Lo público y lo privado en un matrimonio en crisis

“La sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a ‘normalizar’ a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente (…). La sociedad se iguala bajo todas las circunstancias, y la victoria de la igualdad en el Mundo Moderno es sólo el reconocimiento legal y político del hecho de que esa sociedad ha conquistado la esfera pública”. Hannah Arendt, La condición humana.

En sus reflexiones sobre lo público y lo privado, la filósofa Hannah Arendt plantea que en la antigua Grecia la esfera de lo doméstico estaba separada de lo público. Entre otras cosas, la economía quedaba en el ámbito de lo privado porque estaba cruzada por relaciones de sometimiento. La política, en cambio, era lo público en tanto ámbito de libertad. Claro está, la política no estaba abierta para todos. Estaba vedada, por ejemplo, para los esclavos. Ellos eran propiedad privada de sus dueños; o -como sagazmente advierte Jürgen Habermas- estaban “privados” de participar de lo público.

Arendt identifica que esto cambia con la modernidad, cuando ya no hay polis griegas ni feudos medievales. Tras la Revolución Norteamericana (1776) y la Revolución Francesa (1789), para darle una ubicación temporal al acontecimiento, surge la sociedad. Entonces, las esferas de lo público y lo privado estallan en sus configuraciones por el emergente fenómeno de lo social.

La actividad económica (inclusive hoy sigue llamándose “actividad privada”, por oposición a la del Estado, que se denomina enteramente “pública”) pasa a ser una preocupación “social”, cuyo interés, por ende, es colectivo. Lo social, entonces, perfora la esfera de lo privado y también la de lo público. Las traspasa. Y entroniza a la igualdad. Para ello, un instante antes, la libertad ya había sido relegada como máxima aspiración, legítima y a la vez utópica, por una cuestión absolutamente pedestre, pero descomunalmente poderosa: la necesidad.

De esos materiales está configurada la coyuntura tucumana desde el comienzo de este abollado 2020. Las necesidades sociales masivas derivadas de la crisis financiera y recesiva de la Argentina han volcado un inédito interés social por la economía de los poderes del Estado, que hasta ahora, a pesar de naturaleza pública, venía siendo administrada de manera -por así decirlo- cuasi privada. El conflicto de fondo está planteado en esa inflexión: la de una sociedad que reclama ahora la publicidad de las cifras estatales, y la de las “comunidades” de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que se ven en problemas cuando los números se hacen públicos, o que se resisten a la publicidad de esos datos, ya sea de manera tácita o expresa.

Malversación de la discrecionalidad

En el brete de esta semana aparece aprisionado el ministro del Interior, Miguel Acevedo, luego de que gracias al público Boletín Oficial de la Provincia se conociera que la Casa de Gobierno ha distribuido $ 374 millones entre los municipios, de lo cual a las administraciones peronistas les ha tocado todo; y a las de la oposición les ha correspondido nada. Luego de cinco días de silencio, durante los que LA GACETA le solicitó que explicara el criterio para esta asignación de fondos no reintegrables, el funcionario brindó una conferencia de prensa en la cual sostuvo que, como durante el macrismo las municipalidades de Cambiemos recibían más recursos federales que las del PJ, la provincia ha buscado ahora compensar esa disparidad con fondos provinciales.

Sorprende a esta altura de la democracia que un ministro pueda afirmar públicamente que la filiación política es la que determina el merecimiento de los premios y los castigos de un Gobierno. Sorprende todavía más que se ignore que en los municipios circunstancialmente administrados por opositores a la Casa de Gobierno conviven radicales, peronistas, macristas y vecinos de todas las demás ideologías, sin que se les asigne mayor o menor carga fiscal según su ficha de afiliación. Sorprende sobremanera que nadie haya dicho nada, nunca, en ninguno de los tres poderes del Estado respecto de semejante afirmación. Pero por sobre todas las cuestiones, sobresale la desnaturalización del concepto de discrecionalidad del Estado.

Angustias de anormalidad

Como dice Arendt, la sociedad espera de los miembros de la sociedad ciertas conductas que tiendan a la “normalización”. Eso es aún más esperable del Estado: el surgimiento del Estado es, también, el pasaje de la venganza personal hacia la justicia normada. Claro que el Estado puede ser discrecional, incluso en materia de recursos. En la última Ley de Coparticipación Federal, aprobada en 1988 durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, se gestan los discrecionalísimos Aportes del Tesoro Nacional. Mauricio Macri los usó para beneficiar a Buenos Aires y a Jujuy por encima de las demás provincias, pero en el ránking publicado por LA GACETA Tucumán está en el medio: decimotercera entre 24 distritos.

Durante el kirchnerismo, luego de años sin reparto de ATN, Cristina Fernández distribuyó en 2010 el acumulado de esos fondos: $ 9.800 millones de aquella época. El entonces gobernador José Alperovich se jactaba de que Tucumán era la provincia “mimada” de la Nación y aquella vez pudieron demostrarlo… pero no. La Nación podía darle a Tucumán todo cuanto quisiera, pero se ajustó -sin necesidad- a la pauta de coparticipación y mandó los mismos $ 488 millones que hubieran correspondido por el índice de 4,94% con que se nos asigna nuestra parte de los impuestos federales. A Buenos Aires, con igual vara, le tocaban $ 2.000 millones (19,94 de índice de coparticipación), pero Cristina le mandó $ 4.000 millones. Aún así, todos recibieron una parte.

Durante el menemismo ocurría otro tanto: llegaron ATN inclusive durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi. Por entonces, además, los senadores nacionales manejaban su propio “lote” de ATN, que se distribuían entre las 93 comunas rurales, estuvieran gobernadas por el PJ, la UCR o FR.

El amparo por discriminación parece el camino para las municipalidades opositoras, a partir de precedentes como el caso de Pedro Hooft, nacido en Holanda y nacionalizado argentino, quien siendo juez penal de Mar del Plata impugnó en 2004 el artículo 177 de la Constitución Nacional que exigía ser nacido argentino, o hijo de ciudadano nativo, para ser juez de Cámara. El criterio de la Corte nacional fue invertir la carga de la prueba: no era Hooft quien debía probar la discriminación, sino que el Estado debía demostrar que no estaba discriminando sobre la base de “categorías especiales”. Los dichos de Acevedo equivalen a allanarse a la demanda.

La carta y el contrato

Ahora bien, el problema del Ejecutivo surge por cifras que ha hecho difundido. “Nosotros lo publicamos. Lo hemos puesto en el Boletín Oficial”, ha dicho Acevedo. Lo cual remite sin escalas a la Legislatura, a la cual el abogado Luis Iriarte ha puesto en problemas. El constitucionalista le ha notificado ayer al vicegobernador Osvaldo Jaldo, por carta documento, que considera no contestado su pedido de información pública sobre el manejo de los fondos de la Cámara, porque no tuvo respuesta para su requisitoria de que la nómina de empleados de la Legislatura sea publicada en la página web del parlamento tucumano, al igual que como ocurre en las dos Cámaras del Congreso de la Nación.

Jaldo, que ha entregado la documentación pertinente a los gastos de la Cámara, les ha coparticipado a los legisladores la responsabilidad de divulgar los nombramientos. Ha dicho que él firma las designaciones que los parlamentarios le solicitan, por lo que la nómina de los empleados está en poder de los parlamentarios. El contrato político es claro: la suerte de uno será la suerte de todos. La avanzada de Iriarte, que está pronta a mudarse a la Justicia, también promete seguir ese curso.

Nostalgias en la cumbre

De naturaleza similar es el planteo que le ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación le solicitó al máximo tribunal que precise los alcances del pronunciamiento judicial que suscribió a finales del mes pasado, en el que anunció su intención de “profundizar las medidas de contención del gasto”. Y, justamente, el gremio requirió que, además, se muestren cuáles son las cifras del presupuesto de los Tribunales para determinar las razones por las cuales hay que tender a un “ajuste”.

El superior tribunal aún no se manifestado al respecto. Aunque ya hay cierta nostalgia por el desechado consenso al que se había arribado a inicios de enero, cuando la idea era adherir parcialmente al decreto de “achique” de la Casa de Gobierno, a partir del cual había que dar menos justificaciones. Y menos explicaciones.

La reyerta y el insconsciente

El trasfondo de estas economías a media agua entre lo público y lo privado, ya sea en la asignación de recursos como en la publicidad de los datos, responde al hecho de que por estas horas también hay cuestiones políticas que oscilan entre la publicidad y el solapamiento. Concretamente, el pase de facturas entre la Casa de Gobierno y la Legislatura (reyerta a partir de la cual la Justicia hace malabares para no quedar de un lado u otro).

A modo de metáfora, Manzur y Jaldo funcionan a esta hora como un matrimonio que no se ha divorciado, pero que tiene serias diferencias respecto de cómo van a seguir. Así como las parejas discuten en torno de cuál debe ser el destino de determinados ahorros o cuál debe ser el destino de las vacaciones, el gobernador y el vicegobernador discuten respecto de cuál debe ser el destino de la Constitución de 2006: reforma para que el gobernador pueda aspirar a más relecciones; o no reforma, para que el vicegobernador compita como “candidato natural del oficialismo” por el sillón de Lucas Córdoba. Siguen casados aún, pero en la domesticidad de lo privado se miden minuto a minuto. Con un problema central: la política pertenece al campo de lo público.

A principios de mes, los presidentes de bloque se manifestaron en favor de que no se impulse la reforma de la Carta Magna en el corto plazo, lo cual fortaleció a Jaldo, con los debidos costos políticos respecto de la Casa de Gobierno. Ahora, Manzur ha decidido fidelizar a los intendentes, en tanto jefes territoriales del interior: la pedagogía oficialista es que, aunque hay crisis, el Gobierno asistirá a las intendencias que le “responden”. Por eso no hay para los “opositores”. Y los intendentes nada tienen que decir al respecto (todos callan ante la consulta periodística de este diario), porque la Casa de Gobierno correrá con todos los gastos, financieros y políticos.

Mientras se velan las armas, surge una lectura final respecto del inconsciente colectivo del poder. Al discriminar ideológica y materialmente a los municipios opositores, el peronismo gobernante no deja de “elegir” a un conjunto de adversarios. Y esa decisión, públicamente repudiable, no deja de funcionar como una suerte de reflejo defensivo privado. Como si el peronismo entendiera, instintivamente, que cuando no tienen un antagonista externo, la alternativa siempre es la guerra civil.