La deuda social también crece

26 Ago 2018

La crisis económica adelantó todo tipo de especulaciones electorales con vista a 2019; pero también aceleró la inquietante “hipótesis diciembre”, esa que obliga a reflexionar sobre las consecuencias sociales de los tiempos de carencias y, por ende, a pensar en sus efectos políticos. Es que 2001 sensibilizó y afectó la psiquis argentina. Su recuerdo es recurrente, máxime cuando la inflación deteriora día a día el poder adquisitivo de los salarios y cuando los alimentos se encarecen tanto que agigantan el espacio que alberga a los que más necesidades tienen, o padecen. El fantasma asomó silencioso cuatro meses antes de fin de año, entre los gritos de corrupción y las disputas entre Nación y Provincias por la distribución de recursos, y no precisamente por la insensibilidad de los índices que revelan que una familia tipo necesita más de $ 20.000 para no ser pobre, o más de $ 8.000 para no ser indigente, o que la pobreza alcanza a más del 30% de la población argentina; sino por la contundencia de las historias que se escuchan en las organizaciones sociales que atienden comedores y merenderos.

Algunos integrantes de estas agrupaciones refieren, por ejemplo, que se les rompe el alma al ver que si antes atendían a 70 chicos que se acercaban a recibir un mate cocido y un sándwich de queso, ahora superan los 90 y que no les alcanzan las raciones para todos. O bien que otros tengan que optar entre pagar $ 1.700 por la luz o al IPV por sus casas y que las decisiones les cuesten el corte de la electricidad o el telegrama de desalojo por falta de pago. O que se tengan que abrir más comedores en las escuelas por pedidos de las direcciones a causa de que han advertido que los chicos no llegan bien alimentados a las aulas. Las acusaciones al pasado o las promesas hacia el futuro, por más ingeniosas que sean y distraigan, no pueden tapar esta realidad.

El drama social está presente y compromete a una parte significativa del país; sólo faltan respuestas adecuadas y una atención especial de la problemática antes de que el conflicto derive en caos. Y no precisamente porque haya amenazas o peligro de estallidos, sino porque la carencia es real y porque hay que atenderla ahora, más allá de los cuadernos que hablan de delitos y de las especulaciones políticas sobre los futuros de los dirigentes de Cambiemos o del peronismo, nacional o provincial. Frente al dramatismo de las historias de los que menos tienen, aquello suena a mera distracción momentánea. El foco debería estar en otro lado, por una cuestión de sensibilidad social, la misma que hace años viene faltando en la clase dirigente y que ha provocado que un tercio de los argentinos viva en un estado de pobreza estructural.

Ayuda insuficiente

No alcanza. Es la frase que se repite en cada uno de los referentes sociales cuando se les pregunta sobre los recursos que reciben del Gobierno nacional y del provincial para la contención social. Autoridades del poder central aseguran que a la provincia llegan $ 500 millones anuales para atender a los beneficiarios de planes sociales; mientras que desde el PE se distribuyen mensualmente subsidios para distintas organizaciones. En la semana que pasó se publicaron varios decretos en el Boletín Oficial que disponían de subsidios para la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -$ 45.000-, para el Movimiento de Unidad Popular Tucumán -$ 90.000-, para el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional -$ 165.000- y para la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -$ 1 millón-. Nación y Provincia ayudan a los mismos beneficiarios en varios casos pero, por más auxilio económico que reciban, aquella frase es reiterativa. No alcanza. Y por más que haya una demanda de nuevos cupos en los planes sociales, el Gobierno nacional decidió congelarlos por ahora; no hay más altas. El salario anual complementario, implementado por Cambiemos en 2017, alcanza sólo a 360.000 personas en todo el país. Si los pobres son más de 12 millones se concluirá que la ayuda es insuficiente. Funcionarios nacionales admiten una situación de conflictividad social, los incomoda, pero descartan un “efecto diciembre”. Apuestan al diálogo, aunque van a tener que sostenerlo con dinero, porque la crisis siempre le pone un límite a cualquier charla.

Algunos dirigentes de organizaciones sociales coinciden en cuanto a no agitar el fantasma del “mes 12”, pero admiten que puede haber movilizaciones callejeras a causa de que las partidas ya no pueden satisfacer la demanda recursos alimenticios -harina, arroz y leche- que hay en los comedores. Es que la comida comenzó a escasear en las mesas comunitarias. “El aporte de los compañeros ya no ayuda, a los niños que atendíamos ahora se han sumado familias enteras”, indican desde la Darío Santillán, que tiene comedores y merenderos en 10 barrios. Es claro que el congelamiento de las partidas nacionales no sólo deriva en un creciente malestar social, sino que también alcanza a los dirigentes, porque están viendo limitada su capacidad de respuesta, por no decir que sus bolsillos también han enflaquecido.

Desde la CCC, Vicente Ruiz aporta una mirada distinta, más pesimista sobre la realidad y sus consecuencias. “Esto revienta en cualquier lado”, grafica. Para los “combativos” no hay ayuda, ni nacional ni provincial, que les alcance. Consideran que los aportes por los programas sociales o los subsidios son meros paliativos frente al aumento de las tarifas, especialmente de la luz, que es lo que más afecta a los sectores de menos recursos. Para esta organización no hay vueltas: el Gobierno nacional se sentó sobre un polvorín que puede estallar peor que en 2001 porque a más de la situación de hambre de muchos se suma que hay trabajadores que reciben sueldos por debajo de la línea de pobreza o de la canasta básica. “Los estatales tienen confiscados sus haberes”, apunta.

Las raciones de mercadería van a tener que aumentar a granel, tanto como los montos que se reconocen por merienda o almuerzo para los chicos en los comedores. Así lo sostienen desde Barrios de Pie, que además se queja por las demoras en el envío de los recursos para la atención social. En ese sentido, desde el MUP –Luis Romano- advierten que se vino dando un ajuste paulatino en las partidas y que los retrasos acumulan tres meses. También observan que, si no hay cambio drástico en la política social, el país se encamina a una crisis sin precedentes, tal vez peor que la de 2001. Esta organización que sostiene comedores y a merenderos en varios municipios, y que es la misma que se presentó como un acople del oficialismo en 2015, afirma que el panorama social es desolador.

Todas estas organizaciones, más allá de sus posturas respecto de la crisis pasada, han coincidido hasta en las palabras en un solo aspecto: la comida falta. La mesa se ha agrandado porque la inflación no se frena, porque las “changas” no ayudan mucho y porque los ingresos se han visto afectados en su capacidad de compra por el encarecimiento de los alimentos. Lo que para un sector de la clase media es un dolor de cabeza, para un porcentaje significativo de argentinos es un dolor de estómago. Si son chicos duele más.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia hay objeciones hacia la Nación por este tema; no sólo el fondo sojero enfrenta a Macri con Manzur. “La política económica nacional ha fracasado”, afirma el ministro Gabriel Yedlin, entendiendo que la clase media tampoco la pasa bien. Respecto de los problemas alimentarios derivado de los efectos de las medidas económicas el funcionario afirmó que se han abierto nuevos comedores escolares. Hay cerca de 900 que dan de comer a 200.000 chicos. La inversión para esta iniciativa es de $ 448 millones, de los cuales $ 107 provienen de la Nación y $ 341 los pone la Provincia. Lo que inquieta, al margen de su mirada sobre Cambiemos, es lo que el funcionario afirma: están llegando alumnos a las escuelas que tienen dificultades para comer en sus casas.

Demandas creíbles

¿Son creíbles los dichos de los referentes sociales? ¿Realmente hay más demanda de un plato de comida? ¿Existe intencionalidad política detrás de sus observaciones y, por lo tanto, se debe dudar de ellos? Los datos de la realidad desaniman cualquier intento por objetar lo que dicen, si no, veamos: pobreza en aumento (más del 30%), dólar que sube y que, por lo tanto, repercute sobre el precio de los alimentos; inflación que no decae -se prevé un acumulado de más del 34% para fin de año-, gremios que demandan la aplicación de cláusulas gatillo o inmediata reapertura de paritarias para por lo menos igualar la inflación -por la pérdida del poder adquisitivo salarial-, derrumbe de la economía en un 6,7% -el país se pone al borde de la recesión-, Pymes que cierran, problemas en el campo, caída del consumo, política de ajuste como la eliminación del Fondo Solidario Federal. La ecuación, casi lineal, no puede concluir en otra cosa que no sea la afectación de los recursos para satisfacer la demanda de alimentos. Si hay una prioridad hoy, esa pasa por lo social. Hay que prestarle un poco más de atención a los dolores de estómago de un vasto sector de la sociedad, la de los más vulnerables, que cada vez son más. Allí hay una gran deuda de la política. Una deuda social que se va acumulando.

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