Tucumán dejará de perder $ 5.000 millones en 2020

Un alivio para las arcas provinciales. Eso ha sido la decisión adoptada ayer por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, y las provincias al acordar la suspensión por un año del Consenso Fiscal que los gobernadores firmaron con la gestión del ex presidente Mauricio Macri, en 2017. Puntualmente, la mayor inquietud de los mandatarios pasaba por la baja de los impuestos provinciales de Ingresos Brutos y de Sellos, que Por ello, para el año que viene, representará aproximadamente un alivio fiscal de $ 60.000 millones para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según estimaciones del Ministerio del Interior. En el caso puntual de Tucumán, el gobernador Juan Manzur indicó ayer a LA GACETA que, por esa medida, al provincia dejará de perder unos $ 5.000 millones durante 2020.

El nuevo escenario que se abrió tras la asunción de Fernández como jefe de Estado y el freno al pacto fiscal abre la discusión respecto de los subsidios suspendidos por la gestión de Macri durante este año. Particularmente, varias provincias anticiparon a funcionarios del Ministerio del Interior la necesidad de restituir las ayudas que en la mayoría de las jurisdicciones ha sostenido los costos de las empresas de servicio de transporte de pasajeros. “Es una discusión que puede llevar meses, pero hay que darla”, indicó a LA GACETA un funcionario que participa de las negociaciones. De la misma manera, se abre un interrogante acerca de la reaparición de otra fuente de financiamiento para las provincias: el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja. Con esa recaudación, los gobernadores podían financiar pequeñas obras públicas en municipios, comunas rurales y otros distritos de menores rango. El debate está abierto a partir del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, respecto de la reformulación del Presupuesto 2020 que pretende ser aprobado entre marzo y abril próximos.

En Casa Rosada

La nueva “addenda” del acuerdo Nación-provincias fue firmada en un encuentro que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, del que además participaron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En ella se acordó, también, la suspensión por un año de los juicios entablados a la Administración central por la baja de los impuestos a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos, a la vez que crearon una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas provinciales.

Previamente, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para afinar la letra chica que suspende efectos del Pacto Fiscal de 2017, en la cual, según fuentes cercanas a los mandatarios, se analizaron tres borradores hasta que se consensuó una versión final, consignó la agencia estatal de noticias Télam. Salvo el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, quien no viajó a Buenos Aires porque debía asumir en el cargo, la asistencia fue perfecta: estuvieron los mandatarios de los 23 distritos argentinos de todos los signos políticos, incluido el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Mediante el Consenso Fiscal, las provincias se habían comprometido a reducir gradualmente la presión impositiva hasta 2022, pero la crisis económica, sumada a la disminución de fondos coparticipables y subsidios, planteó un contexto en el cual las finanzas quedaron en rojo y sin la chance de perder más recursos, una disyuntiva que agravaría aún más su situación.

Nación y provincias conformaron una comisión denominada de “Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la Canasta Básica de Alimentos”, que estará integrada por un representante de cada provincia y de la Nación y tendrá el objetivo de proponer medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial.

En la tarea de lograr el consenso más amplio entre los gobernadores y pulir los detalles del acuerdo estuvo ocupado desde hace una semana el ministro del Interior, quien se mantuvo en comunicación permanente y en algunos casos en forma personal, con los mandatarios tanto del oficialismo como de la oposición, indicaron fuentes oficiales.

El gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, en una conferencia de prensa posterior que ofreció junto con su colega de Jujuy, el radical Gerardo Morales, explicó: “debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, poner en práctica medidas concretas que repercutan directamente en el consumo y que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivo del salario”.

Uñac aclaró que la cláusula que suspende la baja de los impuestos, y que otorga libertad a las provincias para que, en caso de considerarlo necesario, utilicen las alícuotas máximas que se establecían para el año 2019, “no significa un cheque en blanco para que aumentemos” los gravámenes.

Por su parte, Morales estimó que con la suspensión su provincia recuperará alrededor de $ 1.000 millones anuales y posibilitará “una mayor recaudación”, por lo cual el acuerdo “nos da un alivio a las provincias durante un año, es una ayuda, y luego veremos cómo continuamos con esa hoja de ruta que estaba establecida”.