En febrero comenzará el juicio oral contra Cristina

Se la investigará por direccionar la obra pública en favor de Báez En el caso de los trabajos en Santa Cruz, también irán al banquillo De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros

04 Sep 2018
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EN TRIBUNALES. Ayer, la senadora se presentó, no declaró y dejó un escrito. reuters

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fijó para el 26 de febrero el inicio del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo de Néstor Kirchner), entre otros, en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Será la primera vez que la ex presidenta esté en el banquillo acusada de haber comandado una asociación ilícita que se apoderó de dinero de la obra pública adjudicada al empresario Báez, en la provincia de Santa Cruz.

Se trata del expediente más importante de las causas por corrupción en las que está acusada la actual senadora, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, que está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, que ayer fijó el inicio de la audiencia para el 26 de febrero de 2019, a las 12.

Se trata del caso más avanzado que tiene la ex presidenta para llegar a una instancia de juicio. No obstante, ya están elevadas también a esa instancia las causas conocidas como “dólar futuro” y “Memorándum con Irán”.

El caso de “Los Sauces” está a punto de ser elevado a juicio, mientras que Cristina fue recientemente procesada por el caso “Hotesur”.

Ayer, la ex presidenta enfrentó la ampliación de su indagatoria en la causa de “los cuadernos de la corrupción” (dejó un escrito como en las siete citas anteriores), y se estima que también sería procesada y se le dictaría la prisión preventiva en los próximos días.

El expediente del caso de la obra pública concedida a Austral Construcciones en Santa Cruz fue la primer causa de corrupción que salpicó a la ex mandataria.

Contratos

Si bien el tema de la obra pública formó parte de la megacausa por asociación ilícita que denunció la diputada Elisa Carrió en 2008, esta investigación se activó por una denuncia de Javier Iguacel, entonces responsable de Vialidad Nacional, que hizo en abril de 2016, tras un relevamiento de 52 contratos de obra pública vial que se le concedieron a Báez por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas.

En diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini dictó el procesamiento de Cristina Fernández, De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Héctor Jesús Garro, Juan Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

En setiembre del año siguiente, la Cámara Federal confirmó ese fallo y añadió a la lista de procesados a Abel Fatala, segundo de José López y quien hasta entonces tenía falta de mérito.

“La matriz delictiva se habría instrumentado a través de una estructura administrativa jerarquizada, donde la ex presidenta no podía ignorar las especiales características de la maniobra. Ello es así, puesto que conocía la estrecha relación de amistad de su marido con Lázaro Báez y la extraordinaria evolución patrimonial del nombrado -ambas de público y notorio-, que fue producto exclusivamente de la obra pública vial en su provincia”, sostuvieron por entonces los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero -hoy ya alejado de la Cámara Federal-.

Aquella resolución destacó como un elemento sustancial que Báez recién comenzó a dedicarse a la construcción justo cuando llegaron los Kirchner al poder. Cristina “ejercía el Gobierno de la Nación y se encontraba en la cima de la estructura administrativa del Estado. Por lo tanto, todos los funcionarios que intervenían en el circuito de la obra pública eran sus subordinados y en particular el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien era la máxima autoridad en materia de obra pública vial, dependía directamente” de ella, sostuvo la Cámara al evaluar la investigación.

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