28 Agosto 2018
PROMESA DE ABOGADO. “Lo voy a acusar personalmente”, dijo Beraldi cuando se quejó de que Bonadio no lo dejó participar de los allanamientos. INFOBAE.COM
El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de Cristina Fernández, denunció la exposición a productos tóxicos que se produjo en el departamento de la ex mandataria, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, luego del allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio en la causa de “los cuadernos de la corrupción”.
En este sentido, voceros de la senadora difundieron un certificado emitido en el Hospital de Clínicas que indica que uno de sus empleados se vio afectado por un “tóxico de contacto”, lo que según señaló el abogado ocurrió en el departamento de Recoleta, tras el allanamiento.
Pero esta no es la única acusación que hicieron desde el entorno de la ex presidenta sobre los operativos. Según publicó el Diario Perfil, Cristina no quería regresar a su departamento porque en las 13 horas que duró el allanamiento podrían haber plantado micrófonos y cámaras para espiarla.
Cabe recordar que Beraldi criticó el hecho de que le impidieran el ingreso al domicilio de Recoleta. “Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio”, indicó, y retumbó su intención: “lo voy a acusar penalmente”. También denunció que “se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”.
Ayer a través de un comunicado de prensa, que firmó Beraldi, se cuestionó con dureza los allanamientos: “los elementos que el juez Bonadio ordenó secuestrar no están vinculados a la causa e integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación”. Y agrega que la Justicia se apoderó de documentación que tiene “relación directa” con el cargo de senadora. También se quejó por el secuestro “del único auto” de la ex presidenta: una camioneta Honda CRV, 2009.
Objeciones
Y en lo que pareciera ser una contraofensiva hacia el “archienemigo” de Cristina, el juez Bonadio, ella y su entorno buscan plasmar en un escrito todas las objeciones constitucionales y legales respecto de la actuación del magistrado, y pedir lo antes posible que se le abra un juicio político, al igual que al fiscal Carlos Stornelli.
Así trascendió esta iniciativa “para frenar” el “atropello judicial” de Bonadio que, en declaraciones del constitucionalista, Eduardo Barcesat, sonaron como decisión resuelta y a concretarse en pocos días.
El abogado resaltó en la entrevista televisiva que la causa de los cuadernos es “nula” por su origen. “Jamás pudo tener inicio esta causa sobre fotocopias aparecidas y en simultáneo al proceso de ocultamiento o destrucción de los originales; no se puede peritar cuál es la antigüedad del relato que está volcado en esas hojas fotocopiadas”, manifestó.
“En cuanto al estado de derechos estamos en situación de derrumbe institucional porque ha desaparecido la división de poderes”, resaltó Barcesat. En este sentido, argumentó que “el Ejecutivo ha usurpado las atribuciones del Congreso de la Nación, lo vemos en materia de deuda externa, en materia de fuga de capitales, en materia de modificar el régimen de las fuerzas armadas”, indicó.
Al respecto, y ante “esta situación de derrumbe institucional”, aseguró Barcesat que también correspondería pedir juicios políticos para el presidente, Mauricio Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el jefe de ministros, Marcos Peña.
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