"Sin grandes inversiones, se puede recuperar a chicos delincuentes"

"Hay que salir del efecto especular ?contra? el menor. Se les hace la imagen de que son el peligro para la integridad física y económica, pero son el producto de la sociedad y debemos hacernos cargo de estos síntomas sociales". La reflexión pertenece a la psicoanalista Rosa Sánchez, supervisora de programas de tratamiento de menores en conflicto con la ley en Morón, Buenos Aires.
La profesional participó en Tucumán en el curso "Violencia y delincuencia: políticas y tratamientos", organizado por el Laboratorio de Docentes e Investigadores sobre Problemas de Impacto Social de la Facultad de Psicología de la UNT.
Sánchez trabaja en planes de seguimiento de la libertad asistida de los menores que delinquen, y -según dijo- se logró bajar mucho los índices de reincidencia, dado que se trabaja para prevenirla. La psicóloga comentó que se trabaja en grupos o individualmente con los chicos a los que los jueces les dictan medidas tutelares por haber incurrido en faltas con la ley penal.
"El psicoanálisis debe tomar este campo porque pueden producirse efectos en este sector que muchas veces no es reconocido como sujeto o como humano; hay un gran porcentaje de recuperables", aseguró Sánchez. La psicoanalista abogó por el abordaje multidisciplinario de esta problemática para atacar la múltiple causalidad que afecta a los adolescentes. Mencionó, como ejemplo, los problemas socioeconómicos, educativos, familiares y la drogadicción.

A la espera de una firma
En Tucumán, quienes trabajan en el proyecto "Psicopatologías y actos delictivos bajo el efecto de la droga", de la Facultad de Psicología, elaboraron un proyecto que está en manos de la Corte Suprema. Con él se apunta a lanzar el "Plan preventivo para menores en conflicto con la ley", para tratar a los chicos que, por orden judicial, no quedan alojados en institutos pero que deben seguir medidas tutelares para su reinserción social. Este sería el primer programa destinado a la recuperación de jóvenes en la provincia, y está dirigido por las psicólogas Estela Rosig y Liliana Fernández de Galindo.
"El trabajo propuesto es económico, y demuestra que no son necesarias grandes inversiones en cárceles o armas para la Policía, porque sólo hay que capacitar a profesionales", destacó Sánchez.