La Justicia penal demanda autoridades responsables

27 May 2018 Por LA GACETA

La Justicia protagoniza con frecuencia intensa las noticias publicadas en este diario. Lamentablemente, el Poder Judicial suele ser el foco de la información más por sus déficits e imposibilidades que por sus logros y mensajes esperanzadores. Esta situación no es nueva: los Tribunales arrastran una deuda abultada con la sociedad a la que deben servir desde hace décadas. El punto crítico, como demuestra cotidianamente LA GACETA, es el ámbito encargado de investigar y sancionar el delito. Si la Justicia no sanciona o sanciona excepcionalmente a quienes delinquen, aumentan los incentivos para quebrar la ley y peligra la vida en sociedad. En efecto, el contrato social es un pacto donde los particulares otorgan el monopolio de la fuerza al Estado a cambio de que este los proteja y castigue a quienes atentan contra los valores fundamentales de la convivencia.

El deterioro del pacto comunitario es palpable en Tucumán, donde los Tribunales locales inician 100.000 expedientes penales al año y sólo juzgan 265, como indica la estadística que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán entregó al legislador oficialista Marcelo Caponio. Si bien resulta incomprensible que esos datos no estén a disposición del público ni sean actualizados en forma mensual, lo más doloroso es la impotencia que plantean y la constatación de que el erario mantiene un sistema muy costoso a cambio de magros beneficios.

En este punto parece obvio que no se necesitan más explicaciones sobre por qué el fuero penal está como está, sino acciones y, sobre todo, autoridades responsables con el desafío que este tiempo les formula: devolver prestigio y majestad a quienes han de esclarecer los hechos delictivos. La implementación del nuevo Código Procesal Penal es una oportunidad en ese sentido. Este digesto promete transparencia y agilidad, y destierra la dependencia del expediente, que tanto ha burocratizado y contaminado la intención de buscar la verdad. El Código ha sido sancionado en 2016 luego de un camino largo de preparación. No es la solución a todos los problemas, pero sí aparece como una señal positiva en una coyuntura judicial muy oscura. Por eso alarman la ligereza y superficialidad con las que, hasta el momento, ha sido abordado el reto de su implementación. El nuevo Código debía entrar en vigencia en septiembre de 2017; luego, hubo una postergación para abril de este año y, días después del cumplimiento del plazo, la Legislatura aprobó otra prórroga para febrero.

Un mes después, las autoridades legislativas admitieron que la última meta no podrá ser cumplida con la amplitud anhelada. Y en una reunión con especialistas, estos advirtieron a políticos y jueces que el proceso penal renovado recién podría estar en marcha en toda la provincia hacia comienzos de 2021. Cualquier otra previsión es insensata, según los expertos.

Los grandes cambios sin dudas no se consiguen de un día para el otro. Pero para producirlos hay que trabajar con tenacidad en forma constante: no es lo que ha ocurrido en este caso donde, por ejemplo, la comisión de seguimiento de la implementación, que debía empezar a trabajar hace dos años, todavía no fue constituida. Esa mesa es central para comprometer a los tomadores de decisiones del Estado y a dirigentes de la abogacía detrás del objetivo de una Justicia penal eficiente, que contribuya a curar las heridas y dolores que padece el cuerpo social, y le devuelva la fe en la institución llamada a ser el último sostén del Estado de derecho. Todavía se puede recuperar el rumbo y se puede dar a los Tribunales las herramientas que este demanda para cumplir la función de afianzar la justicia.

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