Negociación con la gente de Horco Molle

Las 14.000 hectáreas del parque Sierra de San Javier son no sólo un predio vulnerable -como señaló el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli- sino una tentación para la fiebre inmobiliaria, que cada vez presiona más hacia la zona alta.

El caso del barrio cerrado “las Pirámides” fue descubierto por los guardaparques luego de la denuncia de un grupo de senderistas que habían sido advertidos por un grupo de personas que les dijeron que no podían visitar la cascada El Salto de la Corzuela porque, según ellos, era “propiedad privada”.

Pero no es el único caso. “Hay usurpaciones y reclamos por prescripción en la ruta 341, en Tapia. También los asentamientos de Horco Molle son motivo de preocupación”, explicó Vitulli.

En este caso, se trata de un barrio entero de ocupantes en la zona de la escuela de Agricultura, que está dentro de la Reserva Experimental de Flora y Fauna de Horco Molle. El caso es especial; tiene 135 viviendas (con capilla, con escuela y hasta con un club de fútbol) y los vecinos están negociando con la UNT las condiciones de permanencia en las casas. A comienzo de año la ex rectora Alicia Bardón había dicho que “no se puede desalojar a los ocupantes, pero deben pagar la luz”, con lo que mostraba los límites del problema. La luz que tienen es mala, depende de un medidor comunitario que abona la UNT y ese es sólo uno de los problemas. “Hace 15 años la UNT le quiso entregar la tenencia precaria a la gente y no hubo acuerdo porque el problema es determinar quién es el dueño”, dijo Cristian Olea, representante de los vecinos. “Hay gente que vivía aquí toda la vida; los abuelos, hace 70 años, y la Universidad está desde 1948. Al no tomar la UNT control de esto, el barrio siguió creciendo, llegaron los hijos, los nietos... la población creció aquí en Horco Molle”, explicó.

Vitulli dice que se está negociando con los vecinos un acuerdo por el que se les reconozca la tenencia precaria pero que ellos reconozcan que la propiedad es de la UNT, y que además se encuentre la forma de que el barrio no siga creciendo. Con eso, se pediría a EDET que les dé medidores domiciliarios. “Ahora evalúa el rector la decisión sobre eso. Está teniendo asesoramiento jurídico. Se le envió a una comisión que se formó la propuesta de la tenencia precaria. Si no firman, el rector verá los pasos a seguir”. Olea explicó que “no estábamos interesados en discutir el tema terrenos. Conversamos con la UNT por la luz. Ellos se hacen cargo pero hay poca tensión; no llega a 80, se cortan los fusibles, los cables. Acá hay varios chicos discapacitados, una chiquita electrodependiente; gente mayor, de 80, 90 años, enferma”. Esto -agregó- es un tira y afloja con la gente. La Universidad nos quiere hacer firmar una tenencia precaria y la gente cree que le corresponde el lugar. Al tener un terreno aquí, se casa un hijo y hacen una ampliación en la casa de los padres y de ahí es la población que está creciendo”. Y concluyó: “ellos cada cuatro años cambian de gobierno y ninguno quiere solucionarlo. Los abogados que ellos tienen están hace 30 años con la Universidad y no hicieron nada”.