La Cámara Federal ratificó que el Correo y Gendarmería no cometieron fraude en la elección de 2015

La Justicia Federal de Tucumán ratificó una vez más que no tienen asidero las denuncias opositoras por presuntas irregularidades cometidas en los comicios provinciales de 2015.

El viernes, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el fallo que, en diciembre del año pasado, había firmado el juez federal Fernando Luis Poviña. Mediante esa sentencia, el magistrado rechazó las denuncias del líder del Acuerdo para el Bicentenario: el radical José Cano.

El diputado radical había señalado al Correo Argentino y a Gendarmería Nacional como supuestos partícipes del presunto fraude registrado en las elecciones pasadas, en las que resultó ganador el gobernador Juan Luis Manzur (PJ). Primero el juez Poviña y ahora los camaristas Marina Cossio, Ricardo Sanjuán, y Hernán Frías Silva (conjuez) desestimaron posibles anomalías por parte de esos organismos. Por ello, dictaron el sobreseimiento de dos funcionarios del Correo, Luis Soria y Juan Ángel Díaz. Además, a pedido de la Junta Electoral Provincial (JEP), volvieron a dar el visto bueno para la incineración de las urnas con más de un millón de votos, que aún permanecen bajo vigilancia. Sin embargo, para que esto suceda, la sentencia debe quedar firme.

Las causas

Cano y su compañero de fórmula del ApB-Cambiemos, Domingo Amaya, habían denunciado un supuesto fraude electoral en 2015, debido al acarreo de votantes, la entrega de bolsones y otras supuestas anomalías. Tras un fallo favorable en primera instancia de la Justicia provincial, que declaró la nulidad de los comicios, se sucedieron una serie de reveses judiciales para los opositores. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la validez de los comicios y la legitimidad de la asunción de Manzur y del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. En paralelo a este expediente se inició una denuncia penal en el fuero federal por supuestas anomalías por parte del Correo Argentino y Gendarmería.

Según Cano, los funcionarios del Correo, Soria y Díaz, eran presuntos responsables por una aparente carga irregular de datos en el escrutinio provisorio. "Compartimos la postura sentada por el juez (Poviña) en cuanto indicó que la labor del Correo se habría limitado -entre otras cosas- a llevar adelante el escrutinio provisorio, el cual no es una declaración de voluntad emanada del órgano electoral y, por lo tanto, los actos llevados a cabo por el Correo Argentino jamás podrían tener relevancia en el ámbito penal, en tanto no tiene -por sí sola- la capacidad de cambiar un resultado eleccionario", redactaron los vocales de la Cámara Federal.

Respecto de Gendarmería, los cuestionamientos opositores se centraron en la custodia de las urnas, teniendo en cuenta que el circuito cerrado instalado por una empresa santiagueña, Info FOJ, falló en los dos días posteriores a los comicios del 23 de agosto, por lo que no registró imágenes de lo que ocurría en la sede de la JEP. La fuerza de seguridad argumentó que “aún encontrándose dañadas las grabaciones, no se vio afectada la custodia de las urnas en forma alguna”. Y aseveró que las filmaciones eran “una medida adicional de vigilancia”, por lo que su falla “no tuvo ninguna incidencia” en el operativo. Los camaristas, nuevamente, ratificaron el rechazo planteado inicialmente por el juez Poviña y citaron los argumentos de Gendarmeria y de la Junta. "Las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la Junta Electoral, puestas en tela de juicio, no fueron ni son un elemento destinado a servir de prueba en la investigación llevada adelante en la Justicia tucumana por presuntas irregularidades", expusieron los magistrados. "No se vio afectada la cadena de custodia de las urnas en forma alguna. En efecto, la filmación del traslado y depósito de las urnas no se encontraba previsto. Por ello, esta medida adicional de vigilancia no tuvo ninguna incidencia respecto a la organización preestablecida entre la Junta y Gendarmería", completaron.

En función de ello, la Cámara Federal concluyó: "no se advierte que hayan realizado maniobra ilícita alguna los miembros de la Junta Electoral, de Gendarmería o de la empresa Info FOJ, no resultando suficiente la existencia de desperfectos en las cámaras de seguridad para atribuir a alguno de ellos la destrucción o inutilización de ciertas filmaciones (...) De igual manera, cabe destacar que no se afectó la cadena de custodia durante todo el proceso eleccionario, no habiéndose perjudicado ni alterado el escrutinio definitivo".

Con este nuevo revés judicial, al radical Cano sólo le queda la alternativa de interponer un recurso para acudir en queja ante la Corte Suprema de la Nación. "Lo vamos a hacer, queremos que se investigue la conducta delictual de las personas denuncias, del Correo, de Gendarmería y de la Junta", adelantó el diputado a LA GACETA. Así las cosas, a más de tres años después de los comicios, todo parece indicar que no se podrán quemar aún las urnas de los polémicos comicios de 2015.