06 Noviembre 2018
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A seis días del vencimiento de los beneficios impositivos autorizados por la Ley de Emergencia Agropecuaria, productores rurales visitaron la Casa de Gobierno para plantear formalmente su preocupación por la situación del sector y solicitar la restitución de la norma.
Representantes de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se reunieron ayer con el secretario de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, y con el director de Agricultura, Gustavo Páez Márquez, para entregarles datos relativos a las pérdidas que fueron constatadas en relevamientos privados.
“El 80% de las hectáreas sembradas con trigo se encuentran afectadas; sólo hay un 10% que logró escapar a esta situación, porque fue cosechado antes del inicio de este período de lluvia ya que eran lotes sembrados con variedades de ciclo corto”, plantearon los directivos Atilio Asón (presidente), Roberto Palomo (prosecretario) y Javier Ayala (tesorero) tras la reunión en un texto enviado a LA GACETA. Aclararon que el 10% restante corresponde “a lotes que tuvieron fecha de siembra tardía y van a comenzar su madurez para cosecha en los próximos días”, aunque los pronósticos de lluvia son desalentadores. Y agregaron que el panorama del garbanzo “es aún peor”, al punto de que “ni siquiera se justifica ingresar a los lotes con las cosechadora”.
La visita de los productores a la Casa de Gobierno tuvo lugar luego de que caducara un artículo enmarcado en la Ley de Emergencia Agrícola, sancionada en 2015 y prorrogada en 2016 y en 2017.
La norma fijaba el 31 de octubre pasado como plazo para diferimiento fiscal en el pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente a los tres períodos anteriores, siempre que se tratara de propiedades afectadas a la producción de caña de azúcar y de granos.
En paralelo, se dispuso la suspensión hasta el 31 de diciembre de este año de los procedimientos judiciales y administrativos para este sector productivo por cobros a favor del Estado provincial.
En el ámbito rural confían en que se ampliarán esos beneficios. Pero por el momento en el Gobierno no lo dan por confirmado. Según coincidieron fuentes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, la cuestión será resuelta por el gobernador, Juan Luis Manzur, una vez que regrese de la misión oficial en el extranjero. La comitiva además está integrada por el ministro de Economía, Eduardo Garvich, y por el titular de la comisión de Hacienda de la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares, quienes tendrían que abocarse al estudio de la cuestión. En la Legislatura, por lo pronto, está en espera de dictamen desde agosto pasado un proyecto del radical Raúl Albarracín que apunta a prorrogar los diferimientos que otorga la emergencia agrícola.
“Para la siembra de soja y maíz este año la inversión en preparación de los lotes será mayor, y la situación se agrava con lo inaccesible del financiamiento por las altas tasas. El productor contaba con el trigo y garbanzo para invertir en la compra de insumos para la campaña gruesa”, advirtió Apronor.
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