Veedores advierten anomalías en una causa

Robles y Colombres Garmendia analizaron el caso penal “Pérez” Los abogados de la Nación subrayaron que hubo que luchar dos años para recuperar $ 758.000 mal secuestrados por el ex fiscal Guillermo Herrera.

06 Jul 2018

Un informe elaborado por los veedores de la Casa Rosada en el Poder Judicial de Tucumán, Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, da cuenta de la existencia de numerosas anomalías en “Pérez”, la única investigación penal a la que accedieron desde diciembre, cuando comenzó la observación. Los abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación expresaron que una sentencia de 2016 que estaba firme indica que el Ministerio Público Fiscal provincial se había extralimitado al secuestrar $ 758.000 (U$S 89.000 según la cotización de 2014) y al entregarlos al denunciante Pablo Exequiel Pérez, y que, sin embargo y pese a las órdenes emitidas, el dinero recién había sido restituido en mayo pasado, dos años después del fallo. Los profesionales añadieron que por estos hechos existía una causa penal contra el ex fiscal Guillermo Herrera -acorralado por los cuestionamientos, se jubiló en 2015-, que tampoco había prosperado.

Robles y Colombres Garmendia manifestaron en la nota dirigida al Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano que la denuncia de Pablo Pérez había estado direccionada hacia la Fiscalía de Herrera. Y añadieron que, en un allanamiento, este procedió a tomar los $ 758.000 pese a que sólo estaba autorizado a llevarse documentos y datos. “Otra cuestión anómala la constituye la entrega de los billetes sin identificarlos a Pablo Pérez en carácter de depositario y sin que este lo hubiese solicitado, dos horas después del secuestro. Dicha decisión resulta reprochable dado que lo más apropiado para salvaguardar los fondos habría sido el depósito en una cuenta de la sucursal Tribunales del Banco Tucumán”, dijeron en el documento al que tuvo acceso LA GACETA.

Los veedores detallaron los numerosos trámites que practicó el denunciado Ángel Victoriano Pérez ante la fiscala de Instrucción en lo Penal N°1 de esta capital, Mariana Rivadeneira, para recuperar los $ 758.000. Los observadores subrayaron que el propietario del capital pidió la constitución de un plazo fijo para proteger sus bienes de la inflación -hoy con esos billetes es posible comprar U$S 26.137-: “pero esta solicitud no fue recibida por la fiscala, quien recién procedió a exigir el dinero cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción la intimó con el apercibimiento de desobediencia judicial”. Robles y Colombres Garmendia comentaron que durante dos años nada funcionó: “no obstante todos los planteos y pedidos efectuados, la fiscala nunca hizo comparecer a Tribunales al depositario judicial exigiéndole la suma como sí lo hizo (el ex fiscal Herrera) para entregársela. Tampoco lo llamó a rendir cuentas”.

“Pérez” es una de las 19 causas penales comprendidas en la veeduría (las restantes corresponden al fuero de familia). Este expediente ya había sido analizado por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el contexto de la denuncia del Colegio de Abogados que advertía la posible existencia de un patrón extorsivo en la Justicia penal. Al igual que el informe de los veedores, la auditoría detectó abundantes anomalías.

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