Los gremios que representan a los empleados del Poder Judicial provincial adoptarán distintas estrategias ante el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) referido a la suspensión del último ajuste salarial por la “cláusula gatillo”, en línea con lo resuelto en Poder Ejecutivo (PE).
En su edición de ayer, LA GACETA dio a conocer que el alto tribunal dictará una acordada para sumarse a las medidas de contención del gasto público. El instrumento será oficializado en los últimos 10 días del mes, cuando se encuentren en ejercicio al menos tres de los cinco miembros. Debido a la feria, permanecen en funciones los vocales Daniel Leiva y Antonio Estofán, mientras que en la segunda quincena de enero será el turno de Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. En ese sentido, es prácticamente un hecho que, como sucedió en el Ejecutivo y en la Legislatura, la Justicia “congelará” por 180 días las subas de haberes de los cargos jerárquicos -en este caso, magistrados y funcionarios-, y se suspenderá la aplicación de lo acordado en las paritarias 2019 con los gremios judiciales, en cuanto a efectuar un último ajuste salarial sujeto a la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre.
Representantes sindicales de los trabajadores expresaron que manejan distintas alternativas para encarar la cuestión. Coinciden, sin embargo, en que esperan una solución de parte de la CSJT.
El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ), Enrique Vergara Altuve, sostuvo que confía en el fruto de las conversaciones con las autoridades. “Estamos por reunirnos en comisión para analizar el tema. Estamos viviendo un momento de crisis en toda la Argentina, y se entiende que hay que ser solidarios con el Estado, que hasta el momento se ha venido portando bastante bien con todos los empleados. Sería muy bueno ver qué surge del diálogo con la Corte, para llegar a un acuerdo común sobre esto”, destacó. Señaló que el tema es “complicado”, pero que confía en arribar a una “solución” sobre el conflicto.
Mary Paz, secretaria general de la Unión Empleados Justicia de la Nación (UEJN-Seccional 5), solicitó que la presidenta de la Corte la reciba, una vez que se reintegre, para tratar la cuestión. De todos modos, anticipó a las autoridades que, junto a los afiliados, podría llevar adelante asambleas en los tribunales. La dirigente, quien indicó que se mantiene en contacto con el referente nacional del gremio, Julio Piumato, redactó un comunicado que envió a sus colegas antes de que se diera a conocer el anuncio. “Ante las noticias vertidas en los portales sociales, como así también en los diarios locales y nacionales, esta organización sindical expresa su total desacuerdo con respecto a la (suspensión de la) ‘cláusula gatillo’, la que se considera no sólo como parte integrante de nuestro sueldo sino también como un derecho adquirido en las paritarias de 2019”, explicó Paz. En ese sentido, avisó que se mantendrán “en estado de alerta”, y efectuando gestiones “en forma paralela las audiencias formales para arribar a un acuerdo previo antes del congelamiento de sueldos, conforme a las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional”.
Por su parte, la dirigente Alejandra Martínez indicó que “como secretaria adjunta de la UEJN voy a interponer una medida cautelar y una acción de amparo en caso de que la Corte dicte lo que ha trascendido a través de LA GACETA”. Sostuvo que la CSJT, con lo anunciado, “parece desconocer cuestiones básicas que consisten en la naturaleza alimentaria de los salarios y la intangibilidad de los sueldos”. “Además, (el alto tribunal) ignora que no deben aplicarse (medidas) con efecto retroactivo (sobre) derechos adquiridos”, aseveró. Y consideró que suspender la “cláusula gatillo” implicaría un acto de “arbitrariedad manifiesta” de parte del alto tribunal, y que ello “generaría perjuicios de imposible reparación”. “Lo que hace la Corte refleja debilidad institucional, obsecuencia y falta de independencia. Integramos un poder independiente y con presupuesto propio”, finalizó Martínez.
Omar Maldonado, de la Agrupación Judicial 16 de Noviembre, expresó que ha girado notas a Estofán y a Leiva para manifestar su “angustia y preocupación” por la “medida unilateral del Gobierno tucumano”. “Cada agente judicial ya ha proyectado sus gastos. Pronto tendremos que hacernos cargo de, por ejemplo, los elevados costos de los artículos escolares, como así también de los abusivos costos que nos aplica el banco en intereses de créditos y tarjetas, entre otros costos. Rechazamos la actitud inconsulta del Gobierno provincial, al sorprendernos con ese anuncio demoledor. Insistimos en que se sostenga y cumpla la ‘cláusula gatillo’”, alertó.
