La oposición votó dividida la venta de acciones bancarias

El Gobierno se desprenderá de su capital en el Banco Tucumán.

05 Jul 2018
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VOCERO. Ruiz Olivares defendió la venta de acciones del Banco Tucumán. PRENSA LEGISLATURA

Con la oposición dividida y expresiones de “sospechas” desde la alianza Cambiemos, la Legislatura sancionó ayer un proyecto de ley enviado por el gobernador, Juan Manzur, a través del cual se habilitó la venta del 10% del capital accionario con el que cuenta la Provincia en el Banco del Tucumán-Grupo Macro por $456,4 millones.

La norma, una vez promulgada, determinará otros puntos de relevancia para el Estado tucumano, puesto que se prorrogará por 10 años el acuerdo mediante el cual esta entidad bancaria es agente de las cuentas oficiales de la Provincia. Ese plazo comenzará a regir una vez que concluya el actual convenio, dentro de tres años. Por lo tanto, el Banco Macro retendrá las cuentas sueldo, de contratistas y de los organismos vinculados a la Administración Pública provincial hasta 2031.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Antonio Ruiz Olivares (bloque Tucumán Crece), argumentó que la operación “es conveniente no sólo por la utilidad que tendrá la aplicación de estos fondos, sino porque se continúa con el cuidado de las finanzas públicas”, ya que el dinero recibido por la venta de las acciones será destinado a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y al área de Seguridad del Poder Ejecutivo (PE). “Se trata de cambiar este activo por otros que puedan mejorar la calidad de vida de la población”, señaló Ruiz Olivares.

La votación terminó 36 a ocho a favor del dictamen de mayoría impulsado por el PJ. Legisladores de la UCR y del peronismo disidente sumaron su apoyo, en términos generales, a la venta de las acciones, aunque objetaron la tramitación y algunos detalles del acuerdo en el tratamiento particular. Hubo además cuatro ausentes: Marcelo Caponio (PJ), Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular), Alfredo Toscano (Partido por la Justicia Social) y Claudio Viña (Nueva Fuerza).

Ruiz Olivares abrió el debate leyendo con ritmo presuroso los argumentos a favor de la venta. Recordó la privatización de la banca provincial de 1996 y los hechos que derivaron en que la provincia terminara con el 10% de las acciones del banco del Tucumán-Grupo Macro. Detalló que, en estos momentos, se abona $8,5 millones mensuales por los servicios financieros, y que si ese acuerdo estuviera dolarizado como se había establecido en principio, el monto sería el doble. “Conforme a los balances presentados por el Banco del Tucumán ante el Banco Central surge que el valor del porcentaje en poder de la Provincia en el capital del banco es de $170 millones, de modo que el precio pactado es 2,646 superior al valor del balance”, señaló Ruiz Olivares, tras reiterar que las arcas provinciales sumarán finalmente $456,4 millones para seguridad y para la SAT.

El ex secretario de la Legislatura remarcó que la Provincia recibió $92 millones por el período 2007 a 2015 gracias a la renta que generaron las acciones. Y destacó luego que no hay “certezas de cobrar los dividendos todos los años”.

“No corre riesgo alguno”

En una alocución que se extendió más de media hora, el radical Rubén Chebaia, autor del dictamen en minoría, aconsejó el rechazo del proyecto de Manzur. Afirmó que, al ser agente financiero de la Provincia, la entidad bancaria “no corre riesgo alguno” ya que tiene “decenas de miles de clientes cautivos”. “No es un banco común y silvestre. Los municipios, las entidades autárquicas, todo el personal que está bancarizado; por todo eso la Provincia paga. ¡Paga!”, reiteró Chebaia, secretario de la comisión de Hacienda. Agregó que “el año pasado, según su balance, las utilidades (de la entidad) fueron de $1.000 millones”.

El vicepresidente de ese comité, Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario), señaló que si el año próximo el Estado tucumano abona $10 millones mensuales más impuestos por servicios financieros; como se prorroga el convenio por 10 años, la proyección de lo que se destinará de las arcas públicas suma $1.500 millones en valores actuales. “Con $456 millones que se girarán a seguridad y a la SAT, ¿Qué solucionamos? Son parches, no soluciones de fondo”, indicó el peronista de Cambiemos.

Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) afirmó que la entidad financiera recuperará la inversión en poco más de cuatro años. “Alguien está haciendo un negocio formidable, además del Banco Macro. Alguien del gobierno está haciendo un negocio formidable, no hay forma de que me hagan entender que el precio real de venta es de $456 millones; no tengo dudas de que acá hay un negocio de más de $1.000 millones”, dijo.

Los radicales de Cambiemos, José Canelada, Eudoro Aráoz, Adela Estofán (bloque UCR) y Luis González (bloque Arturo Illia) sumaron su rechazo. “Esto es escandaloso, no queda claro cuál es el negocio para la Provincia”, afirmó el primero de ellos. Y en clara alusión a las valijas con gastos sociales legislativos de 2015, señaló que el monto de la transacción “recuerda a otros millones sobre los que no se conoce el destino”.

Los radicales Ariel García, Raúl Albarracín y Fernando Valdez, disidentes a la gestión de Cambiemos, y el amayista Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario) rechazaron en el tratamiento en particular de la norma la inclusión de la prórroga de 10 años y la justificación del monto de la venta, entre otros puntos. Sí consideraron oportuno que se destinen fondos para reforzar el área de seguridad y la SAT. Así, todos ellos expresaron su apoyo general a la norma. “Las cloacas están colapsadas; sobre todo en la ciudad”, explicó García, vicepresidente 2° de la Cámara.

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