Un funcionario rendirá cuentas por un pedido del 60% del sueldo a municipales

Una reunión en el Hipermercado Libertad a las 15 del 14 de marzo de 2016 terminó en el juicio oral por supuestas exacciones ilegales agravadas que la Cámara Penal de esta ciudad tiene previsto celebrar el jueves a partir de las 8. El imputado es Agustín Ruiz, director de Empleo e Intermediación Laboral de Las Talitas, y concejal electo por un acople peronista al intendente Carlos Najar. Ruiz rendirá cuentas ante el camarista Gustavo Romagnoli por un pedido del 60% ($ 5.000) del sueldo de $ 8.000 que percibían sus colaboradores, los denunciantes Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia. Al prestar declaración indagatoria, el funcionario dijo que sólo solicitó “una ayuda comunitaria voluntaria” y desvinculó a Najar mientras que María Pastora Cholffi, otra de las empleadas presentes en el encuentro del Hiper, refirió que el “proceso de colaboración ya estaba pactado” (se informa por separado).

Sobran las pruebas que acreditan la presunta perpetración del delito, según la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Entre las evidencias incorporadas al proceso hay una grabación de la conversación que mantuvieron Cura, Heredia, Cholffi y Gabriel Sleiman, también municipal, con Ruiz, que era el superior de todos. La transcripción elaborada por el sargento Martín Lucas Navarro y presentada el 13 de junio de 2016 identifica una discusión acerca de la entrega de fondos que reduciría el ingreso de los aportantes a $ 3.000 (U$S 184 según la cotización de la divisa en en ese año). En la desgrabación, una “voz masculina” dice a sus interlocutores que ellos deberían cobrar $ 750 y que les estaba dando “una mejora”. “¿Qué mejora? ¡Qué mejora! ¿$ 3.000 es una mejora?”, interroga la “voz femenina”. La “voz masculina” responde: “¿no es una mejora para vos $ 3.000?”. La “voz femenina” contesta: “no, no es una mejora $ 3.000, si cuánto se nos va en boletos nomás...”.

“La señora Cholffi se largó a llorar porque dijo que ella necesitaba la plata, pero la entregó. Ruiz nos insistía en que teníamos que darle el dinero porque igual íbamos a cobrar más que los casi $ 1.000 que nos daban al principio”, relató Heredia. El empleado Sleiman corroboró la versión de la denuncia al prestar declaración testimonial. “Quiero aclarar que, luego de que me citaran a esta Fiscalía, me llamó al celular Agustín Ruiz para decirme que tenía que ir a la Intendencia a hablar con el abogado de ahí para que me asesore antes de venir acá. Yo le dije que no lo haría y le corté el teléfono. Quiero aclarar que a los cuatro que firmamos el contrato ese día nos llega el recibo de sueldo como si trabajáramos en la Comuna de El Mollar”, añadió.

“Abuso e intimidación”

En distintas declaraciones, los denunciantes Cura y Heredia refirieron que Ruiz comenzó a amenazarlos luego de la interposición de la denuncia penal; que les impidió volver a sus puestos de trabajo por negarse a hacer el aporte y que incluso destruyó papeles vinculados a su asistencia. Además, manifestaron que, tras la reunión en el Libertad del acceso norte, fueron a ver a Najar. “El intendente se reía: nos decía que vayamos a trabajar; que no le demos importancia a Ruiz y que nos iba a meter en la cárcel si hacíamos la denuncia”, manifestó Heredia en la Fiscalía de Reinoso Cuello. El intendente reelecto, y aliado al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo afirmó que nunca había sido notificado oficialmente sobre la causa, aunque aseguró que estaba a disposición de la Justicia. Najar explicó que Ruiz seguía formando parte de su equipo porque estaba amparado por la presunción de inocencia y que el Concejo Deliberante debería analizar su situación si recibía una condena (se informa por separado).

“El imputado abusó de su cargo; exigió -ilegítimamente- una suma de dinero a las víctimas; las amenazó con dejarlas sin trabajo; les manifestó esa circunstancia en diferentes ocasiones y les impidió el ingreso a la institución en donde prestaban servicios, lo cual constituye un claro signo de intimidación. Todo ello está acreditado con las declaraciones testimoniales; las copias de los recibos de sueldo y del contrato de trabajo, incluida la propia indagatoria del imputado, que coinciden en que Cura y Heredia tenían un vínculo laboral con la Municipalidad de Las Talitas”, dijo el juez subrogante Víctor Manuel Rougés el 10 de mayo de 2017, cuando confirmó la elevación de la causa a juicio oral.

Ruiz se expone a ser condenado a una pena de uno a cuatro años de prisión con inhabilitación especial de hasta seis años por parte de Romagnoli, el vocal de la Sala II de la Cámara Penal que celebrará el juzgamiento. La figura de las exacciones ilegales está descrita en el artículo 266 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Testigo de la práctica: “había que poner el dinero en un sobre y dejarlo en un armario de la oficina”

María Pastora Cholffi, empleada municipal de Las Talitas, fue una de las cuatro participantes de la reunión en la que su jefe Agustín Ruiz, director de la Oficina de Empleo y concejal electo, les pidió parte de sus ingresos. A diferencia de sus compañeros, los denunciantes Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia, y Gabriel Sleiman, que también declaró como testigo, Cholffi avaló la práctica que obligará a Ruiz a enfrentar un juicio oral este jueves ante el camarista Gustavo Romagnoli -en principio, el fiscal Daniel Marranzino llevará adelante la acusación- (se informa por separado). Al brindar su testimonio en la Fiscalía de Adriana Reinoso Cuello, Cholffi expresó que el “proceso de colaboración ya estaba pactado”. La agente afirmó que la práctica funcionaba así: “yo pongo el dinero en un sobre, lo que esté a mi alcance ese mes, y lo dejo en el armario de la oficina en una caja chica. Yo tengo acceso a ese armario y, a veces, el director (Ruiz). Y cuando la gente que va a la oficina a pedir leche o, incluso trabajadores, se saca de esa caja y se les da. Por lo general yo distribuyo ese dinero a las personas que lo van necesitando. Antes de dar el dinero le consulto a Ruiz”. La testigo explicó que Cura, Heredia y Sleiman nunca volvieron a la repartición después de aquel encuentro a las 15 en el Hiper Libertad del acceso norte que los denunciantes grabaron. “Yo escuché decir al director que si tenía que perdonar a Heredia y a Cura, los iba a perdonar”, relató Cholffi. Los querellantes dijeron que esa empleada dio el dinero a Ruiz entre lágrimas. “La señora Cholffi se largó a llorar porque dijo que ella necesitaba la plata, pero igual la entregó”, declaró Heredia.

La voz del intendente: “nunca recibí una notificación sobre esta causa, pero estoy a disposición de la Justicia”

Carlos Najar, intendente de Las Talitas y superior del funcionario público imputado Agustín Ruiz, se excusó de hacer comentarios sobre el juicio por supuestas exacciones ilegales agravadas que enfrentará su colaborador este jueves a partir de las 8 en la Sala II de la Cámara Penal de esta ciudad. “Nunca recibí una notificación oficial sobre esta causa, pero estoy enteramente a disposición de la Justicia”, expresó el jefe municipal reelecto en junio, y aliado al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo. Najar reiteró que él no era parte del expediente ni había tenido acceso a la investigación. En cuanto a Ruiz, que mantuvo su carácter de director de Empleo e Intermediación Laboral pese a la denuncia de los trabajadores Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia, el intendente dijo que estaba amparado por la presunción de inocencia y que, ante una eventual condena, el Concejo Deliberante debería analizar su situación. “Ubico a los denunciantes Cura y Heredia, eran allegados a Agustín. Incluso Heredia fue candidato a edil en una lista acoplada a mi boleta”, agregó.