El “efecto Arcioni”

Una incipiente ola de preocupación desvela a los gobernadores. El “efecto Arcioni” cunde en todos los distritos subnacionales. La crisis de Chubut es un claro ejemplo de lo que puede pasar en otras jurisdicciones del país. Pero también la conducta de los gobernantes. La provincia patagónica viene pagando los salarios estatales con poco más de un mes de retraso y tuvo que apelar al auxilio federal para intentar contener el reclamo de los distintos sectores sindicales y laborales. Pero Mariano Arcioni, el gobernador, no tuvo mejor idea que decretar un incremento de las remuneraciones para el personal política de conducción ejecutiva. Tal vez ese aumento tenga algún signo de justicia, por aquello de equipararlos con los ingresos de otros poderes del Estado, pero el problema es la falta de “timing” para adoptar tal decisión.

De la misma manera se le achacaron al tucumano Juan Manzur las acciones para recibir al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, hace una semana, con un gran asado para 5.000 asistentes a un acto público y partidario, en medio del debate de la emergencia alimentaria. Ninguno cuidó las formas y, por esa razón, estas cuestiones no hacen más que causar la reacción popular.

Ninguna de las provincias está en condiciones de tirar manteca al techo. La bonanza fiscal se esfumó con el peso del gasto en Personal, creciente por la inflación y por la fuerte devaluación. Los estatales reclaman “cláusulas gatillo” con el fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo a un Estado que no sabe cómo generar más ingresos para tener las mayores obligaciones financieras. El endeudamiento público de las provincias ha llegado a $ 1,2 billón (un tercio del presupuesto nacional) al 31 de marzo pasado. Poco más de $ 15.000 millones corresponden a compromisos financieros del Estado tucumano (sin incluir la deuda flotante). De ese total, unos $ 13.000 millones tienen como acreedora a la Nación.

La buena noticia para la gestión de Manzur es que la deuda dolarizada es insignificante como para pensar en los saltos de la divisa estadounidense. Diferente es la situación de Buenos Aires: de los poco más de $ 521.000 millones de pasivo, unos $ 460.000 millones son compromisos asumidos con la emisión de títulos públicos. Hoy la gestión de María Eugenia Vidal tiene cierta tranquilidad financiera por la actualización de algunos ingresos coparticipables, pero a la larga se le encienden luces de alerta al distrito con mayor peso electoral en la Argentina.

El rubro ingresos es otro factor inquietante. La elasticidad del aumento de los fondos coparticipables no va en sintonía con la expansión de la recaudación de impuestos provinciales. En el caso tucumano, en un promedio general, Tucumán capta unos $ 5.000 millones mensuales por coparticipación y leyes especiales, lo que le alcanzaría para cubrir el 90% de la planilla salarial mensual. A grandes rasgos, otros $ 2.000 millones ingresan al erario provincial a través del cobro de impuestos por parte de la Dirección General de Rentas.

Sin margen para la obra pública

La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo alcanzará este esquema de ingresos para cubrir una de las erogaciones más importantes del Estado? Los sueldos llegan a implicar un 65% del volumen de erogaciones totales; otro 30%, en principio, corresponde a los gastos de funcionamiento del Estado. No queda margen para la obra pública. Por esa razón, el Gobierno local se conforma con sostener los salarios al día y punto.

Tomar créditos en estos momentos es casi un pecado. Las elevadas tasas espantan a cualquiera que conduzca el área económica de las provincias. Es la última instancia para los Estados necesitados.

La Argentina necesita estabilizarse y son los políticos los encargados de dar señales de tranquilidad al mercado. Las peleas electorales no hacen más que agregarle ruidos a un momento de tensión cambiaria y económica. Un acuerdo político es más que imprescindible porque, de otra manera, el país no tendrá una proyección de gastos e ingresos para 2020, no podrá contar aún con la remesa de U$S 5.400 millones del FMI para sostener la política cambiaria y tampoco puede aspirar a estabilizar la economía. Demasiados frentes abiertos para una Argentina que necesita pensar más allá de las urnas.