23 Diciembre 2018
La concejal de la capital, Sandra Manzone, ratificará esta semana su denuncia penal contra los choferes de colectivos. La edil de Cambiemos los denunció por obstruir las calles cuando las unidades de las líneas rodearon el Concejo y la Municipalidad, durante el paro de 21 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Entre el martes a la tarde y el miércoles al mediodía de la semana pasada, los choferes de colectivos se declararon en paro para reclamar a la cámara empresaria por el pago de dos ítems salariales acordados en la última paritaria (unos $ 7.000). Si bien la medida de fuerza fue convocada contra la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), rápidamente las cercanías del Concejo (Monteagudo y San Martín) y de la Municipalidad (9 de Julio y Lavalle) se poblaron de colectivos vacíos. Cuando LA GACETA le había consultado a César González al respecto, el secretario general de UTA había negado la metodología: “de ninguna manera, los colectivos quedaron en los lugares que circulaban al momento de declarar la medida”. Manzone, sin embargo, consideró que la medida habría sido realizada como estrategia de presión para que se trate el pedido de los empresarios para llevar el boleto a $ 28,50 (actualmente la tarifa es $ 15,50).
“Un grupo indefinido de personas, presuntamente choferes y trabajadores del transporte público, procedió alrededor de las 16 y de manera arbitraria e injustificada a colocar un sinnúmero de unidades en las principales arterias de la ciudad, con la evidente finalidad de entorpecer e impedir la circulación de los vehículos en general”, reza la denuncia presentada el martes en los tribunales penales. “Las conductas referidas coinciden con el tipo descripto en el artículo 194 del Código Penal y violentan de manera flagrante la libertad de tránsito como derecho fundamental consagrado por el articulo 14 de la Constitución Nacional. Desde un punto de vista fáctico las citadas conductas delictuales se enmarcan en la situación de conflicto que UTA mantiene con Aetat por cuestiones salariales, ante lo cual los trabajadores citados decidieron adoptar estas verdaderas acciones extorsivas para con toda la comunidad capitalina con el claro objetivo de que el Concejo sanciones un incremento en la tarifa del boleto que permita, a criterio de los empresarios, satisfacer el reclamo salarial que éstos últimos deberían afrontar”, agregó Manzone. El artículo 14 del Código Penal nacional prevé penas de prisión de tres meses a dos años a “quienes impidieren, estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra”. El miércoles, la edil aportará más datos para la investigación.
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