Aflige al Gobierno el efecto de la suba del dólar en el pago de juicios

La devaluación del peso argentino con relación a la moneda estadounidense impacta en las tasas de interés, explicó Leiva. En la Fiscalía de Estado estiman que los recursos presupuestados quedarán desfasados.

10 Sep 2018
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La suba del dólar, que comenzó 2018 a unos $18 y la semana pasada llegó a más de $40, genera preocupación en la Casa de Gobierno debido al efecto que tendrá esta alza en las obligaciones originadas por fallos judiciales contra la Provincia, cuyos pagos ya habían sido contemplados en el Registro de Sentencias Condenatorias de este año.

Al cierre de agosto de 2017, cuando la Fiscalía de Estado realizó la proyección de erogaciones por este rubro, estimó un gasto de $162,4 millones para afrontar los juicios adversos a cancelar en este período, según consta en el Presupuesto General de la Provincia para 2018.

Ante una consulta de LA GACETA, el fiscal de Estado, Daniel Leiva, reconoció que ese monto quedó desfasado debido a las repercusiones financieras que produjo la suba de la moneda norteamericana. “La devaluación del peso argentino (con respecto al dólar) termina teniendo un alto impacto (en las condenas) por el correlativo incremento de la tasa de interés. En tal sentido, respecto a los pagos de las acreencias que se están depositando judicialmente en el ejercicio en curso, que fueron presupuestadas al 31 de agosto de 2017, seguramente dicha partida prevista no resultará acorde con la inflación que ya se proyecta para los próximos meses”, detalló Leiva en un escrito a este diario.

El equipo de abogados de la gestión del gobernador, Juan Luis Manzur, se enfrenta a una situación inédita desde la sanción de la ley 8.851, que rige desde marzo de 2016. Además de adherir a la Provincia al régimen federal de inembargabilidad de los fondos públicos presupuestados -vigente desde hacía más de una década-, la norma estableció la creación del Registro de Sentencias Condenatorias, de acceso público vía internet (fiscaliatucuman.gob.ar/registro-de-sentencias).

Allí consta el orden en que se afrontarán los costos por “los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial” o a los entes en los que tenga participación el Gobierno. En la mayoría de los casos se trata de procesos abiertos hace varios años, ya que deben contar con un pronunciamiento definitivo para su inclusión. De hecho, entre los 268 expedientes contemplados en el Registro de Sentencias Condenatorias de 2018, figuran 25 casos originados en la década del 90 (es decir, casi el 10% del total). Los fallos habían sido notificados al PE entre agosto de 2012 y julio de 2017.

Proyección

Hasta el momento, la Casa de Gobierno no envió un proyecto de ampliación presupuestaria con reasignación de partidas a la Legislatura, como suele ocurrir durante el segundo semestre de cada año. De todas formas, la ley 8.851 establece que si se agota lo destinado a saldar los compromisos judiciales en un período dado, “el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente”.

Días atrás, mientras en las pizarras de los bancos el dólar mostraba una marcada suba con respecto al peso, en la Fiscalía de Estado reajustaban los datos relativos al año próximo. “Respecto a la información elevada oportunamente a la Secretaría de Hacienda de la Provincia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2019, es necesario destacar que en (esa documentación) se trabajó con una tasa proyectada de inflación que, al día de la fecha, no se condice con la realidad económica actual del país. Eso motivó que (en estos momentos) estemos realizando un recálculo acorde los actuales índices de inflación, muy superiores a los estimados oportunamente”, destacó Leiva.

El fiscal de Estado agregó que, más allá de esas revisiones, el contexto financiero no permite un avance definitivo. “Al día de la fecha no sólo existe incertidumbre por la inflación, sino también por los recursos con los que finalmente contará la Provincia en base a la elaboración del Presupuesto Nacional 2019. Si bien no se tienen precisiones ni un borrador oficial proporcionado a las Provincias a la fecha, los trascendidos periodísticos son preocupantes respecto de la merma de ingresos que sufrirían las jurisdicciones provinciales”, explicó Leiva en el escrito.

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