Un tribunal confirma que el intendente de Tafí del Valle debe ir a juicio

Los camaristas Albo y Pedicone rechazaron los planteos de Yapura Astorga y de otros siete coimputados. El jefe municipal está acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

05 Sep 2018
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ANTE LA JUSTICIA. El tribunal considera que existen pruebas para juzgar a Yapura Astorga. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción desestimó los argumentos que el intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, y otros siete acusados habían presentado para evitar el juicio oral. Los camaristas Eudoro Albo (preopinante) y Enrique Pedicone consideraron que existen pruebas para juzgar al jefe municipal por un supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

La resolución de la Cámara de Apelaciones habilita el envío del proceso a la Cámara Penal  para el sorteo del tribunal que ha de celebrar el enjuiciamiento de Yapura Astorga, dirigente de extracción radical afín al oficialismo. La pesquisa determinó que el patrimonio del intendente exhibiría un aumento patrimonial injustificado de $ 3,1 millones (U$S 163.000 según la cotización de 2017). Junto al titular del Municipio deben ser juzgados  otros siete imputados: su pareja Nerina Julieta Mustafá, propietaria de la despensa “Floppy III”; su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga; su sobrino, Sergio Andrés Astorga Lagoria; su contador, Julio Mercado, y los funcionarios municipales Juan Ramón Silva, Oscar Medina y Sonia del Carmen Saavedra.

Los camaristas Albo y Pedicone ratificaron el  trabajo que habían desarrollado previamente los jueces Mario Velázquez  (Monteros) y Raúl Fermoselle (Concepción), y el fiscal Jorge Carrasco (Monteros). El caso se remonta a comienzos del año electoral 2015, cuando trascendió que la administración de Yapura Astorga compraba  comestibles a “Floppy III”, el negocio de Mustafá, de manera directa, es  decir, sin licitación pública. El hoy concejal Carlos Arnedo y el dirigente Sebastián Luna (Frente Renovador Valle Calchaquí), a la postre  denunciantes con la asistencia del abogado y peronista disidente Oscar López, detectaron esa situación al identificar la propiedad registral de  un camión que descargaba los alimentos adquiridos por el Estado. En  virtud de sus averiguaciones, Luna y Arnedo constataron que el vehículo  pertenecía a Mustafá.

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