Piden a la Corte que publicite sus gastos

Una hora y media después de que comenzara el año judicial 2020, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán recibió un pedido de aclaración y de acceso a la información pública firmado por Alejandra Martínez en su carácter de secretaria adjunta de la Seccional Nº5 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

La gremialista requirió al alto tribunal que precise qué quiso decir cuando en enero anunció la intención de “profundizar las medidas de contención del gasto”. El mismo escrito solicita la exposición y copias de los estados contables de los últimos tres ejercicios, e invita a los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos a publicitar los números del presupuesto y del gasto “para contralor no sólo del personal, sino también del pueblo”.

“Esa laxa frase (‘profundizar las medidas de contención del gasto’) constituye una causal suficiente de recusación por temor fundado de parcialidad respecto de los tres vocales que la suscribieron (Sbdar, Posse y Rodríguez Campos) y un motivo de preocupación para los empleados del Poder Judicial porque exhibe el indicio de que tales medidas impactarían en sus salarios, particularmente en el aumento que corresponde a enero de 2020”, manifestó Martínez.

La gremialista consideró que la invocación de las leyes de emergencia vigentes en la Nación y en la órbita provincial no autorizaba a la Corte a omitir el pago del incremento salarial para su personal puesto que disponía de una partida presupuestaria propia.

“Por ello es que resulta indispensable que me exhiban y me permitan fotocopiar los tres últimos estados contables”, añadió. Tras proponer a modo de gesto de transparencia la difusión de los datos referidos al presupuesto y a su ejecución, la dirigente de la UEJN expresó que la crisis a la que habían aludido los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales en buena medida obedecía a sus plantillas sobredimensionadas e injustificadas: “la situación se agrava porque parte del dinero que perciben los contratados, transitorios y asesores vuelve a los bolsillos de la autoridad que los nombró, y del puntero que intercedió en dichas designaciones”.

Como en septiembre

A diferencia de los anuncios explícitos de recortes del Gobierno de Juan Manzur y de la Legislatura, la Corte optó el 24 de enero por comunicar una política de intensificación de las erogaciones sin entrar en detalles. Sólo Sbdar, Posse y Rodríguez Campos firmaron la acordada porque Estofán y Leiva estaban de vacaciones. Para entonces ya había alrededor de media docena de acciones de amparo en trámite contra la decisión del Poder Ejecutivo de congelar la aplicación de la última cuota trimestral de la llamada “cláusula gatillo” pactada para 2019 con los sindicatos estatales. Estos juicios ingresaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pero, por vía del recurso de casación, las decisiones que aquel tribunal tome podrían ser revisadas por los jueces supremos.

El “staff” judicial quedó en una situación indefinida puesto que, si bien la Corte omitió pronunciarse sobre la cláusula gatillo en parte para resguardar la posibilidad de intervenir en los expedientes, el silencio no implica que la reconocerá. Para mantener la actualización de las retribuciones en función de la inflación que registra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los empleados, funcionarios y jueces precisan que los vocales dicten una acordada específica, como sucedía en el pasado cada vez que la administración pública incrementaba los salarios de sus agentes. La última recomposición en la esfera de los Tribunales tuvo lugar el 21 de octubre de 2019 mediante la decisión administrativa 1.266/19, que fijó las nuevas remuneraciones con retroactividad al 1 de septiembre sin estipular el porcentaje del aumento -la decisión refiere a sumas determinadas en las actuaciones de referencia, pero se supone que estas siguieron los niveles de las concedidas por los otros poderes del Estado-.

De modo que, mientras la Corte no se expida, los judiciales seguirán cobrando los haberes de septiembre. Más allá de la diferencia de tratamiento que supondría el otorgamiento de la suba en una coyuntura donde los legisladores y los funcionarios políticos hasta la categoría de subsecretario tuvieron una reducción del 10% de los ingresos, la cabeza del Poder Judicial carece de autonomía para depositar las remuneraciones de su personal. Estos salarios, al igual que los del resto de la administración pública, son cancelados por el Gobierno vía el Ministerio de Hacienda.