de su decesión: “lo intimamos porque él representa al Poder Ejecutivo, si a él Manzur lo designó camarista. Según mi abogado, en el dictamen prima el servilismo y la obsecuencia a su jefe, porque no trata la cuestión de fondo”.
Atención restringida en hospitales
Entretanto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas), Adriana Bueno, confirmó que desde hoy y por las próximas 72 horas se restringirá la atención en los hospitales. En una entrevista concedida ayer a Buen Día, el noticiero matutino de LG Play, adelantó que los afiliados de Sitas solo brindarán atención en las urgencias y a los los pacientes internados, y subrayó que no suspenderán la provisión de insulina, medicamentos oncológicos, leche y otros medicamentos para enfermedades crónicas, como la hipertensión y el hipotiroidismo.
Sugerencia
Gustavo Salas Correa, secretario del sector disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado, advirtió que la situación se puede complicar. “¿Para qué destinan tanto dinero a publicidad? Que saquen de ahí y paguen”, recomendó.
Promesa
El vicepresidente 1º de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, transmitió que el Gobierno pagará la cláusula gatillo: “en tres o cuatro meses los tucumanos no van a tener ningún problema de demora en pago de sueldos”.
Advertencia
Carlos Giménez, de la rama docente de la Asociación de Trabajadores del Estado, anunció que mañana los educadores pararán y se movilizarán. El viernes habrá una asamblea para definir cómo continúa la protesta.
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