Preparándose para la masividad en Medicina - LA GACETA Tucumán

Preparándose para la masividad en Medicina

14 Dic 2019 Por Roberto Delgado
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Cumplir la ley, pero con un enfoque amplio, parece haber sido la resolución del Consejo Superior, que ordenó que el acceso a la carrera de Medicina en 2020 sea con examen de ingreso y ya en 2021 con acceso irrestricto. El cupo, en ambos casos, fue desterrado, como dijo el consejero Fernando Ganami. Aunque la ley ya lo viene exigiendo desde 2015. ¿Qué va a pasar con Medicina? Los problemas que han puesto al decano de Medicina, Mateo Martínez, como el malo de la película, no han desaparecido, y además son problemas de todos.

El primer responsable del cupo y de las restricciones es el Estado, que ha hecho oscilar a la gente entre el ideal de un ingreso irrestricto superador de las asimetrías económicas y sociales y una realidad de desfinanciamiento educativo que ha derivado, desde hace mucho tiempo, en la tragedia educativa de la que habla Guillermo Jaim Etcheverry.

Justificación para incumplir la ley

Martínez y la “corporación” de la Medicina han defendido el cupo y las restricciones como una solución pragmática frente a la insolvencia financiera estatal y la falta de estructura e infraestructura adecuadas, y para hacer frente a las exigencias de control que establece el mismo Estado sobre las carreras “de riesgo” como estas en las que interviene la salud. Por ello hablan de las exigentes auditorías de la Coneau y de la limitación que supone la práctica médica sobre pacientes en los hospitales. La gente pobre, el sector más vulnerable de la sociedad –el más vulnerado también- es el conejillo de Indias para una profesión que necesita sustancialmente la práctica para el aprendizaje. Estos argumentos, repetidos hasta el cansancio desde hace 30 años, sirvieron como justificación para la reticencia a cumplir la ley 27.204, que desde 2015 exige ingreso irrestricto y gratuito en todas las universidades públicas argentinas. El Consejo Superior dio un paso al frente, pero aún no ha cumplido totalmente la ley. Tampoco el Estado nacional, que es el que la dicta, la está cumpliendo.

¿Cuáles son esos problemas? El primero es la dicotomía oferta-demanda, que corresponde a todo el sistema educativo. Tiene que ver con la estrategia del país entre lo que se necesita para la mejora de la sociedad y lo que se ofrece. De ello dependen las vocaciones y las propuestas académicas y curriculares. Ese problema de la formación primaria y secundaria, y de las capitales y del interior, que lleva a preguntarse por qué la gente quiere masivamente estudiar Medicina, Derecho y Ciencias Económicas, y en menor medida otras carreras (pese a que hay faltante inquietante de ingenieros, o de enfermeros) o por qué la gente ocupa durante años las facultades sin terminar sus carreras.

El informe sobre ingresos y egresos, y cantidad de estudiantes en las distintas facultades, da cuenta por un lado del “éxito” del funcionamiento de Medicina (más allá de que cumpla o no la ley) y al mismo tiempo de la falta de estudio del sistema de ese comportamiento del estudiantado en las distintas carreras. Lo dijo Paulo Falcón en LA GACETA del jueves: pueden ser diferentes motivos, desde económicos y sociales hasta laborales, de falta de adecuación curricular y hasta falta de oferta en el mercado. Alieto Guadagni lo dijo con mirada economicista y casi deshumanizada, si se quiere, en el sitio “Fortuna” (de “Perfil”), al decir que es un “escándalo” que cada egresado de las universidades públicas le cueste al país 60.000 dólares, en una solapada apología de la educación privada: según esta hipótesis, estos estudiantes se reciben más en tiempo, porque les cuesta personalmente. No obstante, una discusión poco expresada en público es la excelencia en la educación superior pública y la privada, así como la comparación entre distintas épocas en la misma educación pública, y la comparación entre las universidades del país.

Como sea, los fríos números de ingresos y egresos en las facultades de la UNT revelan el alto porcentaje de efectividad de Medicina (92% frente al 17% del promedio de las demás), con lo cual la unidad académica que Martínez calificó como “la peor de todas” (fue una ironía sutil, por el hecho de ser la que incumplía la ley) queda, en estas cifras, como la mejor: en 2018 ingresaron (con cupo) 373 y egresaron 272 estudiantes; en las otras (sin cupo), como Derecho, ingresaron 2.838 y egresaron 423; en Filosofía y Letras, 2.526 y 211, y en Ciencias Exactas, 656 y 167. Ciencias Naturales, con 372 ingresantes y 29 egresados, queda en un lugar incómodo en esta lista. Pero la cuestión no pasa por ahí, aunque sí debiera discutirse y, de hecho, Martínez lo ha planteado en la sesión del Consejo Superior, cuando ha dicho que no era la misma la responsabilidad de una carrera de salud que la de otra, y citó el caso de Carlos Finley, que en la época de construcción del canal de Panamá debió ir a enfrentar la epidemia de fiebre amarilla que mataba a los trabajadores y había paralizado las obras.

También Martínez señaló la hipocresía de la sociedad que reniega contra el cupo en Medicina pero lo acepta en las escuelas experimentales de la UNT. Lo retrucaron con sencillez: “creo que las escuelas experimentales no están comprendidas en la ley de Educación Superior”, le dijo el consejero Gonzalo Lascano. Pero el debate sobre los alcances de carreras de riesgo que plantea el artículo 43 de la ley está planteado.

Dos tipos de restricciones

El otro problema es la masividad: ¿afecta la calidad de la enseñanza? Martínez asegura que sí y ha puesto énfasis en que no sólo hay restricciones de demanda –en ciertas especialidades debe haber un número limitado de médicos- sino restricciones de trabajo, como es la práctica con pacientes. El doctor Manuel Brahim ha dicho que teme que hasta el Siprosa llegue a suspender sus convenios con la facultad si se llena los nueve hospitales públicos de practicantes. ¿Es esto un muro infranqueable? No tanto. Bien preguntó el rector, José García, cómo hacen las otras universidades que no tienen cupo, sobre todo la Universidad de Buenos Aires y la de Rosario. Más cerca en la región, las universidades de La Rioja y de Córdoba han recibido sin restricciones a muchos aspirantes a médico rechazados de Tucumán.

La resolución del Consejo Superior ha puesto a la gente de Medicina de cabeza a preparar el curso de admisión, puesto que el cupo de 300 personas que habían puesto para 2020 ha sido derogado. Hay que recordar que en 2019 entraron (con cupo) 290 aspirantes. Pero de los 1.105 que rindieron el examen, 727 obtuvieron 60 puntos o más. O sea un 60% de los aspirantes de 2019 estaban en condiciones de cursar. Para 2020 hay 3.600 preinscriptos. Habrá un aluvión y la facultad, según confesó el mismo Martínez en el Consejo Superior, aún no tiene al día una evaluación de sus capacidades, más allá de las cifras que tiró en la sesión del Consejo Superior el secretario general de la UNT, José Hugo Saab, que dijo que tienen 15.289 m2 para dictar clases, 645 docentes (uno cada cinco estudiantes) y 20 millones de pesos guardados desde 2014 para el aún incompleto hospital de androides. Este hospital sirve para prácticas sin seres humanos.

Previsible “zaranda”

Frente al aluvión, previsible, una comisión ya está preparando el trabajo con el índice Galovre –dice Martínez- para el examen de múltiple choice sobre los contenidos del secundario. La prueba será en la primera quincena de marzo. “También se ha reunido la comisión especial de diseño curricular para empezar a debatir cómo se adapta a un nuevo escenario de ingreso irrestricto para 2021. Queremos presentarla no más allá de marzo”, dijo. ¿Qué se supone que va a ocurrir? Posiblemente, que el múltiple choice de 2020 va a ser sumamente exigente, y que a partir de 2021 habrá, como en otras universidades, un sistema de ciclo básico con materias “zaranda” que para el tercer año sólo deje a los que tienen verdadera vocación y disposición al esfuerzo. Así ocurre en la UBA.

Pero entonces, ¿qué es lo que determina la excelencia? En la sesión del Consejo, la decana de Psicología, Rosa Castaldo, rechazó tajantemente esa justificación para el cupo. Dijo que a ella la atendieron médicos de calidad que se recibieron sin cupo. Lo mismo dice Fernando Velloso Colombres –referente de los estudiantes que aprobaron el examen 2019 pero no pudieron ingresar-, que dice que una alta proporción de los médicos que están actuando en hospitales y sanatorios de Tucumán se recibieron cuando Medicina no tenía cupo, y su capacidad no está cuestionada por ello.

El examen y el cupo, en definitiva, sacan a luz las falencias –y las injusticias- de la estructura educativa, sobre todo la primaria y la secundaria, que por un lado no ayudan claramente a definir vocaciones y por otro no preparan para el esfuerzo, como refirió Jaim Etcheverry. ¿Quién es el culpable? Velloso Colombres dice que no se puede tirar abajo el valor integrador de la educación superior por justificaciones económicas o de infraestructura. Reniega con el sistema que ha obligado a los aspirantes a gastar 9.000 pesos mensuales para prepararse para el examen, por las falencias de la educación secundaria, y destaca que ha habido hijos de obreros que han logrado llegar a médicos. Para este examen 2020, y seguramente para las materias del CBC del 2021, seguramente habrán de hacerse preparar también. La injusticia en el sistema educativo se mantiene.

En la resolución del Consejo Superior sólo se incluyó lo básico de los dictámenes que habían preparado las comisiones de Interpretación y Reglamento y de Enseñanza y Disciplina. Fue rechazada la propuesta de formar una comisión especial para el tratamiento y consideración del acceso a la carrera de Medicina, porque pareció que eso era volver al comienzo y desobedecía la orden del mismo Consejo Superior de 2017, de que Medicina se adecue a la Ley. Ahora tampoco se está adecuando del todo –por pragmatismo- pero ha dado un paso adelante. Lex, dura lex. También se proponía que se inicie una reflexión profunda sobre el acceso a la UNT, su garantía real y las posibilidades efectivas de cada unidad académica, y que a partir de esta decisión se estudie la verdadera capacidad de las facultades y la asignación de recursos a todo el ámbito de la Universidad. Ese debate quedó pendiente.

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