Dos condenas que cierran una etapa de sufrimiento para cinco víctimas

El Tribunal Oral Federal sentenció a un hombre a 12 años de prisión por trata de personas. Las jóvenes siguieron la última audiencia vía on line. En el fallo, una mujer recibió una pena de cinco años por el mismo delito.

18 Ago 2019 Por Luis Duarte

Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de la joven. El hombre que la había hecho soportar los peores momentos de su vida recibía 12 años de prisión, una pena significativa para el delito de trata de personas. El castigo a su explotador, y el llanto sobre piel, significaban para ella el cierre de una etapa signada por el sufrimiento.

El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó el viernes a Walter Ayala al considerarlo el responsable y el organizador de una estructura dedicada a la explotación sexual, en las fases de captación y de acogimiento, en perjuicio de cinco chicas (de identidad reservada). Esa situación se agravó porque él se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las chicas, dada por sus condiciones de vida en la pobreza, y porque algunas de ellas eran menores de edad.

A su vez, los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente del TOF); Gabriel Eduardo Casas y Abelardo Basbús sentenciaron a cinco años de prisión a Alejandra Galván por ser partícipe secundaria en esa actividad ilegal, también en las fases de captación y de acogimiento de las cinco mujeres. Sin embargo, absolvieron a Karina Contreras, al aplicarle el beneficio de la duda. Según consideraron, las pruebas que se habían presentado no corroboraban la acusación en su contra: ser la supuesta encargada del prostíbulo que funcionaba en calle 12 de Octubre al 800, en la Capital.

El fallo se confirmó en la última audiencia del juicio, que comenzó el pasado jueves 1. Ese día, las cinco chicas volvieron a estar juntas después del operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el departamento privado, en marzo de 2017. Esta vez, estuvieron en una sala del Programa de Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas de la provincia.

“Nunca antes habían vuelto a verse desde el allanamiento. Ellas venían manifestando que querían presenciar la audiencia. Esa actitud fue producto de un proceso de contención, que incluía conocer el avance y los datos de la causa”, explicó Gilda Zurita, coordinadora del organismo que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social local. Las chicas habían declarado como testigos a través de Cámara Gesell, después de dos años de protección y de asistencia como víctimas.

En esa oficina, frente a una pantalla de televisión, las jóvenes siguieron on line el desarrollo de la última audiencia. Ahí, escucharon los alegatos de Betina Laguna Mendoza, abogada de la Fundación María de los Ángeles, representando la querella. La parte solicitó 15 años para Ayala; 12 para Galván y siete años y seis meses para Contreras. El fiscal Pablo Camuña requirió luego las mismas penas, al considerar que los tres habían formado parte de una organización dedicada a la captación y al acogimiento con fines de explotación sexual, para el beneficio económico.

Estuvieron unidas, acompañadas por las profesionales del programa de asistencia oficial. Y unidas expresaron, también, su enojo al escuchar los alegatos de los defensores públicos de los entonces tres imputados: pidieron absoluciones. “Quisieron ir todas allá (a la sede del TOF). ‘Queremos que nos vean juntas’, expresaron inclusive. Nos movilizó (la reacción)”, describió Zurita, tras la sentencia.

Una de las víctimas logró trasladarse hasta el TOF y participar en el final del debate. Junto con el equipo de asistencia, se sentó en la última fila de la sala para vivir la lectura del fallo. Minutos después, explotaría en llanto al mirar a su explotador y conocer las condenas. Además, recibió el consuelo de sus acompañantes y de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, entre otros asistentes.

“El principal acusado de la Fiscalía recibió una condena elevada. En la acusación habían sido señalados distintos elementos como agravantes, referidos a que una de ellas era menor de edad”, expresó Daniel Weisenberg, representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En la Fiscalía, sin embargo, se mostraron disconformes respecto de la absolución de Contreras y la calificación penal contra Galván. Tanto la fiscalía como la querella habían señalado a la condenada como coautora y no partícipe secundario. “Hay que esperar los fundamentos del fallo, pero hay cuestiones que no coincidieron con nuestra base de acusación y que, seguramente, habilitarán los caminos para establecer los recursos que puedan corresponder”, añadió.

JUNTAS. Las cinco víctimas siguieron on line la audiencia en una oficina.

“Injusticia”

Ayala calificó de “injusto” su castigo. “Esto no tendría que haber terminado así. Ojalá que algunas de las chicas digan la verdad, de lo que ha sido y de lo que no. Acá (durante el juicio) se han dicho muchas mentiras. Hoy me duele en el alma todo lo que está pasando”, expresó. “Captación no hubo. Eso se demostró aquí (...) Se comprobó que todo estaba armado, que no hubo amenazas. Es injusto”, añadió.

Aliviada por la absolución, Contreras manifestó que sobre ella había recaído un manto de injusticia. “Al no tener un riñón, no conseguía trabajo. Por eso, comencé a trabajar ahí (en el prostíbulo). Pero yo fui a limpiar. Sabía dónde lo estaba haciendo, pero no me parecía ilícito. Yo limpiaba; no he captado, no he llevado ni he hecho daño a nadie”, argumentó.

“Fui una víctima, pero me hicieron pasar dos años y medio de prisión (preventiva) cuando era el único sostén en mi hogar. Yo fui una más de ellas (por las víctimas), con la diferencia de que no me prostituía”, concluyó.

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