Manzur acepta la renuncia del juez de Paz que celebró una boda en Salta

El Poder Ejecutivo puso punto final al desempeño de José Luis Guerra en la Justicia de Paz. El gobernador Juan Manzur aceptó la renuncia que el ex titular del Juzgado de El Manantial presentó en mayo, luego de que trascendiera que había celebrado un matrimonio en Salta. Antes de dimitir, Guerra pidió una licencia por enfermedad y nunca regresó a su despacho de El Manantial, según confirmaron ayer en la Superintendencia de la Justicia de Paz. A partir de su desvinculación efectiva del Poder Judicial de Tucumán, Guerra comenzará a gozar de la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia el 26 de agosto, algunas semanas más tarde de que la comisión de Juicio Político desechara los pedidos de destitución articulados contra Guerra y otros dos jueces de Paz involucrados en ritos matrimoniales fuera de la provincia, Josefina Penna (Yerba Buena) y Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas). En términos generales, los justicialistas Zacarías Khoder, Sara Assán, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez y Norma Reyes, y el opositor Alberto Colombres Garmendia consideraron que no había pruebas para expulsar a los funcionarios cuestionados (los oficialistas Nancy Bulacio, Christian Rodríguez, José Gutiérrez y Reneé Ramírez, y el radical Eudoro Aráoz estuvieron ausentes). La eventual destitución hubiese implicado la pérdida del derecho a acceder a una jubilación privilegiada.

La salida de Guerra incrementa aún más el récord de acefalías: 26 de los 72 despachos carecen de titular, lo que implica que están vacantes el 36% de las oficinas. La escasez de jueces de Paz se remonta a 2013, cuando el Poder Ejecutivo designó al último funcionario. Consultado al respecto, Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, afirmó en julio que el gobernador estaba al tanto de las vacancias. “Me pidieron un informe. Tal vez haya una intención de nombrar. Es un avance”, opinó en ese momento.

Sin coberturas a la vista, la situación podría incluso empeorar puesto que hay más pedidos de destitución en trámite contra jueces de Paz, como la que incumbe a Lídoro Macedo, quien fue denunciado por Mario Vittar, agente de la Junta Electoral, y el abogado Gustavo Morales, y por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Estas presentaciones atribuyen numerosas irregularidades a Macedo: desde falencias en la confección de las actas e inasistencias injustificadas hasta acusaciones de violencia de género. Vittar y Morales habían solicitado la destitución Guerra mientras que el abogado también firmó las denuncias contra Penna y Cipriani.

Las carencias llevaron a la Corte a aplicar parches. Hasta mayo, y a modo de solución provisoria para “atender las necesidades y brindar una prestación eficiente”, los vocales habían ascendido de manera interina y discrecional a nueve agentes con título de abogado para que se desempeñen como prosecretarios en juzgados de Paz legos que presentan acefalías. Un decreto del Poder Ejecutivo bastaría para revivir la institución. Sucede que el gobernador conserva la potestad de nombrar discrecionalmente a los jueces de Paz (la decisión luego debe recibir el visto bueno de la Corte), a diferencia de lo que sucede con los jueces, fiscales y defensores oficiales de los Tribunales ordinarios, que primero deben concursar en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Daniel Posse, jefe del alto tribunal, opinó en julio que los integrantes de la Justicia de Paz también deberían ser preseleccionados por concurso, e incluso dijo que el mismo método de ingreso tendría que ser aplicado para empleados y funcionarios, que hoy la Corte sigue escogiendo en forma discrecional.

Adiós a una caja

La sucesión de cuestionamientos y la afectación del servicio como consecuencia de las acefalías llevaron al Colegio de Abogados de la Capital a diagnosticar que la Justicia de Paz había llegado a un punto terminal. Las autoridades de aquella entidad intermedia propusieron incluso la formación de una comisión para estudiar las dificultades de la institución y proponer reformas. Es que las anomalías atribuidas a Guerra, Penna y Cipriani revelaron que la práctica de los matrimonios a domicilio se había desmadrado: cada juez de Paz cobraba la tarifa que deseaba y el dinero ingresaba a su bolsillo sin recibos oficiales ni controles. En los hechos, el esquema suponía un ingreso adicional al sueldo, que parte de un monto básico de $ 101.000.

Si bien las denuncias no llegaron a ningún sitio y sólo Guerra dio un paso al costado, los poderes Ejecutivo y Judicial acordaron “regularizar” la caja de las bodas. El Gobierno y la Corte elaboraron un proyecto de ley que crea el servicio del casamiento a domicilio con un arancel único bancarizado y la expresa exigencia de una autorización para retirar los libros del juzgado de Paz. Los recursos recaudados serán distribuidos por el Gobierno y la Corte en función de la reglamentación que dicten. La sanción de la ley permitirá a los novios volver a casarse donde prefieran. Mientras tanto y por el temor que generó la ola de denuncias, volvieron los enlaces a la usanza antigua, es decir, en el recinto del Registro Civil.