22 Marzo 2019
Veinte años después de la sanción de la ordenanza que imponía la parquización de Campo Norte, funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán criticaron las nuevas cesiones de sectores del predio a gremios para construir sedes sociales.
En agosto del año pasado, la Legislatura sancionó dos proyectos de ley para transferir parcelas a título gratuito para que dos sindicatos construyan sendos complejos deportivos, a condición de que ofrezcan “su uso a entidades de bien público y educativas”. La ley 9.166, promulgada por el gobernador Juan Manzur, cedió al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la capital una parcela del predio de 100 metros de largo por 122 metros de ancho, sobre Bolivia. En la misma sesión, también se sancionó un proyecto de ley idéntico pero en beneficio del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata). Sin embargo, la segunda norma todavía no fue promulgado por el Poder Ejecutivo: no se lo publicó en el Boletín Oficial ni se le asignó número. El predio para Smata es más grande que el de SOEM: 216 metros de largo por 98 metros de ancho, sobre avenida Israel (ex Viamonte).
“La Provincia sigue siendo el titular dominial y registral. Por eso dispuso a título gratuito un segmento del predio a dos gremios. La Provincia privó a la ciudad y al vecino de un parque de uso común y público para beneficio de gremios afines”, arremetió Walter Berarducci, secretario de Gobierno municipal. Repitió tres veces el tipo de cesión: a título gratuito.
Los titulares de ambos gremios defendieron las leyes. Tanto Osvaldo “Cacho” Acosta (SOEM) como Luis “Pata” Diarte (Smata), coincidieron en el argumento: podrán construirse centros deportivos en un sitio baldío.
Casi 30 años
El debate para sugerir un uso para el solar de 28 hectáreas entre Israel (Viamonte), Ecuador, Bolivia y Castelli, empezó en 1992, cuando se ordenó la creación de una comisión para gestionar la restitución del inmueble (ley 6.376). El entonces concejal Raúl Pellegrini (volvió a ser electo por el período 2015-2019) fue el autor de la ordenanza 2.482, que declaró en 1996 el interés municipal del sitio.
En 2006, el entonces gobernador José Alperovich firmó un convenio con el intendente Domingo Amaya por el que la Provincia, que había comprado los terrenos a la Nación (pertenecían al Ejército), los cedía a la Municipalidad para la creación de un parque.
En 2016, los secretarios de Obras Públicas y de Servicios Públicos, Luis Chrestia y Carlos Arnedo, presentaron un anteproyecto para el complejo, que incluía caminería interna, apertura de calles, pistas de salud, juegos infantiles, un jardín botánico, un anfiteatro y canchas de fútbol. Entonces los trabajos preveían gastos por $ 135 millones -el monto quedó desactualizado por la devaluación del peso-.
Un mes después, el entonces secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin (ahora ocupa una banca en Diputados de la Nación), había convocado a una reunión en Casa de Gobierno con Pellegrini, Berarducci, y el concejal alperovichista David Mizrahi. “El gobernador nos ha pedido que tengamos una reunión común con concejales y con funcionarios de la Municipalidad para definir los pasos a seguir y avanzar en la creación del parque”, había informado Yedlin. En la reunión se unificaron los anteproyectos que la Intendencia y el PE tenían para la zona. Se acordó respetar dos leyes que ceden cuatro hectáreas a las federaciones de Jockey y Voley para la construcción de canchas.
Pleito
“La Provincia, vía Legislatura, nos cedió una fracción en comodato por 20 años para que tengamos un predio. Tenemos un complejo deportivo en Villa Mariano Moreno pero que nos ha quedado chico. Queremos revalorizar Campo Norte y la mejor manera es construyendo un predio en un sitio baldío”, sostuvo Diarte, de Smata. “Nuestro gremio tiene más de 70 años de vida activa y no tenemos un lugar para nuestros trabajadores. Como el intendente Germán Alfaro nos tiene abandonados desde que era secretario de Gobierno, Manzur se compadeció y nos permite dar uso a un baldío”, defendió Acosta, titular de SOEM.
Berarducci insistió en que la medida era un “premio” por la fidelidad al PJ de los dirigentes. “Esto es netamente político: utilizan bienes públicos de todos los habitantes de la provincia en beneficio de gente afín, pagando favores políticos con bienes públicos. Siguen la misma matriz alperovichista, porque Manzur y Jaldo son la continuación alperovichista”, achacó el funcionario de la Municipalidad.
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