El proceso penal sin papeles y con plazos breves debuta en Concepción, tras siete años de debate

A partir de hoy, fiscales y defensores dirimirán sus diferencias en audiencias públicas, y los jueces estarán 100% disponibles para aplicar la ley.

06 May 2019 Por Irene Benito

El cambio físico y estético está a la vista. El jueves, en la antesala de oficinas relucientes y modernas, que contrastan con las estructuras vetustas típicas del Poder Judicial, un par de operarios colocaba el televisor que funcionará como pizarra de las audiencias en desarrollo y venideras. La existencia de esa pantalla resume la transformación en preparación desde 2012 en el interior de las altas esferas del Estado, y que, a partir de hoy, comenzará a ser palpada por la ciudadanía de Concepción que acuda a los Tribunales penales con la calidad de imputada, víctima o espectadora. Ese cambio procura hacer realidad un proceso sin papeles y con plazos breves, que dé respuestas distintas a los conflictos, y saque al área judicial más sensible de la ineficacia y la frustración que la acorralan desde hace años.

Después de dos prórrogas e innumerables tensiones, este lunes debutará el Código Procesal Penal sancionado en 2016, que reemplazará sólo en la segunda ciudad de la provincia al esquema en vigor desde 1991: las restantes jurisdicciones mantendrán el régimen antiguo hasta que, con los ajustes que suscite la experiencia original, les llegue la hora de dar el salto. Se supone que ello acontecerá en forma progresiva hasta 2021. En términos muy simples, las reglas novedosas disponen que los adversarios en pugna (el fiscal, y el defensor público o privado) diriman sus diferencias en audiencias públicas encabezadas por jueces que estarán 100% disponibles para aplicar la ley. Ese esquema ha exigido y exigirá reorganizaciones en las tres patas del proceso. Así como el Ministerio Público único fue dividido a comienzos de 2017 en un órgano para acusar y otro para defender emancipados de los controles que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la magistratura penal se agrupó en dos colegios de jueces y cedió todas las funciones administrativas a un organismo institucional nuevo, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que será responsable de que la agenda proyectada en la pantalla se corresponda con la práctica.

La transición

Todavía es difícil imaginar cómo funcionará esta arquitectura, pero los protagonistas consultados coincidieron en que, como mínimo, será mejor que lo que hay y ello ya implica un avance para una Justicia habituada a la impunidad. La reforma procesal arranca con alrededor de 4.500 casos iniciados con el código de 1991 en diferentes estados de desarrollo. Esa carga inicial deberá adaptarse a las normas nuevas, desafío que impactará en la OGA que dirige César Pastorino. A partir de este 6 de mayo, aquel órgano deberá atender los requerimientos de la defensa y de la acusación, y traducirlos al lenguaje nuevo. Por delante se vislumbra un tiempo de adaptación, y de ensayo y error. ¿El máximo desafío? Mantener el flujo de las audiencias; agilizar los trámites y transparentar la información sobre el rendimiento de los distintos actores del sistema (se informa por separado). “Estoy a favor del cambio, pero la incertidumbre es grande”, opinó Ángel Fara, penalista y presidente del Colegio de Abogados del Sur (se informa por separado).

El protagonismo queda en manos del Ministerio Público Fiscal, que será el responsable de seleccionar las denuncias, o sea, de definir cuáles merecen transitar todo el camino hasta el juicio oral, y cuáles pueden ser resueltas por mecanismos alternativos o, incluso, desestimadas sin más trámite. Para cumplir con este rol, el organismo encabezado por Edmundo Jiménez modificó el esquema de trabajo, lo mismo que el Ministerio Público de la Defensa que dirige Washington Navarro, que tendrá que pasar de una función pasiva abocada al planteo de nulidades y a la pesca de la prescripción a otra más investigativa dedicada a probar la coartada o a buscar condenas más leves (se informa por separado). Por la escasez de funcionarios de la Constitución, tanto la estructura de la acusación como la de la Defensa oficial se apoyará sobre auxiliares escogidos sin concurso. En este sentido, el Código de 2016 hereda las dificultades viejas: sólo hay un defensor penal estatal en Concepción, Pablo Cannata, y el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) ni siquiera llamó a concurso para cubrir el cargo del fiscal regional, que entre sus tareas tiene la investigación de las denuncias que atañen al poder, función que, en consecuencia, recaerá sobre Jiménez.

Con 10 de sus 14 integrantes en actividad, el Colegio de Jueces dedicado al control de las pesquisas y a su juzgamiento luce mejor pertrechado para afrontar el reto de la oralidad plena. La zona más débil radica en la carencia del Tribunal de Impugnación con tres camaristas, estrado que debería resolver las apelaciones interpuestas contra las decisiones tomadas durante el proceso. La falta de ese instrumento será suplido por un “control horizontal” a cargo de los magistrados del mismo Colegio que preside Sergio Altamirano. Habrá una sobrecarga de trabajo e incompatibilidades, pero en ese ámbito prevalece el optimismo y hasta se animan a vaticinar un “cambio histórico”. Los Tribunales de Concepción nunca han enjuiciado un caso de corrupción, por lo menos hasta donde la memoria alcanza: los magistrados consideran que, tal vez cuando el Código de 2016 enseñe sus virtudes, los ciudadanos se animarán a exponer los delitos de sus autoridades (se informa por separado).

Por lo pronto, las distintas partes de la Justicia penal se conforman con perseguir el crimen con herramientas propias del siglo XXI. Las 10 salas acondicionadas para la celebración de las audiencias exponen ese potencial tecnológico, que está en las antípodas de la dependencia enfermiza del papel. Liberados del yugo del expediente (las actuaciones quedarán plasmadas en legajos desformalizados y en los correspondientes archivos audiovisuales), ya no habrá excusas para dilatar los casos. El esquema procura que los plazos acotados sean la norma y que la obligación de cumplirlos valga para todas las partes. Los jueces consideran que la mayoría de las causas podrían ser resueltas en un año o antes. Ello debería llevar a reducir las prisiones preventivas y a incrementar el respeto por las garantías constitucionales. Las aspiraciones son grandes para una jurisdicción que recibe alrededor de 10.000 denuncias al año, máxime cuando el modelo pretendido abraza la publicidad -el secreto de sumario sólo procederá en supuestos específicos y por términos de hasta 10 días- y la búsqueda inteligente de soluciones. Ese cambio cultural es el que falta, pero por lo menos ya dispone de leyes, lugares y tecnologías adecuados para desarrollarse: desde hoy será cuestión de que así lo quieran los seres humanos que presenciaron el fracaso del paradigma anterior.

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