26 Septiembre 2018
CITADOS. Rocca (izquierda) y Midlin deberán prestar indagatoria ante el juez.
BUENOS AIRES.- La causa penal que investiga una presunta organización dedicada a recolectar coimas durante el kirchnerismo (2003-2015) sumará el testimonio de autoridades de dos de las principales empresas del país.
El juez federal Claudio Bonadio, a cargo del expediente del “caso de los cuadernos”, citó ayer a declaración indagatoria a Paolo Rocca y Marcelo Midlin, presidentes de los holdings Techint y Pampa Energía, respectivamente. Estos actos procesales están previstos para el mes próximo, y si no se descarta que los convocados tengan la oportunidad de solicitar su participación en carácter de “arrepentidos”, como sucedió con otros representantes del sector privado en este caso.
Rocca, considerado uno de los empresarios más importantes de Argentina y América Latina, deberá asistir el próximo 16 de octubre a los tribunales federales de Comodoro Py. Un día después, en tanto, será el turno de Midlin, quien en marzo de 2017 había adquirido la constructora Iecsa, que era propiedad de la familia del presidente, Mauricio Macri.
Desde hacía varios días corría la versión sobre la citación a Rocca, y el rumor estaba fundado en un hecho concreto: semanas atrás, Bonadio decidió el procesamiento de Luis Betnaza, director de Techint.
Betnaza se había acogido a la figura del “arrepentido” y había declarado ante el juez federal que Techint pagó “contribuciones” al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para destrabar una situación conflictiva que atravesaba una de las empresas del grupo, Sidor SA, en Venezuela, tras su nacionalización por parte del entonces presidente de ese país, Hugo Chávez. “Me cansé de lidiar con pedidos de coimas de todo tipo de gobiernos”, había dicho Betnaza, según publicó el portal de noticias Infobae”
El 16 de agosto, durante un encuentro empresarial, Rocca reconoció los dichos de Betnaza. “Accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces de (concretar) un apoyo”, comentó Rocca.
La trama de sobornos fue revelada el 1 de agosto pasado, cuando se conocieron las copias de ocho cuadernos con las detalladas anotaciones que llevó a cabo Oscar Centeno, quien era chofer de Roberto Baratta, el brazo derecho del ex ministro de Planificación Federal en el kirchnerismo, Julio De Vido. Centeno, que llevó a cabo ese rol entre 2005 y 2015, dejó un registro de los nombres, las direcciones y los montos de los sobornos que, según su relato, enviaban empresarios ligados a la obra pública a funcionarios nacionales, supuestamente con el objetivo de aportar para la campaña kirchnerista.
Centeno, que también declaró bajo la figura del arrepentido y está imputado en la causa, destacó que Héctor Zabaleta, hombre de Techint, era el encargado de hacer los pagos a Baratta. Pero Bonadio dictó la falta de mérito en su caso.
De todos modos, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en la apelación, requirieron el procesamiento de Zabaleta.
Betnaza había admitido haberle dado órdenes a ese empleado de Techint para que entregara el dinero de “coimas”, con el supuesto objetivo de lograr que entonces funcionarios kirchneristas intercedieran ante autoridades venezolanas por la compañía Sidor SA.
En los mismos cuadernos también aparece el domicilio de las oficinas Pampa Energía de calle Bouchard 447, donde habría funcionado el despacho de Midlin, según se desprende de la pesquisa.
Hace nueve días, el juez Bonadio procesó a la ex Presidenta por considerarla la jefa de una asociación ilícita. Los fiscales Stornelli y Rívolo apelaron la medida al entender que Fernández de Kirchner en rigor fue posible autora de unos 913 delitos. La acusación de Bonadio, en tanto, la señala como presunta coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar sobornos) en cinco episodios.
El juez federal le trabó además un embargo multimillonario por casi 100 millones de dólares y solicitó su prisión preventiva. Fernández de Kirchner posee sin embargo inmunidad como legisladora, lo que impide su detención y su desafuero debe ser aprobado por el Senado. Una de las pruebas clave en su contra es el testimonio de su ex funcionario, José López (DPA-Especial)
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