Peligra la continuidad laboral de 2.500 obreros - LA GACETA Tucumán

Peligra la continuidad laboral de 2.500 obreros

“Es totalmente crítica la situación; están llevando a las empresas al quebranto”, lamentó Garber, secretario general de la Cámara Tucumana de la Construcción. Los empresarios de la construcción reclaman el pago de $ 450 millones a la Nación, y advirtieron que paralizarán las obras de 2.500 casas.

31 May 2018
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ANGUSTIA. El letargo en el pago de los certificados de obra a las empresas retrasa el sueño de muchos: la casa propia. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)

Las constructoras de obra pública aseguran que la situación es crítica: reclaman porque en la Nación les adeudan $ 450 millones y advierten que en el corto plazo quedarían sin trabajo más de 2.500 obreros. “No hay antecedentes en los últimos años de una situación así, tan caótica por la falta de envíos de fondos de la Nación. Jamás tan grave como ahora. Es totalmente crítica. Es insostenible, están llevando a las empresas al quebranto”, manifestó, en tono alarmado, Jorge Garber, secretario general de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC).

Los empresarios advirtieron que paralizarían todas las obras públicas de viviendas desde mañana, por la deuda de fondos de Nación, que en algunos casos se remonta a octubre. “Atento a la gravísima crisis que atraviesan las obras que se ejecutan en el ámbito de ese instituto, nos vemos en la imposibilidad de continuar cumpliendo nuestros contratos a partir del 1 de junio”, reza el texto que habían enviado esta semana a Noemí Ferrioli, interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Lleva las firmas del arquitecto Roberto Galindo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Tucumán; y del ingeniero Emilio Graña, titular de la Cámara Tucumana de la Construcción.

“La provincia ha pagado todos sus certificados; falta que la Nación haga lo propio. Estoy con el teléfono sin querer ocuparlo esperando la comunicación con funcionarios. Debemos reunirnos con los empresarios, que hicieron su presentación; mañana (por hoy) me reúno con las cámaras y veremos qué propuesta surge, pero la cuestión de fondo se definirá tras la reunión con el ministro de Economía, Eduardo Garvich, el viernes (por mañana)”, explicó Ferrioli a LA GACETA. La funcionaria provincial coincidió con el diagnóstico de los empresarios: “el problema del Ipvdu es que no llegaron los fondos por los certificados de obras. Es una situación gravísima. Honestamente, no sabemos cómo (superar esta situación). Cuando pensamos varios, pensamos mejor, esperamos a la reunión con el ministro de Economía”.

Empresarios en crisis

Garber detalló a este diario los alcances de la crisis y la operatoria de los certificados de obra pública.

“Hay un atraso en el envío de fondos por parte de la Nación y obviamente esto repercute en el pago normal, que es a los 55 días de la fecha del certificado de obra. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa constructora? Concurre con el certificado de obra a algún banco o entidad financiera a descontarlo; el banco se afora un 35% y te da el resto de la plata. Pero cuando el período de pago se extiende mucho, como ahora, se vuelve totalmente antiproductivo. El pago en sí que debiera producirse a los 55 días pasa a los cuatro meses, entonces el banco cobra intereses que superan la tasa del 40% o 45%. En un período de 90 días la empresa ha perdido totalmente la rentabilidad”, graficó el empresario.

Las certificaciones de obra son documentos en los que se detallan las mediciones del avance que reviste el proyecto, según el presupuesto aprobado. En el caso de los programas financiados por la Nación, estos certificados vencen a los 55 días de su emisión. En noviembre pasado se incluyó un artículo dentro de la Ley de Mercado de Capitales que permite a inversores comprar un certificado de obra pública, con el objetivo de que los constructores puedan descargar esos “pagarés” en el mercado en lugar de tener que hacerlo sólo en bancos, financieras o “cuevas”, cuyas tasas de descuento son mucho más elevadas.

La parálisis de obras anunciada por los empresarios afectaría a las más de 2.500 viviendas en construcción, y a otros 900 módulos habitacionales en obra, en 18 proyectos de obras. Los empresarios informaron que la deuda se divide en dos: $ 250 millones de certificados de obra pública y otros $ 200 millones correspondientes a los pedidos de redeterminación de precios. Alrededor de 2.500 obreros quedarían sin trabajo en las próximas dos semanas, cifra a la que se le sumarían los 2.000 trabajadores que ya se quedaron sin trabajo en el sector en los últimos dos meses.

“Honestamente, desconozco los motivos para el no envío de fondos; no sé de qué índole es esta situación, si política o administrativa, pero con certeza puedo decir que las constructoras han llegado a una situación límite que repercute en sus obreros. Si no cobrás no hay forma de llevar adelante los emprendimientos. Y no se puede hacer obra pública con crédito bancario”, finalizó Garber.

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