Radiografía narco

29 May 2018 Por Gustavo Rodríguez

El narcotráfico sigue cubriendo con su manto de muerte a toda la región. Y, en ese pequeño mapa del NOA, Tucumán sigue ocupando un lugar importante. No solo como centro de acopio de droga, sino como destino final de la mercadería que llega a la provincia para abastecer a los quioscos. El narcomenudeo no para de crecer ante la alarmante falta de una política de prevención de las adicciones y de centros para tratar de recuperar a los jóvenes cuyas almas están desgarradas por esas dosis que pueden comprar en cualquier barrio.

En los últimos días se conocieron más detalles de estas organizaciones. La noticia más impactante llegó desde el sur de la provincia. El Clan Paradi sufrió un nuevo golpe. Los integrantes de esta organización que operaba en Concepción, quedaron otra vez tras las rejas. Juan Paradi y su hermano Amado, en 2011 fueron condenados a más de cuatro años de prisión por comercializar drogas. Siete años después, la Justicia Federal de Catamarca pidió que los detuvieran al sospechar que serían líderes de una organización que proveía marihuana y cocaína en esas tierras y en distintas localidades del interior tucumano.

Los Paradi, que no aparecían en el mapa de los 24 clanes que publicó LA GACETA semanas atrás, es un caso típico que sirve para demostrar el avance narco. Los investigadores creen que podrían haberse hecho cargo del espacio que dejaron al ser detenidos Carla “La Jefa” Sánchez y Julio “Gastonero” Chávez, dos acusados de narcotráfico que esperan en prisiones federales ser enjuiciados. Los hermanos, junto a otras personas, fueron sentenciados por manejar una red de narcomenudeo, pero con el transcurso del tiempo habrían crecido a pasos agigantados. Para la Justicia, el hallazgo de 277 kilos de marihuana en una finca de Monteagudo es un indicio de que estarían ante un grupo importante. Habría tenido la logística necesaria para trasladar la droga en avionetas; poder y recursos económicos para alquilar o comprar fincas donde le arrojaban la droga y un ejército de hombres a sus servicios para distribuir lo que les llegaba desde el cielo.

De película

El miércoles pasado se produjo un hecho que bien podría haber sido extraído de una serie de Netflix. Los hombres de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía, la fuerza que menos recursos humanos, logísticos y tecnológicos posee para luchar contra los narcos, al mando del comisario Jorge Nacuse, concretó un procedimiento que no tuvo trascendencia en el momento, pero que con el correr de los días terminó en un escándalo político interprovincial. Después de meses de investigación, lograron detener a dos miembros de una organización que traía desde la localidad salteña de Salvador Mazza cocaína para abastecer quioscos que funcionaban en el Gran San Miguel de Tucumán. Más allá de la cantidad de droga incautada, los pesquisas sumaron evidencias que les serviría para demostrar que el grupo podría haber trasladado hasta 20 kilos de “merca” por mes a la provincia. En total, se detuvo a 16 personas, 14 de ellas por ser los responsables de lugares de venta en más de una decena de quioscos.

Los arrestados fueron un ciudadano norteamericano nacionalizado boliviano y un salteño identificado como Jesús Enrique Méndez. Este último es hermano de Ramón Méndez, el intendente de Salvador Mazza que fue destituido por el Concejo Deliberante de esa ciudad y reubicado en su cargo por orden de la Justicia. El funcionario, que tendría una empresa de transporte de carga, negó tener algún vínculo y hasta dijo que se enteró de su detención por los medios. El dato: el jefe comunal, el día que fue arrestado su familiar, mantuvo una reunión con todas las fuerzas de seguridad que trabajan en su ciudad donde coordinaron qué acciones se podían tomar para frenar el tráfico de drogas. Una de ellas fue pedir expresamente a los vecinos que denuncien la presencia de colombianos, peruanos y venezolanos porque estarían vinculados al narcotráfico.

Cómo sigue

La Nación puso sus ojos en la provincia porque no comparte el diagnóstico del ministro de Seguridad Claudio Maley. Los especialistas saben que Tucumán no es un lugar de paso, sino un centro de acopio que abastece al mercado local y al de otras provincias. Con las mismas herramientas, que son pocas, intentarán poner freno a esta situación. Es probable que se incrementen los procedimientos, que se multipliquen las detenciones, a pesar de que no hay lugar donde alojar a los acusados por este tipo de delitos. También es posible que en las próximas semanas lleguen agentes de la DEA (el organismo de EEUU que lucha contra los narcos en todo al mundo) para realizar un diagnóstico y capacitar a las fuerzas. Pero hay otro elemento que encendió luces de alarma. Ante la falta de respuestas, los vecinos han decidido acabar con los transas. En Delfín Gallo incendiaron un supuesto quiosco de venta de drogas. El sábado, después de que los hombres de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal cerraran otro lugar donde se comercializaban estupefacientes, los habitantes del barrio intentaron prenderle fuego al lugar.

Está claro entonces que no alcanza con las acciones penales en contra de los señores de la muerte. La mirada debe ser integral. Si un transa es detenido, surgirá otro que lo reemplace o uno más poderoso ocupará su territorio. Se debe silenciar con ayuda los gritos desesperados de las familias que no saben qué hacer su hijo adicto; darles las herramientas necesarias a las escuelas que detectan el problema pero no saben cómo hacer para contenerlo; y la salud pública debe ofrecer otras alternativas para recuperar a los enfermos, porque evidentemente todo lo que brinda hasta ahora no está dando buenos resultados. Si no se ataca también la demanda, que son los jóvenes y adultos que compran la sustancia, difícilmente se acabará la oferta, es decir, los narcos seguirán dominando los barrios.

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