Detienen a cuatro comisarios en Santiago del Estero acusados de violaciones a los derechos humanos

18 Junio 2004
SANTIAGO DEL ESTERO.- Cuatro ex policías santiagueños retirados fueron detenidos hoy en el marco de la causa por la desaparición de militantes políticos durante la década del '70, que también involucra al ex cinco veces gobernador Carlos Juárez, informaron fuentes judiciales.
Se trata de los comisarios Miguel Garby, Juan Bustamante, Ramiro López y José Baudano, apresados por orden del juez federal Angel Toledo y alojados en el destacamento móvil 5 de Gendarmería Nacional, lugar en el que también permanece detenido el ex jefe de Inteligencia, comisario Antonio Musa Azar.
Por la misma causa, Juárez cumple arresto domiciliario en `La Rosadita´, acusado de los presuntos delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional de 1973-1976.
La acusación al caudillo peronista de 88 años, surgió cuando el fiscal federal Alberto Pravia denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial durante la tercera gestión de Juárez.
Para el fiscal, el ex cinco veces gobernador Juárez "es el jefe de una asociación ilícita en la aplicación de apremios y torturas" de santiagueños que desaparecieron durante su tercera gestión y en una indagatoria se declaró "inocente".
Similares pedidos fueron formulados por Pravia para los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D'Amico y el ex jefe de la Inteligencia santiagueño, comisario Antonio Musa Azar, detenido y procesado por el doble crimen de La Dársena.
Las imputaciones de Pravia también se hicieron extensivas al juez catamarqueño Santiago Olmedo, acusado de ser "autor material de la denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público", por lo que reclamó su desafuero.
Además de los policías hoy detenidos, también fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales", los comisarios Noly García, Roberto Díaz, Jorge Brau y Correa Aldana, todos retirados de las fuerzas de seguridad.
En la misma causa, Toledo ordenó la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas, enterrada en un cementerio de Arraga, que murió tras ser sometida a torturas en el edificio en el que funcionaba la SIDE local.
Asimismo, varios centenares de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, que esta noche descubrieron una placa en recordación a los desaparecidos, comparecieron con anterioridad para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.
La intención es que los exámenes sean comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados una vez que se inicien las excavaciones en los cementerios clandestinos de las localidades de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo, Isla Verde.
Los procedimientos e inspecciones oculares, que estarán a cargo de un grupo de antropólogos y médicos forenses, también se extenderán hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos eran arrojados desde el aire por helicópteros. (Télam)

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